De acuerdo con el documento, esa herramienta servirá para que se lleven a cabo búsquedas e investigaciones eficaces que permitan localizar a las víctimas, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición de hechos similares.
El protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas tiene el objetivo de definir los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías, así como los responsables de la investigación del delito de desaparición forzada.
A su vez, el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura definirá los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías, y responsables de la investigación del delito de tortura, en apego a los estándares internacionales de derechos humanos.
Los documentos fueron elaborados por autoridades federales y locales, expertos en el tema, así como organismos y organizaciones nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos.
Apenas el 30 de abril pasado, el Senado de la República reformó el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes generales sobre desaparición forzada de personas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
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