Este tema viene a colación por el reciente caso del conductor estrella de Televisa, Joaquín López-Dóriga, acusado de extorsión por la empresaria más rica de México, María Asunción Aramburuzabala, y exhibido en su negocio de venta de espacios en sus programas de radio y televisión a figuras políticas y funcionarios, como lo reveló el excelente reportaje de Jenaro Villamil en la revista Proceso de esta semana, titulado “Los negocios de López Dóriga. Cuando el micrófono tiene precio”.
López-Dóriga no es el único que ha hecho un gran negocio personal con el uso del espacio noticioso en diversos medios. No hace mucho en las redes sociales circularon copias escaneadas de contratos a nombre de la empresa Comunícalo SA de CV, presuntamente de Ricardo Alemán, por 2 millones 250 mil pesos y el gobierno del priista Eruviel Ávila. El pago era para aparecer en el programa del periodista titulado “La Báscula”, que se emitía en TV Mexiquense y que el columnista conducía en ese entonces hasta que le dieron un espacio en Televisa.
Hubo otra información parecida que causó polémica, se trataba de la lista de pago a varios conductores de noticias en 2012 y 2013 por parte del gobierno mexiquense para que hablaran bien de Enrique Peña Nieto. En dicha lista aparecía Joaquín López-Dóriga, José Cárdenas, Óscar Mario Beteta, Ricardo Rocha, Eduardo Ruiz Healy, Jorge Fernández, Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva, Adela Micha y Paola Rojas. Fue difundida en las redes con una riada de críticas a la ética y moral de cada uno de estos personajes de los medios de comunicación.
A pesar de que esta información fue desmentida y desdeñada por cada uno de los aludidos, en las redes sociales quedaron estigmatizados como parte de la prensa oficiosa que se ha enriquecido usufructuando sus espacios noticiosos o de análisis en diversas empresas privadas de comunicación que, a su vez, han sido beneficiadas por el gobierno federal a través contratos de publicidad o concesiones de espacios en el espectro público.
En el fondo de esta práctica lo que encontramos es que la mayor parte de las empresas de medios se han convertido en verdaderos poderes fácticos que actúan con toda impunidad en el marco de un gobierno acostumbrado a los pactos y alianzas con grupos de interés y de presión para mantener ciertos privilegios y ganancias particulares.
Las grandes empresas de los medios de comunicación nunca entraron en el proceso de transición a la democracia sino al revés, impidieron y obstaculizaron la apertura social y dejaron que algunos de sus “conductores estrella” hicieran sus propios negocios con distintos personajes del poder político, dando paso a una etapa negra del periodismo mexicano. Al final ambos se han beneficiado del negocio político creado detrás de los micrófonos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
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