Los documentos sobre crímenes durante esas etapas de la vida del país carecen de clasificación ya que están mal archivados, de acuerdo con el diario Reforma.
La publicación precisa que durante el mes de agosto se resolvió una serie de recursos de revisión contra la Procuraduría General de la República (PGR), sobre solicitudes de cifras de homicidios, tortura y desapariciones forzadas desde 1960 a la fecha.
La dependencia respondió que la información no se encuentra en sus archivos.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la PGR buscar en los archivos que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) entregó a la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría.
El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, del INAI, recordó en entrevista que en julio de 2014 la PGR advirtió que el envío de datos de la Femospp presentó irregularidades y hay expedientes que se quedaron en la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN).
En aquella ocasión el particular se inconformó con una respuesta de la PGR a cifras de delitos cometidos durante la llamada Guerra Sucia, toda vez que éstos no coinciden con los del AGN.
Acuña Llamas advirtió de que no hay garantía de que la información que se encuentra en el AGN se hubiese clasificado correctamente.
“Hubo envíos que no fueron ordenados porque por decreto presidencial fueron enviados allá como si fuera un cajón o una bodega y así llegaban cajas y cajas, entonces tampoco el Archivo… quizá no ha podido ordenar todos los fondos que le fueron depositados de forma tan arbitraria y tan descomedida”.
Los archivos de la Femospp incluyen información reservada en poder de la Secretaría de Gobernación (Segob) y resguardada en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en su archivo histórico, agrega el diario Reforma.
También mil 653 legajos entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 15 expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y dos más de la Dirección General de Derechos Humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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