Portador del VIH desde hace dos décadas, Iglesias de la Cruz fue el primer paciente que, dentro de la lucha contra la estigmatización por esa enfermedad, reveló públicamente su condición de seropositivo.
A partir de 1998 fue representante en Colima del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (Frenpavih) y promovió la creación de agrupaciones locales por la defensa de este sector, entre ellas Amigos Colimenses contra el VIH/sida (Acolsida).
En la actualidad era miembro del Consejo Municipal contra la Discriminación en la ciudad de Colima.
Una de sus últimas luchas fue para que la SSyBS proporcionara los fármacos para tratar la hepatitis “C” a los pacientes con VIH, pero no obtuvo respuesta positiva de parte del titular de la dependencia, Agustín Lara Esqueda, con el argumento de que no se lo permitían las Reglas de Operación del Seguro Médico Popular.
Por esa razón, en diversas ocasiones Jorge Iglesias pidió la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), la última de ellas el 19 de febrero de este año, cuando demandó a través de su queja 104/15 a Lara Esqueda autorizar “que me den el medicamento que por tanto tiempo le he pedido, ya que mi salud se deteriora día a día y corro peligro de morir”.
En su escrito interpuesto ante el organismo humanitario, del que Apro informó a través de una nota fechada el 1 de abril pasado, expuso:
“El año pasado acudí con el especialista del Seguro Popular y en vez de darme el medicamento correcto me recomendó comprar unos que sólo se venden en el extranjero y tienen el precio de varios miles de dólares, los cuales por ningún motivo los tengo”.
Semanas después de la presentación de la queja, el 17 de marzo, la Secretaría de Salud, a través del oficio 128/2015, entregado en las oficinas de la CDHEC, ratificó su negativa a “la reiterada e insistente pretensión del C. Jorge Iglesias de la Cruz”, quien “sabe y le consta que su estatus como persona cero positivo (sic) se encuentra dentro de los criterios de exclusión que el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema Nacional de Salud emitió a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”.
Tras mencionar que el representante del Frenpavih se encontraba dentro de tres “criterios de exclusión” —ser mayor de 50 años de edad, portador del VIH y haber tenido terapia previa con interferón o ribavirina—, la dependencia argumentó a través de Álvaro Ramírez Castillo, coordinador de Asuntos Jurídicos de la SS, que “al estar contraviniendo las reglas de operación por parte de la dependencia, esto es, dar los tratamientos médicos al paciente estando en estatus de exclusión de acuerdo a los lineamientos, estaríamos sujetos a una auditoría u observación”.
En respuesta, el activista hizo notar que semanas antes en el Hospital Regional Universitario el médico le había recomendado el tratamiento para atender la hepatitis “C”, por lo que “vislumbro una clara contradicción de parte del personal de la Secretaría de Salud, pues primero me excluyen del tratamiento y después me recomiendan continuar con él”.
Después de esa diligencia, Iglesias se desistió de la queja, pidió una copia certificada de todo lo actuado y envió la documentación al coordinador del Programa de Atención a Personas con VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ricardo Hernández Forcada, con la petición de su intervención en este asunto.
En esa ocasión, Jorge Iglesias declaró a esta agencia informativa que los criterios de exclusión para la atención de pacientes con hepatitis “C” aprobados por el Sistema Nacional de Salud son violatorios de los derechos humanos y se contraponen al derecho a la salud garantizado en la Constitución.
En 2013, a raíz de otra queja de Jorge Iglesias, la CDHEC había solicitado medidas cautelares a su favor, para que la SSyBS le otorgara los medicamentos que necesitaba conforme a los estudios clínicos que se le habían realizado, pero aquéllas fueron rechazadas por el titular de la dependencia.
Ante esto, el entonces presidente de la CDHEC, Roberto Chapula de la Mora, calificó como una “actitud criminal” la negativa de Agustín Lara Esqueda, quien desde aquella ocasión invocó los mismos “criterios de exclusión”.
En declaraciones realizadas entonces, Chapula de la Mora informó que eran alrededor de 70 pacientes con VIH en Colima los que no recibían tratamiento de la SSyBS para hepatitis “C”, por lo que cuestionó:
“En casos de este tipo, donde se encuentra en riesgo la vida de la persona, no solamente debe verse el aspecto jurídico, sino también el humanitario (…). ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI las instituciones nieguen el derecho a la salud?”.
Así también, exhortó a Agustín Lara Esqueda a garantizar el derecho constitucional a la salud, y responsabilizó al funcionario de los riesgos que sufriera Jorge Iglesias por la falta de los medicamentos, además de que envió un oficio al gobernador, Mario Anguiano Moreno, en el que le notificó la situación, en espera de que tomara las medidas necesarias para “hacer rectificar” la postura de su colaborador.
Néstor López Hernández, amigo cercano de Jorge Iglesias, informó que ante la falta del tratamiento para la hepatitis “C” el activista tomaba en algunos periodos té de sábila y árnica para disminuir las inflamaciones del hígado y atenuar los dolores, pero ello sólo le sirvió como paliativo, porque las últimas semanas ya tenía este órgano a un 210% de su tamaño normal.
Aunado a esto, hace poco más de un mes el fundador de Acolsida enfermó de chikungunya, lo que le provocó una baja del nivel de defensas y de plaquetas, a la vez que agravó la situación de su padecimiento hepático.
De acuerdo con Néstor López, integrante de Acolsida y Frenpavih, el médico que atendió a Jorge Iglesias en el Hospital Regional Universitario le informó que la causa directa de su muerte fue la hepatitis “C”, debido a que “no recibió a tiempo el tratamiento”.
Los restos de Jorge Iglesias fueron cremados la mañana de este jueves y, después de una ceremonia religiosa, sus cenizas serán depositadas en un nicho de la Iglesia del Carmen, en la colonia El Moralete de la capital del estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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