Desnudas las mentiras, validada la hipótesis central de los hechos de Iguala sólo por un puñado de incondicionales, es remoto que Murillo Karam pueda ser ya ratificado por el Senado para convertirse en embajador –un aval que está en manos del PAN y que por tanto es posible–, pero de lo que no hay duda es que quedará sin castigo.
Murillo Karam no será procesado ni enjuiciado políticamente por los delitos que como servidor público cometió –obstrucción de la justicia, omisión, encubrimiento, tortura–, pero no por la supuesta amenaza a Peña, sino porque la impunidad ha sido el estilo personal de gobernar de éste.
Sólo la impunidad mantiene en la Secretaría de Gobernación a Miguel Ángel Osorio Chong, responsable político y administrativo de la custodia del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, cuya fuga puso en ridículo mundial a Peña.
Y es la impunidad la que hizo a Peña designar a Arturo Escobar como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Porque –ojo– fue Peña, no Osorio Chong, quien le dio el empleo.
Transgresor sistemático de la Constitución y la ley como líder máximo del Partido Verde, no hay manera de que Escobar prevenga la violación de éstas. Es como enderezar a un jorobado.
Pero por más que organizaciones sociales exijan a Peña que reconsidere el nombramiento de Escobar y se acumulan firmas de ciudadanos que se niegan “a que nuestros impuestos sean usados para retribuir a un personaje que no cuenta con los méritos ni la capacidad necesarios para el desempeño de la función que se le está encomendando y que, además, es representante del partido político que históricamente más ha violado la ley y que debió haber perdido su registro”, la arrogancia se impone: Escobar seguirá.
Cuando Escobar llama “premio” a su nombramiento es porque así es: Peña lo premia porque, sin la inconstitucional e ilegal campaña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el PRI –con sus 202 diputados– no tendría ninguna posibilidad de ser mayoría, así sea raquítica.
Los 47 diputados del PVEM, varios de ellos confesos priistas –en realidad iguales unos y otros–, sumaban 250 antes de anularse la elección en un distrito de Aguascalientes, pero con los 11 de Nueva Alianza, el partido de la defenestrada pero multimillonaria Elba Esther Gordillo, garantiza que los priistas harán las reformas que les dé la gana, no habrá ninguna si no les gusta y sin ellos cualquier petición de juicio político irá al caño.
Y peor: Peña y el PRI –Manlio Fabio Beltrones– tienen un nuevo aliado: El Partido Encuentro Social, cuyo coordinador de sus ocho diputados es Alejandro González Murillo, sobrino justamente del exprocurador Murillo Karam.
¿Cómo al menos enjuiciar políticamente al autor del montaje de Iguala, como plantea la jurista Layda Negrete en http://horizontal.mx/murillo-karam-juicio-politico/ si en la Cámara de Diputados no existe ni una mayoría para instar la Sección Instructora y si su sobrino está ahí como diputado custodio?
Ya lo declaró el propio González Murillo: Encuentro Social apoyará a Peña y a su gobierno, “porque si al presidente le va bien, nos va bien a todos”.
Ajá…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
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