Ariel Dulitzky, relator del Grupo de Trabajo de la ONU contra la Desaparición Forzada, sostuvo aquel noviembre de 2014, cuando se reunió con la primera comisión especial legislativa para el caso Ayotzinapa, que para atacar el delito el gobierno mexicano primero tiene que reconocer la existencia de éste y luego formular una ley contra desapariciones para evitar y castigar este ilícito, además de establecer una base de datos que facilite la búsqueda de víctimas.
Con el deleznable caso de la desaparición de los estudiantes y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que echa por la borda cualquier identificación de restos óseos por parte de la Universidad de Innsbruck, con la afirmación de que en el basurero de Cocula, Guerrero, no pudo haber habido una pira humana, el PAN enfiló sus baterías contra el PRI y su gobierno.
Entonces presentó una iniciativa que en el fondo buscaba el reconocimiento de la administración peñista sobre la existencia de este delito en México. Así, propuso la instauración del 26 de septiembre como “Día nacional contra la desaparición forzada de personas”.
Reacios a aceptar una verdad que en número apabulla pero que en imágenes destroza el alma, sobre todo cuando se descubren decenas y decenas de fosas clandestinas con cuerpos de personas que han estado desaparecidas en los últimos diez años, el PRI dejó reposar la demanda una semana.
Al final aceptó instaurar ese día con su nombre completo y evitó cualquier otro, como aquel de “Día de las víctimas de Ayotzinapa” que según reveló el diputado federal panista, Federico Doring, pretendía imponer el PRI.
En su último informe de resultados y análisis sobre la situación en México, Dulitzky señala que aunque valora que el Estado acepta que enfrenta retos en el tema, “constata que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel. Tampoco ha habido un reconocimiento respecto de la dimensión del problema, tal y como lo recomendó el Grupo de Trabajo”.
El documento de Dulitzky fue presentado el viernes 11; días después, el jueves 17, el PRI aceptó reconocer la existencia del delito. Aunque sólo de manera discursiva y pudiendo aun convertirse en una simple efeméride, el reconocimiento del fenómeno de la desaparición forzada en la Cámara de Diputados es un primer paso para atacar el problema.
Sólo la presión internacional puede empujar al partido en el gobierno y a sus funcionarios del más alto nivel a actuar como el Grupo de Trabajo de Ariel Dulitzky ha recomendado.
Viene ahora la discusión de la ley contra la desaparición forzada que se presentará en el Senado de la República. Cuando se le pregunta al vicecoordinador del PRI en San Lázaro cuándo estará lista esa ley, apenas atina a comentar: “Depende de los tiempos del Senado”.
Pero en un gobierno como el de México “los tiempos del Congreso son los tiempos del presidente de la República”, porque no hay independencia sino sumisión y complicidad.
En los tiempos de Peña Nieto debe considerarse también la aceptación de la injerencia que puede tener en México el Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada. Por ello, la presión internacional provocada por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa debe ser de una mayor condena para que el gobierno de Peña permita el actuar del Comité.
Aceptar al Comité evitaría fantasías como la de la pira humana al aire libre en un día lluvioso, como se constata en las imágenes de la NASA, y las cuales sólo ubican un incendio en Chilapa, Guerrero, nunca en Cocula, aunque sí registra una lluvia pertinaz.
El reconocimiento del Comité implicaría que cualquier ciudadano víctima en segundo grado de la desaparición forzada pueda acudir al Comité y éste llegue en forma inmediata a México a realizar las indagaciones y emita un reporte, mismo que luego podría ser tomado en cuenta en un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Peña Nieto tuvo durante su gobierno en el Estado de México el sello de la muerte luego de los enfrentamientos entre el pueblo de Atenco y los grupos policiacos. Hoy éste sigue siendo su impronta, sólo que como presidente de la República, a lo que se suma su pésimo conductor, Luis Videgaray, para generar empleos y una economía sana.
Esta es la oportunidad de Peña para revertir la situación… hay todavía algunos que pueden salvarse de su propia hoguera y de la fantasía.
Si ya aceptó que el Congreso reconozca la existencia del delito generalizado de desaparición forzada, ahora debe aceptar una ley que no revictimice, una ley que permita el derecho a la verdad, una ley que lleve a la cárcel a los culpables y una ley que evite la repetición del delito. Pero también mucho ayudaría el reconocer el Comité creado por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzada, pues de no hacerlo todo quedaría en ese “incipiente reconocimiento discursivo” que no sirve para nada como no sea la impunidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS).
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