Un programa de uso alternativo creado por esta dependencia federal propone crear un área verde con zonas deportivas, pese a que en este confinamiento, que data oficialmente de 1988, se almacenan 127 mil 531 toneladas de desechos peligrosos que, por su naturaleza, pueden ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o bioinfecciosos.
Además, en las inmediaciones del basurero tóxico, que tiene una capacidad total de 96 mil metros cúbicos, dividido en dos celdas, se prevé la creación de un jardín botánico con plantas de la región, según lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana 059, que consiste “en la siembra ordenada por especies de arbolado y cactáceas del área semidesértica de Sonora”.
Asimismo, se proyecta edificar una sala audiovisual donde se den a conocer los procesos de los residuos allí almacenados e informar sobre los ecosistemas semidesérticos de la entidad.
El Cytrar, de acuerdo con autoridades, opera desde 1988, pero según la versión de activistas consultados, el basurero fue activado tres años antes, y los materiales vaciados sobre el arroyo Las Víboras, en el kilómetro 15 de la carretera Hermosillo-Guaymas, estuvieron expuestos al aire libre en perjuicio de los capitalinos sonorenses.
La Semarnat admite que fueron confinados elementos generados en la industria automotriz, polvos de fundidoras, materiales sólidos impregnados con solventes, pintura y aceites; tierras contaminadas, filtros de aceite, recipientes vacíos, adhesivos plásticos, diversa basura industrial, lodos de plantas de tratamiento, residuos de tintas, balastros, rebabas de acero, selladoras, uretanos, aserrín y tierras diatomeaceas.
Sin embargo, la empresa canadiense Proeco advirtió a Semarnat en 2004 que fueron encontrados bifenilos policlorados (PCB, por sus siglas en inglés) que son parte de una “docena sucia” de sustancias altamente tóxicas que no se encuentran de forma natural en el ambiente y se utilizaban como refrigerantes de transformadores eléctricos, hasta que fueron prohibidos en 1977.
También se encontró arsénico, asbesto, benceno, tolueno, cianuro de sodio y toneladas de escoria de plomo, cada una de estas sustancias de gran toxicidad para los seres vivos al grado de causar la muerte.
Pese a ello, el subdelegado de Semarnat en Sonora, Ramón Mejía, afirmó que los contaminantes confinados en el Cytrar no representan riesgos para la salud porque están tapados y no entran en contacto con agua, tierra o aire.
“Diariamente, personal especializado da mantenimiento y vigilancia las 24 horas a filtros y demás”, justificó.
Y subrayó: “Hacen falta confinamientos para estos tóxicos que se pueden encontrar en los basureros públicos y hasta en las calles de la ciudad”.
Peor aún. La mancha urbana hermosillense se ha extendido a tal escala que los más nuevos conjuntos habitacionales se encuentran a menos de tres kilómetros de este megaconfinamiento.
Para la activista Rosa María O’Leary, quien en conjunto con otros inconformes impidió la llegada de más tóxicos a la ciudad, consideró que el basurero fue “la cereza del pastel” tras la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994.
“El precio de igualarnos con Estados Unidos y Canadá fue convertirnos en su excusado tóxico”, acusó.
Se logró el cierre del confinamiento, añadió, el 19 de noviembre de 1998 luego de una lucha que enfrentó campañas de desprestigio contra las organizaciones civiles y ciudadanos independientes, así como acciones represivas que sólo lograron fortalecer la lucha.
“Permanecimos un mes impidiendo la entrada de los camiones, pese a amenazas de los traileros y de la empresa; fuimos desalojados por las autoridades municipales y estatales; nos trasladamos a la plaza Zaragoza, donde permanecimos seis meses en un plantón permanente, de frente a los días más calurosos del año con temperaturas promedio de 48 grados Centígrados hasta que nuevamente fuimos desalojados por la Policía Judicial”, relató.
Bitácora ambientalista
Según la información documentada por los activistas que impidieron la operación del basurero tóxico Cytrar, éste fue construido a mediados de 1980 por Ford Motor Company Hermosillo y recibió su primera autorización del Instituto Nacional de Ecología el 7 de diciembre de 1988, la cual fue otorgada a nombre de Parques Industriales de Sonora, con duración de cinco años y exclusivamente para residuos regionales.
Durante la administración municipal de Guatimoc Iberry González se concedió la anuencia de uso de suelo, a nombre del Parque Industrial, “únicamente para desechos provenientes del mismo parque industrial”.
El 4 de mayo de 1994 el INE autorizó una prórroga con vigencia hasta que “concluyera la vida útil del confinamiento”, sin condicionarla a vigilancia regional y en perjuicio de la legislación vigente a la época.
El ingeniero Manuel Llano Ortega, junto a algunos activistas locales, fue el primero en denunciar las irregularidades en marzo de 1997, las supuestas violaciones al marco legal ambiental y los peligros asociados en el traslado de desechos extranjeros provenientes de Alco Pacífico, una recicladora de baterías ubicada en El Florido, Baja California.
En este traslado de tóxico se cometieron graves irregularidades, destaca la bitácora ambientalista:
“La ciudadanía hermosillense no fue consultada por la autoridad municipal de manera previa a la expedición del ilegal permiso de uso de suelo del basurero tóxico”.
Y añade: “Cytrar se estableció a una distancia mucho menor de los 25 kilómetros que ordenaba la ley y las celdas del confinamiento (basurero) no reunían los requisitos mínimos ambientales”.
También documentan que Cytrar costó 7.5 millones de dólares a los sonorenses, mediante una indemnización que fue pagada a la empresa española Tec-Med, concesionaria encargada de operar este proyecto.
Posteriormente, se entregaron 750 mil dólares a la empresa canadiense Proeco, luego de realizar un estudio ambiental al confinamiento que resultó en mucho de beneficio para Profepa, Semarnat y el complaciente Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente.
De esta manera, los sonorenses también absorbieron el pago de 6.5 millones de pesos para Tec-Med, por ser la empresa que trasladó y recibió las 2 mil 456 toneladas de tóxicos.
Los residuos provenían de Estados Unidos y del resto de la República Mexicana, muchos de ellos procedentes allende el Atlántico, los descargaban en el puerto de Veracruz, y de ahí los mandaban a Rimsa en Minas, Nuevo León, y a Sonora.
“Ellos (los transportistas) preferían venirse hasta Sonora porque nada más vaciaban los camiones sin ningún cuidado, era simple y sencillamente un tiradero tóxico, igual los traían de barcos procedentes del Pacífico, los descargaban en Guaymas”, precisa el informe.
Ante esta irregularidad, se unieron a la protesta la Academia Sonorense de Derechos Humanos AC, Alianza Cívica, Conciencia y Voluntad, Unión de Usuarios y Ciudadanos por el Cambio Democrático.
“La historia ha sido la misma que hemos visto en las cuestiones ambientales, las transnacionales vienen a nuestro país donde las autoridades competentes les otorgan todas las facilidades, y sin ninguna dignidad como gobierno se ponen de rodillas ante los inversionistas”, alertaron los activistas.
Las diferentes secretarías, añaden, tenían la encomienda de atraer inversiones con el agregado de ser omisas en el cumplimiento de la ley y los derechos de los mexicanos.
“Las organizaciones ambientalistas son contratadas por Semarnat para convertirlas en promotoras de empresas sucias porque conocen a fondo el sistema; a otros activistas les ofrecen un empleo o apoyo a sus organizaciones, y de esta manera el silencio se vende barato pero tiene un gran costo para nuestro pueblo”, concluyeron los activistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ (REPORTAJE ESPECIAL).
No hay comentarios:
Publicar un comentario