“Manifestamos nuestra preocupación por la versión que ciertos medios han divulgado”, destacó el abogado de origen chileno, quien defendió la necesidad de tener un cuerpo de peritos independientes de la línea de la Procuraduría General de la República para evitar el “sesgo confirmatorio”.
Por su parte, Carlos Marín Berinstain sugirió a los senadores que en la nueva ley sobre desaparición forzada se incluyan “mecanismos para agilizar procesos de búsqueda”.
“Esto tiene que estar muy bien determinado, porque las acciones que se tienen que realizar en las primeras 72 horas son centrales para la investigación, de lo contrario, se pierden muchos hilos de los que uno puede tirar para la búsqueda de los desaparecidos”, insistió el experto de origen español.
Los dos integrantes del GIEI se reunieron durante la mañana con senadores de todas las bancadas, a convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos encabezada por la senadora perredista Angélica de la Peña.
En la exposición también participó Mario Patrón, del Centro Pro de Derechos Humanos, quien propuso a los senadores la creación de dos fiscalías independientes: una para investigar el paradero de los 43 normalistas y otra para investigar a los presuntos responsables.
“Que el nombramiento de los dos fiscales tenga el visto bueno de los expertos del GIEI”, pidió Patrón.
En la sesión de comentarios y preguntas, los legisladores Dolores Padierna y Alejandro Encinas destacaron la necesidad de reabrir la investigación, contar con un Instituto Nacional de Ciencias Forenses independiente e investigar a los responsables.
“Deben fincarse responsabilidades a los presuntos responsables”, destacó Padierna, quien cuestionó el papel de la Policía Federal en los dos momentos más importantes de las agresiones a los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“La autoridad no sólo mintió, sino que ocultó información y manipuló evidencias”, sentenció Encinas, y señaló que los tres temas pendientes más importantes tras el informe de los expertos es identificar el móvil de la agresión, la autoría intelectual y el paradero de los normalistas.
La panista Laura Rojas insistió en la posición de su bancada para que se enjuicie políticamente al exprocurador general Jesús Murillo Karam, en tanto que la legisladora priista Diva Gastélum defendió el papel de las autoridades y subrayó que “no debemos fomentar el encono y la división”.
Gastélum fue la única de las senadoras presentes que defendió la actuación del gobierno federal ante la crisis de Iguala, e insistió que es un “logro” de Enrique Peña Nieto el informe de los expertos del GIEI, porque fue a iniciativa del presidente de la República.
La senadora del PT, Layda Sansores, le recordó a la priista que la presencia de los expertos fue uno de los 10 compromisos que firmó Peña Nieto el 29 de octubre de 2014, luego de sostener un encuentro con los padres de familia de Ayotzinapa.
“Gente del Ejército está hasta el tuétano en esto. Ellos saben qué pasó”, dijo Sansores.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
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