Miranda de Wallace y Samuel González, exfuncionario de la PGR y consejero de la agrupación, expusieron el lunes 21 que hay conflicto de interés y se ha politizado el caso, además de subrayar que no sólo es un tema de derechos humanos sino legal.
Lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, mencionó González Ruiz, es técnicamente un secuestro y en consecuencia debió haber sido tratado como elemento criminal y no mandar reporte de derechos humanos, que tiene criterios diferentes al penal.
“Hay que exigir que salgan los actores políticos estrictamente del terreno legal y de análisis para poder llegar a una verdad y no tratarlo solamente de manera política”, dijo en conferencia de prensa.
A decir de Miranda de Wallace, la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la que debe intervenir y coadyuvar en este caso, “porque en estos momentos hay un conflicto con un reporte de derechos humanos y con otro que tiene que ver con delito y droga”.
La activista también aseguró que existen conflictos de interés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien al ser mexicano no puede conocer de conflictos en México.
Samuel González Ruiz, consejero de Alto al Secuestro, abundó que “una confusión radical y tajante, error gravísimo del gobierno mexicano” es no conocer el reglamento del personal de la OEA.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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