Carpizo, fallecido el 30 de marzo de 2012, ha sido uno de los constitucionalistas más célebres de México. Ocupó cuatro de las posiciones más importantes en la vida política, social, académica y de justicia, al hacer sido Secretario de Gobernación, Procurador General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Rector de la Universidad Autónoma de México.
Sabía pues don Jorge Carpizo de qué hablaba cuando propuso una reforma constitucional que le diera independencia al Ministerio Pública –particularmente del Poder Ejecutivo- para acabar con la impunidad en México.
Actualmente el Ministerio Público destaca por su ineficacia, su incapacidad, su falta de preparación y los muchos intereses que tiene con quienes encabezan el Poder Ejecutivo, los cuales mueven la procuración de justicia con intereses ajenos al ejercicio de la justicia y cercanos a la política y los partidos.
El Ministerio Público Federal dentro de la Procuraduría General de la República, y el Ministerio Público Común en las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, dependen, el primero de la Presidencia de la República y el segundo de los Gobiernos de los Estados. Esa estrechísima liga de la dependencia que concentra el ejercicio de la acción penal con los políticos que encabezan el Poder Ejecutivo es tan grave como delicada al momento de procurar justicia, pues en lugar de imperar la Ley, imperan los modos de Presidente y Gobernador.
Jorge Carpízo justificó –y el texto lo retomo de la bibliografía de José Ovalle Favela, de la biblioteca jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- las razones que encontraba para una “reforma institucional al ministerio público”: “…fortalecería nuestro Estado de derecho, acercándolo a las concepciones más modernas, en las cuales se aseguraría la imparcialidad y la objetividad en función tan delicada para la persona”.
Además, “…se aseguraría que las averiguaciones previas no correrían el peligro de determinarse por influencias, factores políticos y partidistas, sino solo por la Ley…”.
El trabajo del Ministerio Público dependiente del Poder Ejecutivo, y su labor de complacencia hacia Presidentes o Gobernadores para solucionar casos de manera expedita sin cumplir cabalmente con la Ley, acuñó el término “chivo expiatorio”. La persona que es investigada ministerialmente de la comisión de un delito para dar la impresión a la sociedad, que se está cumpliendo con la procuración de justicia. Sustentada en la acción de concentrar en la estructura del Poder Ejecutivo el monopolio del ejercicio de la acción penal.
Tal actuar del Ministerio Público en razón de los intereses de Presidentes y Gobernadores, ha contribuido al alto nivel de impunidad que tenemos en México.
Por otro lado, la ineficiencia e incapacidad que han distinguido al Ministerio Público nos lleva a tener criminales, narcotraficantes, políticos, asesinos, secuestradores, corruptores, lavadores de dinero, acopiadores de armas, entre otros, viviendo libres de delito.
Ante la incapacidad científica, ministerial y de preparación del Ministerio Público para integrar de manera correcta, eficiente y apegados a la Ley, las Averiguaciones Previas, cuando los casos llegan a la administración de la justicia en el Poder Judicial, un Juzgado común o de Distrito, los indiciados salen libres por falta de pruebas o incluso por falta de elementos para probar la culpabilidad.
Entonces no se genera una orden de aprehensión o simplemente se les deja libres. Hay una enorme lista de estos casos, entre narcotraficantes y políticos, que se han salvado de la prisión por un deficiente actuar del Ministerio Público que recae en titulares de gobiernos, provenientes de partidos con intereses.
Carpizo señaló los casos de estados como España y Francia que aun el Ministerio Público dentro del Poder Ejecutivo, conservaba grados de independencia, y el caso de otros países donde el Ministerio Púbico depende del Poder Judicial, y el ejemplo de Italia donde el Ministerio Público es independiente.
México, en estos momentos de inseguridad, violencia e impunidad, requiere de manera urgente, poner en el debate público el proyecto de un Ministerio Público independiente. Como el Instituto Nacional Electoral o la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con un cuerpo ejecutivo autónomo, un consejo, un instituto académico, una estructura integral, la carrera ministerial, los exámenes de oposición, la capacitación y presupuesto propio que le permita desarrollarse, crecer, hasta alcanzar la excelencia que los lleve a combatir la impunidad con el ejercicio pleno de la Ley.
En el caso Ayotzinapa, hace unos días se dio a conocer el análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los derechos Humanos, donde basados en estudios forenses específicos realizados por peritos, académicos y expertos en siniestros, en terrenos, en fuego, en cuerpos, en materias especializadas para el estudio de escenas del crimen, con precisión científica, y con el respaldo internacional de la experiencia y la credibilidad, llegaron a la conclusión que investigadores de la UNAM y mexicanos muchos ya habían supuesto: a los 43 no los incineraron en un basurero. Además, develaron nuevos elementos que no fueron de manera adecuada abordados en la investigación ministerial, o fueron datos minimizados o manipulados.
En resumen, la Procuraduría General de la República actuó de manera deficiente en la integración de la Averiguación Previa, a partir de peritos y ministerios públicos faltos de experiencia, de preparación y de compromiso con la Ley.
El estudio se basó en las indagaciones que el Ministerio Público encabezado por el Procurador Jesús Murillo Karam hizo de los hechos, y –ciertamente- con la complacencia del Presidente de la República, jefe del Procurador quien es jefe del Ministerio Público. Pero ahora Enrique Peña Nieto, con una nueva Procuradora, Arely Gómez, quien sustituyó a Murillo, ha ordenado que la PGR realice nuevos peritajes, nuevas investigaciones que lleven a nuevas indagaciones que se acerquen más al análisis del Grupo Interdisciplinario.
Con ello el Presidente quiere impresionar a los mexicanos, con quienes dice comparte su dolor por los hechos, su coraje por la falta de justicia y su compromiso por investigar de manera adecuada este violento acto que sorprendió al mundo y empezó por acabar con el prestigio renovador de Enrique Peña Nieto en el extranjero y en nuestro País.
La realidad es que los nuevos peritajes y las nuevas investigaciones ordenadas por Peña y Gómez, las hará el mismo Ministerio Público que realizó las ordenadas por Murillo, quizá otros investigadores, pero del mismo techo, la misma estructura y el mismo Ministerio Público.
Si el Presidente quiere cambiar la situación de violencia, inseguridad, impunidad y ausencia del ejercicio del Estado de Derecho necesita iniciar el debate público de un Ministerio Público independiente y autónomo.
Ahora, con un MP fuera de las manos del Poder Ejecutivo incluso quedaría la puerta abierta para indagar ahora sí, a fondo, lo que hoy sigue siendo la opacidad de los bienes y raíces de Peña, de la Primera Dama y del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Sólo así al Presidente, a los Gobernadores, a la política y a los partidos se les quitaría la facultad de investigarse a sí mismos, como ha sucedido en este país a través de una histórica y vergonzosa falta de procuración de justicia, donde siempre resaltará en la memoria de los mexicanos, lo sucedido en tiempos de Díaz Ordaz cuando le correspondió primero a su ministerio público y después al de Luis Echeverría averiguar qué sucedió un 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco que tanto se recuerda a propósito de Ayotzinapa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/09-09-2015/39004.
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