Sin descalificar por completo “la verdad histórica”, Peña Nieto recibió formalmente el informe del GIEI y fue reiterativo en afirmar que la averiguación sigue abierta, que se incorporará a la misma el mencionado reporte y que se instruirá un nuevo peritaje.
Por su parte, los padres de normalistas, que entregaron un pliego de ocho exigencias, se fueron sin respuesta, pues sólo obtuvieron de Peña Nieto la instrucción a sus colaboradores para que analizaran la viabilidad de cada uno de los reclamos y responderles en alguna fecha indeterminada.
La serie de propuestas planteada por el mandatario y sus colaboradores fue, en realidad, una reiteración de diferentes acciones ya anunciadas, y consisten en la instrucción de investigar todos los hallazgos relacionados con lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014; incorporar a la averiguación previa las conclusiones del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); descubrir qué pasó con cada uno de los desaparecidos; garantizar el acceso a todos los mecanismos de atención a víctimas y cobertura médica a quienes resultaron lesionados, así como crear una nueva fiscalía especializada en búsqueda de desaparecidos.
Durante más de una hora, los 110 asistentes a la reunión –entre padres y familiares de los estudiantes, defensores de derechos humanos, e integrantes del GIEI– esperaron el arribo del mandatario para una cita que inició con media hora de retraso y se prolongó por dos horas y media, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en la Segunda Sección del bosque de Chapultepec, cuyas inmediaciones fueron aseguradas con un tumultuoso dispositivo de seguridad, al igual que la residencia oficial de Los Pinos.
Peña Nieto estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez y por el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Francisco Guzmán, así como por subsecretarios del ramo y subprocuradores.
En la reunión también participaron el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales; mandos policiacos y responsables de atención a víctimas del gobierno federal.
En el encuentro destacó la presencia del ‘ombudsman’ Luis Raúl González Pérez. También el hecho de que Peña haya recibido formalmente el Informe de GIEI, sobre el que instruyó a la procuradora Arely Gómez sea integrado a la averiguación previa.
El contenido de la reunión –que se realizó a puerta cerrada– fue descrito por el vocero presidencial Eduardo Sánchez, quien aseguró que, al inicio y al final de la cita, el presidente Peña Nieto habría expuesto a los asistentes que estaba “del mismo lado” que ellos, pues él y su gobierno quieren encontrar la verdad.
Sánchez Hernández recordó que esta es la segunda ocasión en que el presidente se reúne con las familias, a las que les habría expresado su solidaridad, comprensión y apertura, luego de hacer un recuento estadístico sobre reuniones, detenidos, patrullajes, actuaciones ministeriales y otras acciones gubernamentales en torno al caso.
Durante una sesión de preguntas, el vocero presidencial fue renuente a exponer incidencias y pormenores de la reunión, evitó emplear calificativos sobre el desarrollo y en todo momento se remitió a la información de lo expuesto por el gobierno de la República, argumentando que desconocía el contenido del documento que entregaron las familias al mandatario.
Tampoco admitió responder sobre la supervisión internacional que solicitan las familias; no tuvo fecha, condiciones ni nombres relacionados con la creación de la nueva fiscalía para desaparecidos, pues el anuncio “sucedió hace unos minutos” y, respecto del avance de los diez puntos que Peña Nieto expuso a los familiares en la reunión del 29 de octubre pasado, se limitó a decir que a todos ellos se les ha dado seguimiento.
Además, a pregunta expresa sobre el señalamiento del equipo de futbol Avispones, que se vieron envueltos en la andanada de violencia la noche del 26 de septiembre de 2014 y que ayer acusaron al gobierno de abandono, Eduardo Sánchez aseguró que a todas las víctimas se les había brindado la atención correspondiente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
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