La defensa de los bosques es la que más muertes ha propiciado. De acuerdo al conteo que lleva a cabo la organización Nación Purépecha, por evitar la tala ilegal e inmoderada los pueblos indígenas de Michoacán han tenido que pagar con la suma de 286 muertes de líderes comunales, en los últimos cinco años.
Existen voces que aseguran que la explotación ilegal de los bosques, y en consecuencia las muertes de cientos de comuneros, es el resultado del interés de algunas empresas chinas, que desde hace dos décadas llegaron Michoacán con el fin de alcanzar, de manera subrepticia, la explotación de los recursos naturales más abundantes: mineral y maderas.
La mayoría de los asesinados defensores de bosques han caído ejecutados por células del crimen organizado, que desde hace más de 20 años se dedican en forma alterna de su actividad criminal a la explotación ilegal de la madera. Solo en los últimos tres años, esa red criminal logró asentarse en la zona maderera de La Meseta Purépecha, donde tuvo bajo su control el 80 por ciento de la explotación boscosa.
A los Caballeros Templarios y luego al cártel de La Familia, ambos en activo en diversos puntos del estado, se les atribuyen la mayor parte de los atentados que han sufrido los comuneros defensores de los bosques. El ataque bajo el cual murió el líder comunero Audiel Martínez González, de Ciudad Hidalgo, tiene como principal línea de investigación la confrontación que sostuvo con las células de cártel Templario en la zona del Oriente del estado.
La mayor parte de los conflictos por la defensa del bosque se registran en la zona centro y oriente del estado de Michoacán en donde se estima que son más de 37 mil las hectáreas que se disputan las células del crimen organizado y los comuneros que han decidido hacer valer el derecho ancestral de propiedad sobre esos recursos naturales.
Pese a la existencia de estos conflictos, en las últimas administraciones estatales no se ha podido instrumentar una política que permita atender de raíz la violencia generada por la disputa de los bosques, pese a que también se han registrado casos en donde comunidades indígenas completas se mantienen confrontadas. Pero en la mayoría de los casos es el crimen organizado el que se cierne sobre el control de los bosques.
Tanto el gobierno federal como el de Michoacán, no han hecho nada por buscar una solución a esos conflictos. Lo más que se ha avanzado sobre el tema es elevar a la clasificación de “focos rojos” los puntos geográficos en donde en los últimos años se han dado ejecuciones y asesinatos de defensores de la tierra. La documentación de los casos es el tema que ocupa a las autoridades, en tanto el índice de comuneros asesinados sigue a la alza.
Lo más que se ha intentado hacer por parte del Gobierno federal para frenar la violencia derivada por la defensa de los bosques, ha sido la instrumentación de un programa que busca entregar recursos a los comuneros, para que no dependan de la explotación maderera, y en consecuencia la dejen de pelear; más allá de la entrega tácita de los bosques al crimen organizado, los fondos federales no han llegado a los comuneros.
La mano china
Comuneros integrados a la organización Nación Purépecha han denunciado con insistencia la presencia de intereses trasnacionales en la explotación ilegal de los bosques michoacanos. Se han entregado al Gobierno estatal pruebas confesionales de taladores ilegales detenidos, que han revelado la estructura criminal bajo la que se están explotando más de 11 mil hectáreas del bosque michoacano.
Las pruebas presentadas por comuneros han sido desestimadas. El Gobierno estatal duda que detrás de la tala clandestina se encuentren algunas empresas chinas asentadas en la zona del puerto de Lázaro Cárdenas -que en apariencia su giro es el minero-, a las que se les atribuyen actos de organización, financiamiento y armamento de las células criminales que se han extendido por toda la zona boscosa del estado.
Los chinos, de acuerdo a la denuncia de comuneros, no han roto su alianza comercial con el cártel de los Caballeros Templarios. Siguen trabajando en la explotación minera y maderera de Michoacán. Eso explicaría la razón por la que el cártel de los Caballeros Templarios ha resurgido de la nada, luego de haber sido desarticulado por las fuerzas federales, tras la detención de Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’.
De acuerdo a documentos que obran en la Secretaría de Gobierno del estado de Michoacán, en por lo menos 10 ocasiones, en los últimos cinco años, los comuneros víctimas de la violencia por la defensa de sus bosques, han denunciado ante autoridades estatales que algunas empresas mineras chinas no solo organizan a células criminales y roban maderas preciosas de los bosques locales, sino que también han extraído pies de árboles poco comunes.
El Gobierno estatal ha negado la posibilidad de una investigación a fondo sobre la presencia china detrás de la explotación madera de Michoacán, en tanto que la federación no tiene conocimiento formal de las denuncias presentadas por los comuneros. Uno de esos denunciantes fue en su momento el hoy fallecido Audiel Martínez González, defensor de los bosques de la zona oriente de Michoacán.
La presencia de intereses chinos detrás de la explotación minera y boscosa de Michoacán, también fue denunciada por el líder del PT en la entidad, Reginaldo Sandoval Flores, quien recriminó al comisionado Alfredo Castillo Cervantes la protección de los intereses de algunas empresas asiáticas que mantenían actividades sospechosas en la entidad.
Impunidad global
Aun cuando la mayor parte de los asesinatos de comuneros defensores de los bosques han agraviado en forma directa a las comunidades indígenas, el Gobierno estatal se niega a la creación de una fiscalía especializada para atender la averiguación de esos crímenes, en donde las propias comunidades indígenas se han dicho dispuestas a coadyuvar con el agente del Ministerio Público del fuero común.
El gobierno estatal de Michoacán, desde el periodo de gobierno de Leonel Godoy Rangel, pasando por la administración de Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, se ha negado sistemáticamente a brindar recursos para aclarar la muerte de los 286 comuneros abatidos, y en la mayoría de los casos, las comunidades indígenas que exigen esclarecer esos asesinatos señalan a funcionarios del Gobierno estatal como participantes en los homicidios, en grado de omisión.
El miedo a que funcionarios estatales estén relacionados con los asesinatos de comuneros es lo que ha hecho esas averiguaciones se mantengan congeladas, pese a la existencia de nombres y datos que la propia comunidad y otros líderes indígenas han aportado de manera puntual.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
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