Venganza de Estado en favor de OHL

La constructora OHL volvió a verse envuelta en el escándalo tras la difusión de dos nuevos audios sobre el presunto tráfico de influencias para beneficiar a la empresa española, que ahora implican al propio presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Enseguida, sin embargo, la PGR y la SCT, junto con el gobernador mexiquense, se lanzaron con toda la fuerza del Estado contra Infraiber, una firma especializada en tecnología aplicada a la que el consorcio español responsabiliza por la filtración de las videograbaciones.

MÉXICO, D.F: Con una celeridad inusitada, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se alinearon para operar el contragolpe anunciado desde Madrid el lunes 7 por el presidente de la compañía constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir.

Ese día, el empresario hispano advirtió que la compañía estaba “en proceso” de llevar a cabo “las exigencias civiles y penales” contra sus supuestos enemigos que han filtrado más de una decena de audios a través de Youtube.

Villar Mir lanzó la amenaza desde Madrid, y en la Ciudad de México, alrededor de las 15 horas del mismo lunes 7, Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa de tecnología aplicada Infraiber, fue interceptado por cuatro vehículos de la PGR, cuyos agentes lo detuvieron para presentarlo en calidad de “testigo” por el presunto delito de interferencia ilegal de comunicaciones contra OHL.

Los agentes, afirma, le sembraron un arma, después de lo cual lo llevaron a las instalaciones de la PGR en la Colonia Nápoles. Durante más de tres horas lo tuvieron incomunicado. Doce horas después fue trasladado a las instalaciones de la misma dependencia en la calle de López 14, en el Centro Histórico, mientras su abogado Jesús Moreno tramitaba un amparo contra la detención irregular.

Díez Gargari salió bajo caución hasta el miércoles 9 a las 18:30 horas, tras pagar 65 mil pesos por presunta posesión ilegal de armas. La cacería contra el abogado y los empleados de Infraiber continuó el viernes 11. Elementos de la PGR realizaron un cateo en las instalaciones de la empresa, ubicada en Campos Elíseos, en la colonia Polanco, y retuvieron ahí durante varias horas a cuatro trabajadores…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2028 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTAJE ESPECIAL).