Esta campaña es antecedida por acciones legales emprendidas por el gobierno estatal y el actual ayuntamiento, que preside el priista Paul Carrillo, para clausurar el despacho JFK, del cual Villarreal Escobedo es socio.
Dicho despacho ha defendido a periodistas y medios independientes, entre quienes destacan el comunicador maya Pedro Canché y el semanario Luces del Siglo, así como la exdiputada Alicia Ricalde, opositora al gobierno estatal.
El activista Roberto Guzmán, presidente de la Red Positiva de Quintana Roo, difundió una carta dirigida a Borge en la que pide garantías para Francisco Villareal.
Una revista vinculada al gobernador publicó un texto y fotografías para denostar y humillar al abogado.
En su carta, Guzmán, excandidato a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, refiere también un supuesto mensaje que circula en teléfonos celulares en el que se difunden ataques homofóbicos contra Villarreal.
El activista señala que el gobernador quedó involucrado “en comentarios y declaraciones dirigidas a desprestigiar el honor, el trabajo y la dignidad” de Villareal Escobedo,
“…Le solicito que garantice la integridad física y psicológica del Lic. Francisco Villareal, teniendo en cuenta sus situación de riesgo; que se asegure que ningún funcionario público o particular estigmatice con declaraciones públicas o mediante cualquier otra forma, atente contra la dignidad de persona humana”.
Villarreal Escobedo y Ricardo Reyes Valencia presentaron ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación una queja formal por los ataques en su contra.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
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