El abogado José Alberto de la Cruz informó que esta semana interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura contra Víctor Octavio Luna, Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por estar alargando el proceso.
De acuerdo con De la Cruz, el juez debía remitir el recurso de apelación al Tribunal de Alzada en cinco días; sin embargo ya lleva 20,porque el expediente es extenso y “dice que están sacando copias”.
El juez también pidió que los 11 policías representados ratifiquen la continuidad de De la Cruz como abogado defensor porque “puede haber conflicto de intereses, pues unos a otros se pueden inculpar”, lo cual no es cierto, afirma el abogado a Animal Político.
El proceso también se está alargando porque mientras la defensa pide la declaración de testigos, estos no son localizados o resulta que están de comisión. “Este tipo de prácticas se deben de solventar, se tienen que agilizar porque las personas están presas”, advierte la defensa.
En tanto, por primera vez desde la aprehensión de los federales, sus esposas, hermanas y cuñadas fueron recibidas por el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, el viernes 16 de octubre durante dos horas.
Edith Mujica, cuñada de Jaime Galindo le preguntó: “¿Cree que hayan sido sus empleados, después de todos los controles de confianza que le aplican?”. El funcionario federal respondió que confía en ellos y espera que salgan bien librados, en beneficio de la institución, cuenta la familiar a Animal Político.
En dos horas, las familias expusieron su mayor preocupación: que los 11 policías estén seguros en el penal de máxima seguridad de Nayarit, al que fueron trasladados el miércoles 14 de octubre luego de permanecer en el Altiplano por poco más de un mes.
Según les explicaron, el cambio fue para preservar su seguridad porque serían al área de “población”, es decir, con el resto de reos del Altiplano y eso los ponía en riesgo de ser víctimas de alguna agresión por parte de los delincuentes a los que meses antes, ellos vigilaban.
De acuerdo con familiares que asistieron a la reunión, el comisionado Galindo, el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Guerrero, y el Jefe de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, Alejandro Chanes, aseguraron que la integridad de los 11 está garantizada.
Galindo se comprometió a respetar el proceso que enfrentan los policías federales y a tomar “decisiones” una vez que se determine su responsabilidad en la fuga del narcotraficante más buscado de México.
“Queremos creer, queremos creer que son honestos”, dice Edith Mujica, porque ellos deben estar seguros de que sus empleados son inocentes. “Cada año les hacían exámenes de confianza, de antidoping, de todo, ¿cómo no van a saber que ellos no fueron?, dice la cuñada de Jaime Galindo, de 46 años.
“No tenemos lujos. Jaime vivía sólo de su trabajo”, asegura Alma, otra cuñada del monitorista quien salía de su casa en Pantitlán hacia el Altiplano a las 6 de la mañana todos los días.
“Mis suegros son diabéticos y están desechos por lo que está pasando. Jaime siempre fue responsable en su trabajo, nunca tuvo un problema, ningún reporte. Tiene un historial limpio”, agrega Alma.
El monitorista Jaime Galindo tenía 18 años en la Policía Federal. Había trabajado en los penales de Matamoros, Guadalajara, Tapachula y en los últimos ocho meses en el Altiplano de Toluca. “Si estuviéramos conscientes de que es mala persona, de que es cumpable mejor nos quedaríamos callados, pero él no fue cómplice. Esto es una injusticia”, afirma.
La noche del 11 de julio, Jaime vigilaba a través del monitor a Servando Gómez la Tuta. Se había sentido mal y por eso pidió que lo llevaran a la enfermería. En cuanto otro de sus compañeros perdió de vista al Chapo no podían creerlo.
Para cuando el jefe de monitoristas dio la orden a tres de los federales a ir a la celda y luego cuando la encontraron vacía, sabían que nada bueno podía pasar. Jaime “sintió que se partía en dos”, cuenta Alma.
Todo el equipo de monitoristas y el jefe fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) donde declararon. Ahí los mantuvieron por cinco días. Jaime regresó a trabajar en las oficinas de la Policía Federal en avenida Constituyentes, después lo trasladaron al penal de Oaxaca y ahí lo reaprendieron en septiembre.
Con Luis Alberto Aguilar, de 42 años, otro monitorista, ocurrió lo mismo, pero a él lo detuvieron en su casa, muy cerca de Constituyentes, “sin orden de aprehensión”, dice su esposa Janet Castañeda.
Luis Alberto tiene ocho años de antigüedad en la Policía Federal y desde hacía dos años fue trasladado al Altiplano. Dejó a su familia en Tapachula, de donde son originarios. “Sacrificó todo por un trabajo digno y no es justo lo que le están haciendo”, dice la mujer que lleva dos meses en la Ciudad de México.
“Ganaba 14 mil pesos mensuales y sólo se dedicaba a su trabajo. Uno conoce a su esposo, si fuera culpable, no andaría aquí perdiendo el tiempo”, afirma Janet, que junto con su cuñada asistieron a la reunión con los funcionarios federales.
Los video difundidos en televisión donde se escucha el ruido de los taladros en la celda del Chapo minutos antes de su fuga y donde se observa que los monitoristas no lo reportan no es prueba de que sean culpables, coinciden las familias porque ellos no tenían audio en los monitores.
Los 11 monitoristas pueden hablar dos veces al mes con sus familiares. Apenas esta semana les permitieron que las llamadas duraran más de cinco minutos y, según dijeron a sus familiares, están tranquilos. En Nayarit les permiten al menos salir al patio y ver el sol.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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