En su informe “La epidemia de tortura en México continúa”, la organización radicada en Londres, Inglaterra, hace una revisión de denuncias presentadas ante la PGR y resalta que “los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en el país son inexactos, contradictorios e incompletos, lo que socava el cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y castigar la práctica de la tortura y los malos tratos”.
De acuerdo con la información obtenida por el organismo a partir de solicitudes de información, a las que la dependencia respondió en junio pasado, “la PGR declaró que el número de denuncias presentadas por tortura a nivel federal se habían más que duplicado entre 2013 y 2014: de mil 165 a 2 mil 403”.
Al reconocer que a partir de una directriz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre de 2014, para que todos los jueces canalizaran de oficio las quejas por tortura presentadas por detenidos, Amnistía resalta que hasta el año pasado la PGR había acumulado 4 mil 55 denuncias por tortura, de las cuales mil 884 se encontraban en investigación, en tanto que los peritos especializados para determinar la tortura tenían pendientes de realizar mil 600 exámenes.
En cuanto a consignaciones, el documento agrega que el Subprocurador Especializado en Delitos Federales respondió a la organización que la dependencia no contaba “con una cifra dura”, sobre la presentación de cargos.
De acuerdo al documento, la PGR no pudo explicar si la cifra de 2 mil 403 denuncias presentadas en 2014, correspondía a casos registrados en ese año o de años anteriores, como tampoco fue capaz de proporcionar un desglose por género, edad y nacionalidad.
“La falta de estos datos desglosados socava seriamente el cumplimiento de la obligación de prevenir e investigar adecuadamente las denuncias de tortura y otros malos ratos, y en última instancia, impide a las autoridades elaborar políticas específicas para abordar sus causas y el impacto que la tortura y los malos tratos tienen sobre los distintos grupos afectados”.
En el documento se resalta que pese a que la tortura es un delito recurrente en México, recientemente la PGR ha capacitado personal para investigar los casos, y cuenta con agentes del Ministerio Publico encargados de atender las quejas, como parte de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, lo que significa que cada uno “tendría que llevar a cabo hasta 80 investigaciones de tortura cada año”, aparte de los casos sobre otros delitos de los que se ocupe su oficina”.
Amnistía muestra su preocupación por que en entrevistas con personal encargado de atender las quejas se advierte una predisposición a considerar que son presentadas como parte de una estrategia de defensa de los inculpados, para desacreditar las investigaciones en su contra.
Sin embargo, en entrevistas con reos, dice, la gran mayoría de quienes han denunciado tortura ante la organización refieren que no lo hicieron ante ninguna institución por miedo a represalias a ellos o sus familias.
A lo largo de sus investigaciones sobre este tema, Amnistía ha advertidos que con frecuencia “a la denuncia de tortura simplemente se le asigna un número de expediente, sin que lleguen a producirse avances claros en la investigación”, en tanto que los presuntos responsables “a menudo permanecen en sus puestos pese a que se hayan abierto investigaciones contra ellos y, en muchos casos, los agentes del ministerio público ni siquiera analizan pruebas más básicas, como los registros de la detención, las pruebas halladas en el lugar del crimen y los testimonios clave”.
Amnistía incluye en su informe dos casos emblemáticos, para ejemplificar la falta de diligencia de las autoridades para investigar casos de tortura, los de Enrique Guerrero Aviña y Damián Gallardo Martínez, activistas universitarios acusados de secuestro por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido) en 2013 y recluidos en un penal de alta seguridad, cuyas denuncias apenas empezaron a indagarse en octubre de este año.
Para dar cuenta de que el primer encubrimiento de la tortura la ejercen los médicos legistas, en el documento se presenta el caso de Tailyn Wang, quien tenía siete semanas de embarazo en febrero de 2014 cuando fue detenida por policías federales, quienes la golpearon abusaron sexualmente de ella hasta que abortó. Pese a denunciar lo que le ocurría a distintos peritos que la revisaron no recibió atención médica, ni siquiera en el penal de alta seguridad donde fue trasladada acusada de delincuencia organizada.
El documento resalta que el incremento en el número de denuncias por tortura en la PGR no es proporcional a la aplicación del Dictamen Especializado o Protocolo de Estambul para verificar las lesiones, así mientras en 2013 los legistas llevaron a cabo 206 exámenes, en 2014 fueron 185, y sólo 22 casos se confirmó la tortura.
En el reporte, Amnistía Internacional resalta que en una reunión con personal de la PGR en agosto último se le informó que “había pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado entre ellas algunas que contenían grupos de hasta 40 denuncias individuales de tortura”, en tanto que cada año los forenses de la dependencias “llevaban a cabo 140 mil exámenes médicos diferentes de los que el Dictamen Especializado constituía sólo una pequeña fracción”.
Para la organización ni el Dictamen Especializado ni los forenses cumplen con normas internacionales “y hacen caso omiso de la tortura y malos tratos, además, en ocasiones dan muestras de imparcialidad y encubrir a sus colegas”, y peor aún es que las directrices de la PGR obstaculizan “el acceso de las víctimas a expertos médicos y psicólogos independientes”.
La organización hizo ocho recomendaciones en el contexto de la discusión sobre la legislación sobre tortura, entre las que destacan la “obligación concreta, con un plazo determinado de que los agentes del ministerio público hagan un seguimiento de las denuncias de tortura que les hayan sido remitidas por los jueces, y la obligación de que médicos oficiales informen de inmediato sobre las señales de tortura que presenten los detenidos”.
Se sugiere un registro desglosado de las denuncias de tortura, por género, nacionalidad y edad; que se defina la tortura con los más elevados estándares internacionales, y no por nivel de gravedad; permitir la asistencia de médicos y psicólogos independientes y que sus conclusiones tengan el mismo valor probatorio que las oficiales.
También se recomienda que en la legislación se garanticen investigaciones exhaustivas, y no únicamente en los exámenes forenses oficiales, sino “entrevistar a testigos, posibles víctimas y torturadores superiores y realizar inspecciones del lugar del delito, así como investigaciones sobre otros informes relacionados de tortura y malos tratos para identificar patrones de conducta abusiva por parte de los funcionarios implicados”; garantizar la independencia de los forenses, tanto médicos como psicólogos, y crear un órgano de supervisión en el que intervengan autoridades y sociedad civil.
Para Amnistía Internacional además de la legislación, será importante “reconocer púbicamente la magnitud del problema de tortura y los malos tratos en México y transmitir un mensaje que indique claramente que estos actos ya no se tolerarán”, llevar a responsables ante la justicia y otorgar reparaciones adecuadas a las víctimas e implementar las recomendaciones formuladas por el relator especial de la ONU sobre tortura, y otras penas crueles inhumanos o degradantes y las observaciones preliminares de la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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