Tanto el Ejecutivo federal como los gobernadores se empeñan en mantener al Poder Judicial como un poder de tercera, en lugar de ser el verdadero tercer poder del Estado, además del Legislativo.
Los jueces y magistrados federales ahora mismo se encuentran en una campaña, tal vez inútil, para evitar que el presidente Enrique Peña Nieto anteponga el cálculo político en la conformación de las ternas de las que habrán de salir los sustitutos de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes el 30 de noviembre próximo pasan a retiro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El objetivo es impedir la llegada de Raúl Cervantes, un operador del PRI que fue asesor jurídico en la campaña presidencial y ahora es senador con licencia. Los jueces y magistrados se sienten desplazados y agraviados desde que Peña propuso al expolicía y exembajador Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte.
En los gobiernos de los estados, el control del Poder Judicial es aún más burdo. Con la farsa de la intervención de los congresos, el control de los tribunales termina en manos de amigos y compadres de los gobernadores. La justicia aplica así sólo para los desafectos.
La capital del país no es la excepción en el afán de control. Pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, enfrenta una rebelión de jueces y magistrados que se oponen a su segunda reelección.
Con miras a la sucesión en el órgano de justicia del Distrito Federal, también en noviembre próximo, un grupo de magistrados le han reprochado directamente a Elías Azar su pretensión de ocupar por tercera vez consecutiva la presidencia del Tribunal, con lo que llegaría a casi una década de control del aparato del Poder Judicial de la capital del país.
Uno de sus principales opositores es el anterior presidente del TSJDF, José Guadalupe Carrera Domínguez, con quien mantiene ya una larga confrontación.
Carrera Domínguez, ponente de la Octava Sala Penal del TSJDF, de plano lo acusa de ejercer un control vertical del aparato de justicia y, peor aún, de intervenir en resoluciones judiciales de jueces y magistrados.
“Usted es el primero en violar la autonomía del tribunal”, le dijo Carrera en una sesión privada de pleno el pasado 21 de septiembre. Puso el caso de una resolución en la que se decretó la formal prisión a un ciudadano inocente acusado de secuestro.
En ese mismo encuentro, algunos otros magistrados apelaron a que la propia normativa del TSJDF impide la reelección, como ocurre a nivel nacional.
Edgar Elías aseguró que no respondería desde su posición como presidente en el pleno, sino que fuera de ese foro respondería a las “acusaciones y ataques que sufrí en este momento”.
Pero además dijo que ya había sido objeto de amenazas contra él y su familia.
Ese día, según relataron testigos, se discutieron las bases para la próxima elección del presidente del TSJDF. Elías Azar quiere mantenerse tres años más y hasta posiblemente buscar ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Edgar Elías llegó al TSJDF en 2006 y gracias a una reforma de la Asamblea Legislativa en diciembre del año pasado el escenario está puesto para que se reelija.
La reforma alargó de los 70 a los 75 años la edad de retiro de los jueces y magistrados capitalinos. Sin ella, el magistrado Edgar Elías pasaría de la presidencia casi al retiro, pues en agosto próximo Elías Azar, descendiente de inmigrantes sirios, cumple los 70 años de edad.
Es conocida la confrontación entre Elías Azar y Carrera Domínguez. El propio presidente del TSJDF la ventiló al responsabilizar a Carrera Domínguez de haber propiciado que se exhibiera al sistema de justicia del DF en el documental Presunto Culpable, en 2011.
Pero más allá de este conflicto, la disputa por el control del aparato de justicia en la capital, así como la designación de los próximos ministros de la Corte, explica por qué la justicia es y ha sido sólo una aspiración de los mexicanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
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