Apenas la semana pasada Ortega aseguró públicamente que en su administración no entregaría notarías.
Proceso dio a conocer desde mediados de agosto que el gobernador habría solicitado el pago de 35 millones de pesos para otorgar siete patentes, de las cuales dos estaban vacantes y cinco se encontraban concesionadas a jueces de primera instancia que actúan por ministerio de ley.
Amparado en la noche de este viernes 23, el gobernador Ortega encabezó una reunión secreta realizada en las oficinas de la Protur, ubicadas en la zona Diamante del puerto de Acapulco, donde acompañado por el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado consumaron el reparto de notarías, informaron fuentes oficiales.
La entrega de seis de las siete notarías disponibles, sintetiza los señalamientos de corrupción y la opacidad que caracterizó la administración de Ortega, a unas horas de que finalice su periodo como interino este lunes 26 y reafirma que la entrega de notarías se ha convertido en un negocio para los gobernantes en turno.
Los beneficiados con las patentes entregadas este fin de semana en la clandestinidad son: Francisco Aguirre Gutiérrez; Francisco Salgado Coronel; Ana García Ramírez; Brenda Deyanira Alarcón López; Rodrigo Ortiz D´Ora Ramos y Lázaro Vega Morales, indicaron las mismas fuentes consultadas por Proceso.
Aguirre Gutiérrez es sobrino de Aguirre Rivero e hijo del expresidente del Colegio de Notarios, Juan Aguirre Utrilla, y hermano de Ernesto Aguirre, considerado el súper asesor del exmandatario y ejemplo del nepotismo que éste ejerció durante su gobierno.
Salgado Coronel es hijo de Humberto Salgado Gómez, compadre de Aguirre Rivero, quien se desempeñó como secretario de Gobierno y coordinador de los proyectos emblemáticos de inversión que el exgobernador dejó truncos, como el Acabús y el macrotúnel en Acapulco.
Salgado Coronel fungió como subsecretario de Seguridad Pública, pero renunció tras el escándalo que exhibió el nepotismo de la administración aguirrista.
Los dos juniors presentaron el examen, pese a que no cumplieron con los requisitos de la Ley del Notariado estatal, debido a que no acreditaron el periodo de tres años de laborar por tiempo completo en una notaría y tampoco presentaron certificados de especialización en derecho notarial, ni la carta de antecedentes no penales estatal, ni federal, como tampoco la constancia de no haber sido servidor público por designación del Ejecutivo o electo por elección popular durante los últimos tres años antes de presentar el examen.
Ana García Ramírez, es hija del notario porteño y actual funcionario estatal, Miguel García Maldonado.
En tanto que los tres restantes, solo se conoce que han laborado en notarias de fedatarios del puerto de Acapulco que han sido beneficiados de la misma forma, mediante la decisión unilateral del gobernador en turno.
La historia del reparto de notarias
El pasado 19 de agosto, apro dio a conocer que Ortega Martínez habría solicitado el pago de 35 millones de pesos para otorgar siete patentes de notario, de las cuales dos están vacantes y cinco se encuentran concesionadas a jueces de primera instancia que actúan por ministerio de ley.
Además, fuentes oficiales informaron que a través de su personero Victoriano Sánchez Carvajal, subsecretario de Asuntos Jurídicos, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, cobró 20 mil pesos a cada uno de los 30 aspirantes para que de manera previa e irregular tuvieran acceso a los temas del examen que se realizó el 7 de agosto para obtener la patente.
Luego de desacreditar la información, mofarse y amenazar a este reportero con denunciarlo por daño moral, Ortega guardó silencio, y a través de su secretario de Gobierno operó los cambios de adscripción para beneficiar a notarios en funciones.
Dos meses después Ortega habló públicamente del caso de las notarías y anunció que no iba a entregar ninguna patente.
“En mi gobierno no se entregaron notarías, en mi gobierno no se va a entregar una sola notaría”, expresó durante un acto público realizado el lunes 12 en la ciudad de Taxco, donde señaló que en el tema del reparto de patentes “hay un error, porque alguien difundió una absoluta mentira y parece que la mentira es lo que más se escucha o se quiere escuchar”.
En el mismo evento, Ortega definió el cuestionado examen para obtener la patente de notario como un procedimiento “público, transparente y abierto”.
No obstante, dijo, corresponderá al nuevo gobierno estatal –que entra en funciones el próximo martes 27– continuar con este proceso, y “si considera le tocará entregar notarías”.
El gobernador Ortega, no solo entregó seis notarias a hijos de políticos y notarios, también autorizó cambios de adscripción para beneficiar a notarios en funciones con negro historial.
Premio a defraudadora fiscal
El miércoles 14, apro dio a conocer que Ortega había premiado a la notaria de Chilapa, Rosina Rojas Carrasco, con un cambio de adscripción a la notaría pública número dos –con sede en el puerto de Acapulco–, pese a que estuvo presa por el delito de defraudación fiscal.
De manera sigilosa y sin considerar los antecedentes penales y la falta de probidad de la mujer, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, autorizó el cambio de Rojas Carrasco y de otros dos notarios.
De acuerdo con documentos oficiales consultados por apro, Rosina Rojas estuvo presa en la Ciudad de México por el delito de defraudación fiscal equiparable, debido a que omitió el pago de impuestos por 750 mil pesos desde el año 2000.
La causa penal 36/2006 se encuentra radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en esta capital, donde se mantiene firme la responsabilidad penal contra la mujer, quien obtuvo la patente en la administración del exgobernador y actual senador priista, René Juárez Cisneros.
Durante un periodo prolongado, la notaría de Chilapa no tuvo responsable, hasta que Rojas Carrasco regresó a ejercer sin ningún impedimento, luego de salir bajo fianza, según fuentes oficiales.
Rosina Rojas fue premiada con el cambio de adscripción al puerto de Acapulco, no obstante que aún se encuentra sujeta a un proceso penal federal, indican los documentos consultados.
Los otros dos notarios beneficiados con el cambio de adscripción son Agustín Antonio Meza Bustos, quien se desempeñaba como notario público número uno en Tlapa y también fue cambiado al puerto de Acapulco, y el notario uno de Coyuca de Catalán, Aurelio Ortiz Gutiérrez, quien ahora despacha en el Distrito de Hidalgo, con sede en Iguala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
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