Julio César es el estudiante de la Normal de Ayotzinapa asesinado y desollado la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y avecindado en el Estado de México.
Familiares y activistas pugnan por la exhumación del cuerpo, con el objetivo de someterlo a un segundo examen pericial y una nueva necropsia que permitiría abonar más elementos para despejar algunas dudas y esclarecer en su totalidad la forma y causa en que se registró su deceso.
“Nosotros, aun sin tener un ojo experto, notamos las marcas de la tortura en el rostro de Julio”, dijeron.
La solicitud, que se suma a la planteada semanas atrás ante el Poder Judicial Federal, se formalizó esta mañana en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM).
Hace una semana, recordaron, se había fijado como fecha para la exhumación el 30 de septiembre. No obstante, el miércoles 23 las autoridades del Estado de México, donde yacen los restos del estudiante, solicitaron postergar la fecha con el argumento de que la fragmentación de los expedientes del caso obliga a realizar diversas notificaciones que no se podían cubrir en tiempo y forma.
Los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que realizarán los nuevos estudios, refirieron, incluso ya habían comprado sus boletos para viajar a México, en virtud de que la demanda prevé que se encarguen de estas acciones.
“Ya habíamos solicitado a un perito independiente más que viajará a nuestro país para trabajar con los del equipo argentino; por el retraso, este perito también pagará multas, producto de la cancelación de vuelto internacional”, lamentaron.
En busca de concretar la segunda necropsia, los interesados han realizado incontables viajes a Iguala y a Toluca para que los encargados de la procuración de justicia autoricen y den tramité a la exhumación que llevarán a cabo los expertos del EAAF y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
En una carta dirigida a la opinión pública, los peticionarios precisan que la demanda tiene por objetivo “alcanzar la verdad en el caso de Julio César”. “Es necesario exhumar su cuerpo y realizar una nueva necropsia”, precisan.
“Exigimos –manifestaron– que esta diligencia pueda ser observada por el GIEI, así como por la comisión especial creada en la Cámara de Diputados para continuar las investigaciones y dar seguimiento al caso Ayotzinapa”.
También demandaron “que el cadáver de Julio César Mondragón Fontes sea trasladado a la Ciudad de México para que en la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR se realice la radiografía de sus restos y todos los estudios necesarios. Es ahí y sólo ahí donde se cuenta con el equipo e instrumentos idóneos para que el EAAF pueda trabajar”.
Además, solicitaron “que para realizar el estudio sean incorporadas como evidencia las 13 fotografías entregadas al presidente Enrique Peña Nieto para su análisis minucioso”.
Y “que los resultados de los dictámenes periciales que por su parte realizará la PGR sean explicados y entregados directamente a la familia de Julio César Mondragón”.
Esta solicitud, recordaron, “es un acuerdo firmado por Enrique Peña Nieto que, hasta el momento, ha sido violado en cada ocasión”.
De igual manera pidieron “que el Estado Mexicano, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pague los gastos del nuevo funeral que habremos de realizar luego de la diligencia de exhumación y nueva necropsia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
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