En la audiencia pública de este martes ante la CIDH, el enviado de Gobernación indicó que “el tema vinculado con la declaración de los miembros del batallón… no forma parte de los puntos convenidos el día de ayer y me parece importante destacarlo”.
Pese a lo dicho por el funcionario mexicano, los expertos aseguraron que las entrevistas a los militares sí son necesarias, fueron solicitadas desde antes, y están implícitas en los puntos firmados.
Ángela Buitrago recordó que han hecho 6 peticiones a la PGR sobre la necesidad de interrogar a los miembros del batallón de Iguala, sin que hasta ahora les permitan hacerlo.
“Lo que no entendemos como grupo es por qué en el caso concreto del batallón siempre hay una evasiva”, comentó. Se trata de una “necesidad de verificar una serie de información que nosotros le pusimos de presente a la PGR… diligencias y declaraciones que nosotros consideramos vital” señaló.
A su vez, Carlos Beristain dijo a los representantes del gobierno mexicano que uno de los compromisos es la “observancia y participación del grupo” en lo que considere relevante, como es el caso de las entrevistas con los militares.
A su vez, Campa indicó, escuetamente, que cualquier interrogatorio a los militares será “a través del Ministerio Público”.
El funcionario indicó que en el MP ya han declarado casi 50 integrantes del batallón de Iguala.
La discusión sobre el interrogatorio a militares comenzó luego de que el relator James Cavallaro le preguntara a los representantes del gobierno si “el jefe de la Sedena puede determinar quién colabora en la investigación”, pues dijo que no permitiría que se realizaran las entrevistas con el grupo de expertos de la CIDH.
Por su parte, Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, reveló que a partir de este jueves, cuando regrese a México, la investigación del caso Ayotzinapa estará a cargo de la Subprocuraduría que él encabeza. Expuso que un “nuevo equipo de trabajo” será el encargado de “relanzar” la investigación, que hasta ahora estuvo en manos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En la presentación del informe de los expertos, resaltaron algunas de sus conclusiones: los normalistas no fueron a Iguala a boicotear un acto político; no hay evidencia de que formaran parte de algún grupo del crimen organizado; la incineración de los estudiantes no pudo haber ocurrido en el basurero de Cocula, en las condiciones descritas por los detenidos; además de que resaltaron la necesidad de investigar el quinto autobús tomado la noche del 26 de septiembre.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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