Así lo informa el secretario del organismo, Emilio Álvarez Icaza, previo a que la delegación concluya actividades en el país, de las que derivarán observaciones preliminares que serán presentadas este viernes 2 de octubre. Éstas servirán para que los comisionados elaboren y aprueben un informa sobre la situación del país en materia de derechos humanos, que se hará público en 2016.
La visita comenzó el lunes 28 de septiembre y desde el primer encuentro con organizaciones sociales, éstas solicitaron la intervención de la CIDH para crear una Comisión Internacional contra la Impunidad, siguiendo el ejemplo de Guatemala. Para Álvarez Icaza, esto es un síntoma del “problema serio de impunidad” que vive el país y representa una manera en que las víctimas están buscando superar esta condición.
El expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) explica que la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad no depende del organismo internacional, sino de la discusión y aprobación que corresponde al poder Ejecutivo y Legislativo; en tanto, la CIDH aún no tiene una posición respecto a la viabilidad o necesidad de implementar un figura de esta naturaleza en México.
Lo que es cierto es que tanto en las audiencias que las víctimas mexicanas han tenido en la sede de la CIDH como en la visita actual, “hemos visto una realidad muy contundente de falta de confianza y falta de resultados. Nos decían en Ayotzinapa que sólo confiaban en el Grupo de Expertos Independientes y la Comisión y es claramente una de las señales que están puestas en el escenario público”.
La delegación de la CIDH, encabezada por la presidenta, Rose-Marie Belle Antoine, se ha entrevistado con víctimas y organizaciones sociales en el Distrito Federal, Veracruz y Guerrero; en este último visitaron la normal rural de Ayotzinapa y los municipios de Iguala y Chilpancingo.
“Fueron experiencias muy estremecedoras. Es una circunstancia que estremece, los relatos de las víctimas son conmovedores, es gente de muy escasos recursos y para alguno, el español no es su lengua materna. La comisión recibió mucha información y nos toca procesarla para presentarla en el informe”, dice Álvarez Icaza.
En Iguala, por ejemplo, existe preocupación entre los pobladores por quiénes encabezarán los mandos de seguridad. Esto luego de que el nuevo presidente municipal de Iguala, Esteban Albarrán, propuso a Crisóforo Tinoco como secretario de Seguridad Púbica, quien fue señalado de tener vínculo con Guerreros Unidos y que fue llamado a declarar por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“La comisión tomó nota con mucha preocupación” de estas quejas de los pobladores, quienes pidieron que la autoridad federal debiera hacerse cargo de la seguridad pública en Iguala. “Hubo personas que con contundencia expresaron el miedo de las autoridades que pudieran asumir el cargo”.
Aunque “no hay una fórmula mágica”, sobre la injerencia de la Federación en la seguridad pública de un municipio, “el tema claro tiene que ver con que ningún tipo de autoridad tenga vinculo con el crimen organizado o acciones de omisión. La población está haciendo una serie de expresiones, tendrá que analizarse, sobre todo la causa del asunto. Eso tendría que ser motivo de alarma”, dice Álvarez Icaza.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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