Claudia Zamorano Villarreal, coordinadora del estudio “Privatización de la seguridad pública en metrópolis mexicanas. Retos institucionales, socio-culturales y territoriales”, resaltó que a pesar del incremento de la inversión pública en la seguridad, en los últimos 15 años la “cultura del miedo generada por una red no fabricada, de diferentes grupos sociales que también inflan el miedo, ha derivado en la consolidación de un buen negocio que es la seguridad privada y la coproducción de la misma”.
En conferencia, la investigadora informó que de 1989 a 2014, el número de empresas privadas dedicadas a la seguridad privada pasó de 210 a 3 mil 834. Además, ese negocio emplea a 450 mil personas, en tanto que hay un promedio de 600 mil “guardias de seguridad que operan en la ilegalidad”.
Al señalar que en casos extremos la cultura del miedo y la inseguridad real han llevado al linchamiento de presuntos delincuentes en colonias populares, Zamorano Villarreal consideró que con el incremento de la “securización, es decir una especie de inflación de medidas de seguridad de los ciudadanos”, se corre el riesgo de que se erosione el concepto de que “el monopolio de la violencia lo tiene el Estado”.
Y mientras los ciudadanos buscan aumentar sus medidas de seguridad, paradójicamente la inversión pública se ha incrementado en los últimos 15 años, aseguró la especialista.
“Durante el periodo de Vicente Fox el presupuesto asignado a la Seguridad y la Defensa apenas ascendió un 9%, durante el sexenio de Felipe Calderón el presupuesto del sector creció 62% y el de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aumentó 142%”, agregó.
Parte del incremento presupuestal, añadió, se reflejó en el aumento del personal policiaco, al pasar de 12 mil 907 efectivos en 2006 a 36 mil 940 en 2012; en tanto que al cierre de 2014, con la suma de policías estatales y municipales hay 367 mil efectivos policiacos en las calles.
En cuanto a los últimos tres años de Enrique Peña Nieto, Claudia Zamorano advirtió que persiste un problema metodológico para hacer los cálculos por la absorción de la SSP por la Secretaría de Gobernación.
Pese a esa dificultad, detectó que en 2015 “entre la policía Federal, la Gendarmería de la República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se absorbieron cerca de 2 mil 540 millones de dólares, lo que representa un 22% del presupuesto asignado a todo el sector de Seguridad y Defensa”.
Persiste corrupción
Claudia Zamorano, autora del estudio del CIESAS, admitió la persistencia de “actos de corrupción, tanto de reguladores como regulados, lo que se refleja en un amplio número de agencias de seguridad que funcionan sin permiso y pone en riesgo, incluso, a quienes contratan estos servicios porque no saben en quién están poniendo su seguridad”.
Reconoció que, si bien el incremento de la criminalidad alimenta el miedo ciudadano, se han generado “burbujas de seguridad privada”, es decir, “colonias altamente resguardadas, que ciertamente disminuyen la incidencia delictiva pero que también pueden alojar a sujetos del crimen organizado, como sucedió en mayo de 2010, cuando en el Condado de Sayavedra, Estado de México, se encontró una de las casas de seguridad vinculada con el narcotraficante Edgar Váldez Villarreal, La Barbie”, extraditado este miércoles a Estados Unidos.
Durante la investigación de campo, realizada en el Valle de México, hallaron la existencia de la “coproducción de la seguridad pública” en la zona Esmeralda de Atizapan.
Ahí, colonos “pagan un sobresueldo de 260 mil pesos mensuales a la Policía Municipal para que les ayude a resguardar la zona, esto hace que la seguridad pública devenga en privada porque está sirviendo no a un bien común sino a un grupo determinado de población, de manera que crecen las diferencias entre los ricos y los pobres”.
Doctora en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la investigadora resaltó que el “costo del miedo” se refleja claramente en las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), dadas a conocer este miércoles por el Inegi.
Según esa información, de los 226.7 mil millones de pesos que significaron para los ciudadanos el costo del delito en el país en 2014, se destinó 28.1% a la adquisición de medidas preventivas de seguridad, es decir, 63.6 mil millones de pesos invertidos en cerraduras o candados, rejas o bardas, cambios de puertas o ventanas, realización de acciones conjuntas con vecinos o la compra de un perro guardián.
De esos 226.7 millones de pesos, 68.3% corresponde a pérdidas económicas generadas por los efectos de la delincuencia. En tanto, 3.6 significan gastos generados por los daños a la salud provocados por el delito, según el Inegi.
Por último, la investigadora del CIESAS añadió que durante el trabajo de campo se ha podido observar que las medidas de seguridad tomadas por colonos del Distrito Federal y municipios conurbados, ha derivado en una “fragmentación social y urbana”, que si bien podría garantizar la seguridad dentro de sus espacios, “cuando salen de él, se ponen en más riesgo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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