Para justificar ese aseguramiento, la PGR dijo públicamente en un comunicado que lo que había cateado era un departamento particular (y no una oficina) en donde encontró múltiples equipos de cómputo, discos compactos y teléfonos que, “al parecer”. eran para intervenir comunicaciones privadas. Todo era material de oficina.
En la operación participaron agentes ministeriales y federales pertenecientes a un área denominada Dirección de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR, varios de los cuales ya están consignados por haber sembrado un arma durante la detención de un abogado de Infraiber.
Animal Político tuvo acceso a la orden de cateo que emitió el titular de Juzgado Primero Especializado en Cateos, Arraigos e Intervenciones, Roberto Antonio Domínguez Muñoz. El documento revela las condiciones y limitantes que puso el juez para conceder esta orden que de entrada, la cual ya había sido negada antes por otro juzgado.
Cabe señalar que por este cateo, la empresa Infraiber ya interpuso una demanda de amparo en contra del cateo y su ejecución, y será este miércoles 28 de octubre cuando se realice la audiencia de presentación de pruebas del caso.
¿Qué ordenó el juez?
A principios de septiembre la PGR solicitó formalmente a un juez federal que le concediera una orden de cateo en un domicilio de la colonia Polanco, en la Ciudad de México, que correspondía a la empresa Infraiber. El objetivo era ubicar al dueño de esa empresa, Pedro Topete Vargas, para que rindiera declaración en calidad de testigo.
La PGR argumentó que tenía una orden de localización número 702/UEIDAPLE/I/2015 que no había podido cumplimentar en contra de Topete, relacionada con una denuncia que interpuso OHL por espionaje ilegal a sus directivos con la finalidad de desacreditarlos. El contenido de esas llamadas se hizo público en videos en internet, con señalamientos de posibles actos de corrupción de la constructora española y servidores públicos.
Además, la Procuraduría solicitó al juez que en la orden le diera luz verde para el aseguramiento de computadoras, teléfonos, memorias informáticas de todo tipo, y cualquier equipo bajo el argumento de que pudieran haber sido utilizados en las actividades de espionaje.
El 11 de septiembre, el juez concedió la orden de cateo con la finalidad de que se ubicara a Topete Vargas para que rindiera declaración; sin embargo, no autorizó el decomiso exprofeso de bienes del domicilio, a menos que estos estuvieran relacionados con un delito que se estuviera cometiendo en flagrancia.
“No es necesario que este juzgado autorice la búsqueda y aseguramiento de instrumentos, objeto o producto de delito, así como de bienes que pudieran tener relación con este, y detenga a personas que se encuentren en flagrancia pues cuando esto suceda es obligación del Ministerio Público actuar en consecuencia”, señala la orden revisada por Animal Político.
En la resolución el juez subrayó que los bienes que no tuvieran relación con alguna actividad delictiva debían ser respetados.
¿Qué hizo la PGR?
El mismo 11 de septiembre, aproximadamente a la una de la tarde, una decena de agentes y peritos de la PGR acompañados de la misma cantidad de elementos de la Policía Federal Ministerial fuertemente armados ingresaron a las oficinas de Infraiber, ubicadas en un despacho del edificio ubicado en el 223 de Capos Elíseos, en Polanco.
Fueron cerca de 16 horas el tiempo en que los agentes permanecieron en el edificio. Algunos empleados fueron retenidos más de seis horas en el lugar.
Nueve días después del cateo, la PGR publicó un comunicado titulado “Catea PGR un apartamento en la colonia Polanco y asegura equipo para intervenir comunicaciones privadas”. La dependencia hizo referencia al sitio del cateo solo como un apartamento sin detallar que era el despacho u oficina de empresa alguna.
En el texto del comunicado, la PGR dijo que intervino el lugar por una orden de cateo pero no mencionó cual era el objetivo de la misma; es decir, buscar a un testigo. Por el contrario, dijo que en cumplimiento de la orden aseguró equipos que “al parecer constituyen objetos de la comisión del delito previsto en el artículo 117 del Código Penal Federal (intervención de comunicaciones privadas)”.
La PGR describió lo asegurado como 10 equipos de cómputo portátiles, cuatro computadoras de escritorio, dos grabadoras de audio y video, cinco teléfonos celulares, tres CPU, cinco equipos de radio comunicación, siete tablets, 43 memorias USB, discos compactos, entre otros. Además hizo referencia a un “dispositivo móvil de alta tecnología”.
La PGR no explicó en el comunicado por qué los equipos señalados eran utilizados para trabajos de espionaje o cómo es que estaban relacionados con el mismo.
Jesús Moreno, abogado penalista de Infraiber, dijo en entrevista que los agentes que intervinieron en la oficina nunca preguntaron por el empresario Topete Vargas, motivo principal del cateo. En cambio, subrayó el litigante, se llevaron equipos de cómputo y comunicación como los que hay en cualquier oficina.
“Con tener a simple vista un equipo no puedes determinar que es instrumento de un delito y no había ningún indicio de que estos se utilizaran para algo negativo. Se llevaron hasta teléfonos personales de gente que estaba ahí y que ni siquiera era de la empresa”, dijo el litigante.
El dispositivo “de alta tecnología”, reveló Jesús Moreno, era en realidad un iPad de un vendedor de vino francés que alquila un espacio en el despacho de Infraiber.
Amparo en puerta
Infraiber, a través de su despacho jurídico, interpuso una demanda de amparo en contra del cateo que se realizó en sus instalaciones. El juicio quedó radicado en el expediente 867/2015 del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Moreno explicó que la demanda es, primero, contra la orden de cateo que se concedió ya que si bien el artículo 61 del Código federal de Procedimientos Penales faculta solicitar este recurso para buscar a testigos, en la Constitución se establece que la localización de una persona a través de un cateo solo puede proceder si existe una orden de aprehensión, que no era el caso.
“La otra parte del amparo es contra la ejecución que hizo la PGR. Lo que debió ocurrir es que los agentes llegaran a preguntar por el testigo que buscaban, verificaran que no estaba y se fueran. Pero lo que hicieron fue asegurar todo lo que encontraron pese a que no había delito en flagrancia alguno”, subrayó el abogado.
Hasta ahora la PGR no ha devuelto los equipos asegurados. Infraiber, dijeron sus abogados, tuvo que reemplazar todas las computadoras para que su oficina continuara trabajando. Además, la dependencia se llevó documentos relacionados con la contabilidad de la compañía, lo que también ocasionó que esta tuviera que informar al SAT que no podía cumplir con los informes mensuales.
La averiguación previa que inició la PGR por el presunto espionaje cometido en contra de OHL, y que sirvió de sustento para el cateo, hasta ahora no ha sido consignada.
En el cateo realizado el 11 de septiembre recordó el penalista, participaron agentes y policías adscritos a la Dirección de Operaciones Especiales de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR.
De acuerdo con los representantes de Infraiber, dichos agentes son los mismos que participaron en la detención de otro abogado de la empresa, Paulo Díez. Un video reveló que durante esa detención los policías le sembraron un arma al litigante. La procuradora Arely Gómez dijo que se consignó a los servidores públicos involucrados en el caso.
El miércoles 28 de octubre está programada la audiencia en la que se presentarán las pruebas correspondientes ante el juez de amparo con las que días después se resolverá si el cateo que se realizó violó o no la constitución.
Piden denunciar a OHL
La empresa Infraiber solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Secretaría de Hacienda que interpongan denuncias penales en contra de la constructora OHL por las irregularidades relacionadas con la contabilidad en la Bolsa de su concesión sobre el Circuito Exterior Mexiquense,
Esto luego de que ayer se hiciera público que la CNBV inició un proceso sancionatorio en contra de la constructora española tras confirmarse mediante auditorias que hay anomalías en los estados financieros de OHL.
Dichas auditorias fueron impulsadas con Infraiber que mantiene una disputa legal con OHL. El origen fue la cancelación de sistemas de monitoreo que Infraiber instalaría en el Circuito Exterior mexiquense, autopista concesionada a la firma española.
“Las irregularidades detectadas por la CNBV no solo generan responsabilidad civil y administrativa, sino que constituyen ilícitos penales que deben ser perseguidos a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” señaló Infraiber en un comunicado.
OHL por su parte rechazó que existan irregularidades en su contabilidad como le notificó la CNBV. La empresa cuenta con un plazo de diez días para responder al proceso iniciado y presentar argumentos sobre sus operaciones financieras.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario