La Segunda Sala de la SCJN analizará si esta medida –decretada por el presidente Enrique Peña Nieto en octubre de 2013– restringe los derechos humanos y ambientales de la ciudadanía, además de que discutirá si el gobierno federal faltó a su obligación de “garantizar y proteger la vida de las personas” al legalizar actividades productivas como la tala, la agricultura y la ganadería en esta reserva natural.
Hace un año, en octubre de 2014, la Suprema Corte decidió ejercer su facultad de atracción sobre el juicio de amparo contra el decreto presidencial promovido por la ciudadana Luz Emilia Aguilar Zinser, quien señaló en entrevista sus argumentos.
“La categorización del Nevado como Parque Nacional, en 1936 –explicó– forma parte de un modelo científico de conservación que privilegia las partes altas de las cuencas hidrográficas, y ese paradigma científico no puede modificarse por decreto. El agua sigue siendo vital y la deforestación sigue teniendo los mismos efectos negativos.”
Por ello, subrayó, “la legalización de las actividades que han destruido el Nevado de Toluca no hace más que acelerarlas, no las va a detener. Esto, más bien, es un estímulo para la deforestación”.
El Nevado de Toluca (o Xinantécatl) fue declarado Parque Nacional en 1936 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río debido a su valor estratégico. Sus afluentes, generados por la absorción y escurrimientos, abastecen de agua a dos de las cuencas más importantes del país, las de los ríos Lerma y Balsas, que surten de líquido a Toluca, su zona metropolitana, parte del valle de México y el norte de Guerrero.
Debido a la necesidad de preservar esta zona boscosa para la subsistencia de los asentamientos humanos de esta región del país, el presidente Lázaro Cárdenas decidió otorgarle el máximo estatus de protección al Nevado de Toluca, el de Parque Nacional, mediante el cual quedó prohibida toda actividad productiva, extractiva o de explotación de su vegetación, suelos, aguas, fauna y demás recursos.
Con el pasar de las décadas, sin embargo, los gobiernos del Estado de México y federal omitieron garantizar esta protección al Nevado de Toluca, por lo que este santuario natural se vio invadido por agricultores, talamontes, ganaderos, cazadores, mineros, así como por asentamientos irregulares que permanecieron en condición de ilegalidad hasta el pasado 1 de octubre de 2013, cuando el presidente Peña Nieto determinó que, más que perseguir estas conductas, lo que se debe hacer es “ordenar apropiadamente las actividades productivas y extractivas”, de tal forma que se “preserve nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que se genere “riqueza”, tal como señala su decreto.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
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