Todavía más, había desde entonces averiguaciones previas abiertas y nadie, ni del PAN, PRI o posteriormente del PRD, junto a algunos allegados de Andrés Manuel López Obrador, hicieron nada por frenar a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Al contrario, al primero lo encumbraron como presidente municipal en un país donde ser jefe local equivale a ser el cacique del pueblo, el que ordena y permite actos de corrupción y violencia.
Sólo la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, hizo reaccionar al gobierno. El primero, hay que reconocerlo, fue el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, quien abrió a la pareja un proceso por homicidio y homicidio en grado de desaparición.
El argumento que presentó Iñaki Blanco fue valerse de la figura de “garante”, esto es, de que como acalde de Iguala Abarca Velázquez no tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los normalistas y de la población en general.
Prueba de que sí estuvo enterado es la declaración ministerial de su hija Yamileth, quien dijo ante la PGR que su padre siempre se mantuvo en comunicación con los policías y estuvo enterado paso a paso de lo que sucedía a los normalistas.
Quien diga que Abarca no tiene procesos abiertos falla. Sí los hay y empezaron en Guerrero, lástima que fue luego de los acontecimientos de la infame noche entre el 26 y 27 de septiembre de hace ya un año.
Hoy se sabe que desde hace 15 años autoridades federales, estatales y locales conocían que los Pineda Villa estaban ligados desde los noventa a los Beltrán Leyva y al llamado Cártel del Pacífico, que aún encabeza Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero no se les hizo nada.
Más tarde, las diferencias entre Arturo y Héctor Beltrán Leyva dieron paso a que su cártel se fraccionara en Guerrero, dando paso a Guerreros Unidos, Los Rojos, La Barrredora y El Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), entre otros.
Las autoridades federales –Marina, Sedena, Cisen, Gobernación, Presidencia, PGR y Policía Federal–, todos los altos mandos de este país sabían desde hace años que el matrimonio Abarca era peligroso y aun así dejaron que se encumbrara en lo político, económico y criminal.
Por lo tanto, hoy todo el Estado mexicano tiene responsabilidad directa en la atroz desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la muerte de otros tantos normalistas, de civiles y del dolor de 43 familias, el dolor de 43 grupos de amigos y de toda una nación que está herida, que llora pero que también exige que esto pare y se haga justicia.
Si no lo demandamos, si lo “superamos” como Peña Nieto quisiera, y nos cansamos de exigir justicia, entonces será porque el Estado ya logró su objetivo: masacrar nuestras personalidades y acciones sin que nos demos cuenta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS).
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