Considerado como país “no libre” en materia de libertad de prensa por la misma organización, México alcanzó el nivel 39 en cuanto a su estatus de libertad en el uso de internet, de un balance de 0, “más libre”, a 100 “menos libre”.
Con una penetración en el uso de Internet de 44% de su población, de junio de 2014 a mayo pasado, nuestro país sigue siendo una de las naciones “más hostiles en el mundo para periodistas en línea y blogueros”, víctimas de la violencia atribuida a los carteles de droga, organizaciones criminales y funcionarios públicos.
La organización resaltó que durante este periodo ocho periodistas fueron asesinados, evidenciando que “las amenazas y la violencia de los cárteles del narcotráfico —y en ocasiones funcionarios de gobiernos locales— han continuado afectando a los reporteros en línea”.
Destaca el caso de la bloguera María del Rosario Fuentes Rubio, administradora de la página “Valor por Tamaulipas”, quien se había distinguido por denunciar la violencia provocada por la guerra contra las drogas en esa entidad, y que apreció muerta después de haber sido secuestrada el 16 de octubre de 2014.
Otros casos que resalta el informe de Freedom House son los ocurridos en Veracruz, entre ellos el de Moisés Sánchez Cerezo, dueño del semanario La Unión, cuyo cuerpo sin vida apareció el 24 de enero pasado; el de Juan Mendoza Delgado, director de Escribiendo la Verdad, localizado sin vida el 2 de julio anterior, y el del fotoperiodista colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, asesinado junto con cuatro mujeres el 3 de agosto en la Ciudad de México, a donde había llegado huyendo de amenazas de funcionarios veracruzanos.
El reporte también resalta que durante el periodo de análisis se registraron seis ciberataques de consideración contra medios de comunicación, en tanto que “periodistas han recibido amenazas de muerte”.
Frente a ese panorama, Freedom House apunta que pese a que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas permite la intervención del gobierno federal en estos casos, lo que prevalece es “una aplicación inadecuada y las demoras en respuestas a la solicitudes de protección”.
En el informe sobre México se consideró preocupante que, “en este clima de inseguridad, el gobierno amplió sus poderes de vigilancia” en la Ley de Telecomunicaciones aprobada en julio de 2014, por la que se obliga a los proveedores de internet y telefonía móvil a “almacenar los datos del usuario durante al menos dos años y proporcionar registros de comunicación detalladas a la policía sin una orden judicial”, mientras que la revelación de contratos del gobierno con la empresa italiana Hacking Team “sugiere que la vigilancia estatal es generalizada”.
Entre los avances, el reporte hace referencia a los intentos gubernamentales para acortar el monopolio en telefonía fija y móvil que mantiene Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, quien posee el 80 y 70% de la presencia de esos servicios, respectivamente.
Aun cuando se reconoce una evolución aceptable en tecnología digital, al pasar en número de usuarios de Twitter de 3.5 millones en 2012, a 7.7 millones en 2014, el estudio señala que se mantienen diferencias de acceso en el país, ejemplo de ello es que “en 2014 más de la mitad de los hogares en Nuevo León, la Ciudad de México y Baja California tenían acceso a internet, mientras que sólo en uno de cada diez contaban con el servicio en Chiapas y Oaxaca”.
El documento de Freedom House señala que a escala global “más de 61% de los usuarios de internet vive en países en los que las críticas al gobierno, los militares o a la familia gobernante han sido objeto de censura en línea, y más de 58% vive en países en los que fueron encarcelados blogueros o los usuarios de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) simplemente por compartir contenidos políticos, religiosos o sociales”.
En el año de estudio, la organización señala que en 40 de 65 países las autoridades encarcelaron a personas por compartir información relacionada con la política, la religión o la sociedad, a través de las redes digitales, aumento significativo toda vez que el año anterior 38 naciones fueron las que realizaron detenciones de este tipo.
En cuanto al aumento de la vigilancia gubernamental sobre los usuarios, Freedom House apunta que en 14 de 65 países se aprobaron nuevas leyes con ese objetivo en 2014 y “muchos más han mejorado su equipo de vigilancia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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