La multa equivalente a 200 salarios mínimos se debe a que la dirección la Dirección General de Comunicación Social del gobierno estatal no acató la resolución previa emitida en septiembre, donde se ordenó entregar a Proceso la información relativa al monto desglosado de los recursos destinados mensualmente a empresas de medios de comunicación y reporteros, explicando su concepto y justificación.
En el último día de la administración de Ortega, el pleno del ITAIG emitió una resolución oficial, incluida en el expediente 28/2015, donde se exhorta al Ejecutivo a cumplir la resolución en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo.
“En caso de incumplimiento, el Instituto hará uso de todos los medios a su alcance para lograr el efectivo cumplimiento de dicha resolución, incluyendo la denuncia ante las autoridades competentes”, refiere el acuerdo suscrito por los tres consejeros Roberto Rodríguez Saldaña, Elizabeth Patrón Osorio y Joaquín Morales Sánchez.
De esta forma el pleno del ITAIG resolvió el recurso de revisión del expediente ITAIG/28/2015, promovido por este reportero en contra de la Dirección General de Comunicación Social estatal (DGCS), ante la negativa de entregar información sobre el gasto de publicidad oficial del gobierno de Ortega.
Al respecto, el instituto determinó que la dependencia estatal debió hacer público el informe desglosado de los recursos destinados mensualmente a medios de comunicación social y reporteros, el concepto y justificación de los mismos.
Los consejeros refieren que este tipo de información se considera pública de oficio por estar relacionada con la erogación de recursos públicos, como lo señala el artículo 13 de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
Por ello, concluyeron que la DGCS, además de entregar la información solicitada a este corresponsal, “tiene la obligación ineludible” de publicar los datos en el portal oficial del gobierno estatal, y dieron un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación oficial para cumplir con el ordenamiento legal.
En la resolución se indica que “no se justifica de manera alguna” el hecho de que la dependencia estatal se haya negado a proporcionar una respuesta oportuna a la solicitud de información presentada desde el martes 30 de junio, argumentando el cambio del titular del área y que en el acta de entrega de la administración saliente no se menciona la Unidad de Trasparencia y Acceso a la Información.
“Ello no puede considerarse como un argumento jurídicamente valido para justificar la falta de respuesta a la solicitud de información, toda vez que son cuestiones internas que atañen única y exclusivamente a la DGCS, que no son imputables al recurrente, además de que es responsabilidad de los sujetos obligados conocer sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, entre las cuales se encuentra el contar con una Unidad de Transparencia y mantenerla funcionando adecuadamente”, señala el informe del ITAIG emitido a principios de septiembre.
No obstante, el gobierno de Ortega hizo caso omiso y simplemente se negó a transparentar el gasto en medios de comunicación, exhibiendo la opacidad que caracterizó a la actual administración que concluye este día para dar paso al gobierno del priista Héctor Astudillo Flores, quien este martes 27 rinde protesta oficialmente.
Opacidad del gobierno de Ortega
Un reporte de las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar del pasado 26 de agosto determinó que la administración que encabeza Ortega Martínez ocupa los principales lugares de opacidad a escala nacional.
En el informe sobre el gasto en publicidad oficial denominado “Libertad de expresión en venta”, realizado por las ONG, se ubica al gobierno de Ortega entre los peores en el tema de rendición de cuentas y transparencia.
El documento advierte que existe una preocupación particular por la opacidad en Guerrero y Tamaulipas, debido a que durante cuatro años las autoridades de ambas entidades no han transparentado la información sobre su gasto en publicidad en medios de comunicación.
El diagnóstico de las ONG refiere que el uso “arbitrario y discriminatorio” de la publicidad oficial sigue profundamente arraigado en las prácticas gubernamentales.
Además, consideran que estos recursos públicos se distribuyen conforme a criterios políticos e intereses privados, y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como “censura sutil o indirecta”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
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