El pasado jueves 15, el magistrado Fernando Casasola Méndez, quien dictó la sentencia, confirmó el fallo de un juez, que consideró improcedente frenar por tiempo indefinido el proyecto de infraestructura más importante de este sexenio, como pretendía un grupo de residentes inconformes de varios municipios aledaños.
La negativa de suspensión definitiva, que no ha sido publicada, fue acordada por unanimidad del tribunal en el amparo en revisión 177/2015.
En septiembre pasado, ningún ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quiso hacer suya una solicitud de los quejosos para atraer este recurso, por lo que el expediente volvió al tribunal colegiado, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl.
Según registros oficiales, las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) litigaron intensamente ante el Poder Judicial para lograr la negativa de suspensión, medida que hubiera sido devastadora para el NAICM, que contempla 21 paquetes de licitaciones por 95 mil millones de pesos.
El amparo del que derivó la solicitud de suspensión fue promovido en enero por al menos 76 vecinos de San Salvador Atenco, San Francisco Acuexcomac, San Miguel Tocuila, San Felipe, San Luis Huexotla, San Cristóbal Nexquipayac, La Magdalena Panoaya y Zapotlán.
De acuerdo con la demanda, el proyecto para el NAICM viola derechos humanos de no discriminación, consulta previa a las comunidades sobre obras públicas de infraestructura, acceso a un medio ambiente sano y al agua, vivienda digna e integridad personal, entre otros.
El juez Noveno de Distrito en el Estado de México, Jorge Arredondo Gallegos, había negado la suspensión en abril, pero aún no ha dictado sentencia de fondo en el juicio, y ha aplazado varias veces la audiencia final.
Las posibilidades de que este amparo sea concedido en cuanto a sus argumentos de fondo son mínimas, porque las más de 4 mil 700 hectáreas donde será construido el NAICM son propiedad federal, es decir, no se expropiaron terrenos ejidales.
En el desglose del Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la SCT detalló en septiembre pasado que desde su inicio esta administración se planteó como uno de sus principales objetivos dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de México y centro del país.
Añadió que el gobierno de la República, con la participación de empresas altamente especializadas y de la Organización de Aviación Civil Internacional, hizo estudios aeronáuticos, hidrológicos, ambientales, de uso del suelo, de ingeniería y arquitectónicos, que ayudaron a determinar que el lugar más adecuado para las nuevas instalaciones del Aeropuerto se sitúa en la zona contigua de la actual terminal (Lago de Texcoco).
“Esta obra de infraestructura no requerirá terrenos adicionales a los actualmente disponibles, que son propiedad del gobierno federal, y exigirá el concurso de los mejores especialistas para ejecutar una inversión pública calculada en 120 mil millones de pesos”, apuntó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario