Ambos eran estudiantes de esa institución, según admitió el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa; incluso se les rindió tributo con un minuto de silencio en el Congreso de la Unión.
A contracorriente, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, comandante de la Séptima Zona Militar en ese tiempo, redactó un informe obtenido por el grupo de periodistas de la plataforma Mexicoleaks, de la que forma parte Proceso, según el cual Jorge Antonio y Javier Francisco cayeron durante “un enfrentamiento del Ejército con delincuentes” la madrugada del 19 de marzo de 2010.
Hoy, ese militar es secretario de Seguridad Pública estatal en la administración de Jaime Rodríguez, El Bronco. Organismos civiles de la región protestaron al enterarse de su designación y señalaron sus implicaciones en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura que nunca fueron aclarados y cuyas víctimas no recibieron justicia (Proceso 2032).
Según la versión del documento extraurgente que el general Antúnez Pérez dirigió “a la superioridad” en papel membretado de la Secretaría de la Defensa Nacional el 5 de abril de 2010 (folio 08739), varias personas dispararon a las tropas desde una camioneta Yukón aquella madrugada de marzo.
Del vehículo “descendieron dos personas más que, ahora se sabe, respondían a los nombres de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes comenzaron a correr a la entrada del Tecnológico de Monterrey, ubicada en la confluencia de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo, lugar en el que cayeron muertos, resultado del enfrentamiento referido”, escribió el militar.
Antúnez Pérez escribió su reporte interno luego de recibir el mensaje numerado como DH-IV-3665 fechado el 29 de marzo de ese año en el que se le informa que el ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, abrió de oficio la queja CNDH/2/2010/1508/Q “en agravio de los extintos Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso”.
El propósito del militar fue reforzar la versión emitida por el mando territorial de la Séptima Zona Militar, con sede en el municipio metropolitano de General Escobedo, el 19 de marzo de ese año en un boletín en el que asentó:
“Una persona se acercó para manifestar (a las tropas) que en la avenida Garza Sada cruce con avenida Jesús Elizondo (sic) de dicho municipio se encontraban varias personas a bordo de diferentes vehículos con armas largas y en actitud sospechosa.
“De este evento resultaron muertos dos individuos que hasta el momento no han sido identificados… Cabe hacer mención que durante el enfrentamiento resultó herido un elemento militar, mismo que fue trasladado de inmediato para su atención médica, encontrándose estable.”
En su informe del 5 de abril, Antúnez Pérez expuso: “Por lo anterior, se desprende que el personal militar actuó repeliendo una agresión real, inminente, violenta y sin derecho, actuando en legítima defensa, resguardando su integridad personal, adecuando su conducta al marco de la legalidad establecido en nuestra legislación interna, protegiendo los intereses de la sociedad al enfrentar a miembros de la delincuencia organizada”.
Meses después, en agosto de 2010, el ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva emitió la recomendación 45/2010 y concluyó que el Ejército disparó a los estudiantes y que la escena del crimen fue manipulada para sembrarles armas.
La recomendación 45/2010 de la CNDH concluyó: “Esta Comisión Nacional observó que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso no portaban armas ni viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares ni eran miembros de la delincuencia organizada, como de manera inconducente sostuvo la Secretaría de la Defensa Nacional en el informe que rindió ante este organismo nacional.
“Además, Jorge Antonio Mercado Alonso presentó seis heridas producidas por proyectil de arma de fuego, dos de las cuales fueron realizadas a corta distancia, en tanto que Javier Francisco Arredondo Verdugo presentó siete heridas generadas por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con el acta de fe ministerial e inspección cadavérica.”
El ómbudsman pidió también que se limpiara el nombre de los dos estudiantes: “Resulta necesario aclarar con toda energía que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso eran estudiantes de excelencia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, no viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares, no portaban armas ni eran miembros de la delincuencia organizada”.
Confusión, solapamiento e
impunidad
El 22 de marzo de 2010, tres días después del presunto ataque a los militares, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, viajó a esta ciudad donde se entrevistó con el gobernador Rodrigo Medina, y funcionarios del tec de Monterrey. Se comprometió a esclarecer la muerte de Jorge Antonio y Javier Francisco.
“Reconozco que los dos estudiantes estuvieron en la línea de fuego del lado donde los soldados eran agredidos por criminales –dijo el funcionario calderonista en conferencia de prensa–. Ofrezco que se profundizará una investigación que saque a todos la verdad y deje a todos un aprendizaje sobre esta triste tragedia para evitar este tipo de situaciones en el futuro, sin menguar en nada el ánimo de la autoridad para proteger a la gente.”
A su vez, el rector del tec, Rafael Rangel Sostmann, admitió que, inicialmente, los guardias del campus se confundieron en identificar a las personas abatidas, lo que dificultó el reconocimiento de los cadáveres. Reveló también que su error fue confiar en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, encabezada por Alejandro Garza, que le entregó información errónea que él divulgó.
El 20 de marzo, el presidente Calderón y su esposa, Margarita Zavala dieron sus condolencias a los familiares de los estudiantes en un comunicado; Gobernación emitió un comunicado en torno al incidente, ocurrido “en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el que desafortunadamente perdieron la vida los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo”.
El boletín no señaló cómo murieron los estudiantes. Sólo menciona que una vez controlada la situación, “arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC, personal de peritos en balística y del Semefo para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos”.
Cinco años y medio después de aquel supuesto “enfrentamiento de tropas del Ejército con delincuentes”, luego de las aclaraciones de las autoridades estatales y federales, de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las protestas de organizaciones civiles de Nuevo León, no se ha hecho justicia a las víctimas. Y el general que emitió un reporte interno a “la superioridad” en el cual, según el ómbudsman nacional, alternó los hechos, es parte del gabinete del controvertido gobernador independiente Jaime Rodríguez, El Bronco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA (REPORTAJE ESPECIAL).
No hay comentarios:
Publicar un comentario