El inconforme es miembro del Frente en Defensa del Agua, el Aire y la Tierra en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y es uno de los principales opositores a la construcción y funcionamiento de la termoeléctrica en Huexca y del gasoducto que cruza las tres entidades.
En rueda de prensa, en los portales del Palacio de Gobierno, junto a la ofrenda de las víctimas, integrantes del frente y del Comité contra la Tortura denunciaron la negativa federal a tomar en cuenta la denuncia, misma que sería la base para la intervención de organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos.
Domínguez Pérez no participó en la conferencia de prensa por razones de seguridad, debido a que en las últimas semanas ha sufrido persecución y acoso policiaco, incluso en su propio domicilio, según contó Samir Flores Soberanes, de los opositores al gasoducto en Amilcingo, municipio de Temoac.
De acuerdo con un comunicado leído en la conferencia, luego de la segunda sesión del Congreso de los Pueblos celebrada en la comunidad de Huexca, el pasado 10 de octubre, y hechas públicas las intenciones de denunciar la tortura en su contra y las afectaciones que ha tenido en su persona, el acoso y la persecución se incrementaron.
Camionetas y automóviles lo siguen a todas horas del día, además de que la PGR lo ha citado a declarar al menos en una ocasión, con el temor de que sea aprehendido, pues existe una denuncia en su contra por ataque a las vías federales de comunicación.
Laura Ozuna Oropeza, abogada de Domínguez Pérez, informó que desde las primeras horas de este martes acudieron a las oficinas de la delegación de la PGR en esta entidad para presentar la denuncia por tortura en contra de elementos del Mando Único, quienes en 2013 lo golpearon en todo el cuerpo y le infringieron severos daños y lesiones irreversibles en los oídos, durante las sesiones de tortura.
La abogada refirió que la PGR se declaró incompetente para atender la denuncia y los remitió a las instancias estatales, es decir, ante la Fiscalía General de Morelos. “Nos dijeron que sólo atienden casos graves o de personas que tengan trascendencia, aun cuando Jaime es un activista social”.
El caso ha sido llevado a instancias nacionales e incluso internacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). También fue presentada ante el relator de las Naciones Unidas para la tortura, durante su reciente visita al país. No obstante, para que ambas instancias actúen en consecuencia, es necesario que exista una denuncia por tortura, lo que no se ha podido presentar, dados los argumentos de la PGR.
La denuncia por tortura alcanzaría no sólo a los 80 elementos del Mando Único que participaron en el operativo del 21 de septiembre del 2013 en Huexca, sino al Ministerio Público, al Médico Legista que omitió la situación física de Domínguez y, en su caso, a la cadena de altos mandos, que termina con el gobernador Graco Ramírez.
La resistencia y la represión
El 21 de septiembre de 2013, Jaime Domínguez Pérez fue detenido por elementos del Mando Único durante una protesta de habitantes de la comunidad de Huexca, quienes intentaron detener las obras de construcción del acueducto para llevar agua a la termoeléctrica que se construyó en esa comunidad.
Los activistas realizaban el bloqueo a los camiones y máquinas en la colonia Gabriel Tepepa de Cuautla, misma que colinda con las comunidades de Apatlaco, en Ayala y otras de Yecapixtla, donde se construye la planta productora de energía eléctrica.
Cerca del mediodía, unos 80 policías del Mando Único arremetieron contra los inconformes y en la refriega, detuvieron a Domínguez Pérez, y por más de 10 horas fue sometido a tortura por parte de la policía, lo que le ocasionó secuelas en sus oídos, perdiendo capacidad para escuchar.
A partir de ahí, se logró su liberación, pero se inició un proceso ante la Procuraduría General de la República (PGR) por ataques a las vías federales de comunicación, por lo que ha sido citado a declarar.
Jaime Domínguez Pérez decidió junto con sus abogados presentar una denuncia ante la PGR contra los elementos del Mando Único de Morelos, sin embargo, la instancia federal se declaró incompetente.
Al tiempo de presentar la denuncia, el activista ha sido objeto de acoso y persecución policiaca, por ello, decidió dejar su domicilio, pues teme por su seguridad e integridad, denunciaron sus abogados y compañeros activistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA
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