Además, organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales a evitar una reedición de la represión de 2006, pues “el envío de la fuerza pública es una estrategia del Estado para acallar voces críticas”, como es el caso del movimiento magisterial.
Las reacciones de repudio surgieron luego de que el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño anunció el envío de tropas federales a Oaxaca para “garantizar” la evaluación de 6 mil maestros en el complejo de oficinas gubernamentales de Ciudad Administrativa.
“La Policía Federal empezará a llegar de manera numerosa a Oaxaca, así como llegó a Michoacán la semana pasada, y esta semana verán llegar los contingentes de la Policía Federal para poder garantizar la evaluación”, advirtió Nuño ante la amenaza de la Sección 22 de boicotear la evaluación “punitiva”.
Rubén Núñez, líder de la Sección 22, insistió en que hay un acuerdo nacional de la CNTE de boicotear la aplicación de los exámenes y en ese sentido “estaremos accionando” en las sedes donde se vaya aplicar la evaluación.
A su vez, el gobernador Gabino Cué se sumó a la postura del titular de la SEP al declarar que la presencia de la PF sólo será disuasoria, pero si persiste la amenaza de boicot o de lastimar el derecho de los docentes, se actuará de acuerdo con los protocolos para garantizar la integridad de los sustentantes, advirtió.
Cué Monteagudo sostuvo que su gobierno “siempre está preparado para intervenir y garantizar el estado de derecho; la violencia no la genera el Estado, quien quiera generar violencia, la autoridad actuará. Si hay daños patrimoniales o si se pone en riesgo la integridad física de los maestros que acudan a su evaluación, se actuará conforme a la ley”.
La responsable jurídica de Centro de Derechos Humanos Gobidxha, Alba Cruz Ramos, declaró que “vemos un escenario semejante al de 2006, vemos tanquetas, militares, aviones de la Policía Federal y miles de federales en territorio de Oaxaca, y no queremos otro 25 de noviembre donde se vulneren los derechos humanos para reprimir un conflicto sociopolítico”.
Y agregó que la “exigencia es desmilitarizar el estado porque ello no ha traído nada bueno; al contrario, se ha acrecentado la violencia, vemos más grupos de la delincuencia organizada y no queremos más violaciones a derechos humanos ni detenciones arbitrarias”.
El secretario técnico de la red de organismos civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), Fernando Ríos, señaló que lo que observan es un “un embate político para acallar una voz crítica, así como la persecución contra la Coordinadora y el movimiento magisterial”.
FUENTE. PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421585
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