En un comunicado, la Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad (AMCI), Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia, Católicas por el Derecho a Decidir y México Unido contra la Delincuencia, entre otras agrupaciones, subrayaron que el exvocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) “no es un servidor público confiable” y desconoce “los principios éticos democráticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana”.
Demandaron que en la designación del nuevo subsecretario, la Segob tome en cuenta la experiencia y conocimiento en la materia, así como la sensibilidad y capacidad de diálogo.
Las agrupaciones destacaron que su propósito de mantener la vigilancia en torno al nombramiento del o la sucesora de Escobar y el desarrollo del programa nacional de prevención del delito, es para que el nuevo titular contribuya a los fines de la Subsecretaría y “para que no sea utilizada como espacio de negociación política o electoral”.
Señalaron que desde el nombramiento de Escobar, “las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la prevención social de las violencias señalamos su falta de calidad moral y profesional para ocupar el cargo”.
Específicamente denunciaron que como senador del PVEM, en 2009, “fue sorprendido con una maleta con 1.1 millones de pesos llegando al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.
Y añadieron que la empresa que contrató la propaganda de los Cineminutos “es propiedad de Adrián Escobar, hermano de Arturo Escobar”, quien como subsecretario “estuvo visitando Chiapas (el 7 de septiembre) y realizando eventos de promoción con el gobernador Manuel Velasco, recorriendo los polígonos de Tuxtla Gutiérrez que forman parte del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) y prometiendo mayores recursos”.
En su comunicado, las organizaciones también pidieron que en el proceso que se siga contra el inculpado se respeten sus derechos humanos, y que conforme a los tratados internacionales se garantice su defensa y acceso a la justicia.
Ayer, momentos después de que Escobar formalizara su renuncia a través de su cuenta en Twitter, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) confirmó, en un acto sin precedentes, que había consignado la averiguación previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por el exvocero del PVEM
En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el juez tiene 10 días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421737
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