Agrega que esa criminalización “significa también el gasto de recursos institucionales para el procesamiento penal” de los consumidores.
Publicada el año pasado y auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la investigación se sustenta principalmente en estadísticas de diversas dependencias públicas del sector salud y del ámbito de procuración de justicia.
De entrada presenta un panorama global sobre el consumo de drogas ilícitas en el país.
Apunta: “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones en 2011, cerca de 1.200,000 personas habían consumido alguna sustancia ilícita en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta”.
Todas estas personas están expuestas a ser tratadas como “delincuentes”, pese a que “el consumo de sustancias ilícitas no es un delito”. Pero en los hechos, recalca, “los datos muestran que el consumo es manejado como delito en nuestro país”.
Y luego detalla las “dos formas” en las cuales se criminaliza a los consumidores, incluso hasta llevarlos a prisión.
Expone: “Por una parte, cuando consumidores portan cantidades iguales o inferiores a las señaladas en la tabla de dosis máximas de la Ley General de Salud, son detenidos y procesados por consumo por las instituciones penales federales y locales.
“Por otra, cuando poseen cantidades superiores a las señaladas, son detenidos y procesados, siendo en este caso equiparados a narcomenudistas y castigados por el sistema penal como tales, lo que implica la imposición de penas de prisión”.
A escala nacional fueron detenidos 140 mil 860 consumidores entre 2009 y 2013, de acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría General de la República. El informe indica que las entidades donde hubo más detenciones fueron Jalisco, el Distrito Federal, Baja California y Guanajuato.
En ese mismo periodo –sigue el estudio– en el sistema federal se iniciaron 53 mil 769 averiguaciones previas por consumo de droga. Y “aunque no fueron sancionadas penalmente, se trata de personas que estuvieron sujetas a un proceso penal. Es decir, fueron llevadas ante el Ministerio Público y se inició un proceso penal en su contra”.
La investigación indica que en la “población carcelaria” también se refleja “la importancia de los consumidores como objetivo del sistema de procuración de justicia”.
Estadísticas
Con base a la Primera Encuesta en los Centros Federales de Readaptación Social, elaborada en 2012, el estudio detalla: “40.7% de los internos sentenciados en los centros federales afirmó estar sentenciado por transporte de drogas, 38.5% por posesión (traer consigo), 15.4% por vender al menudeo, 8.9% por traficar, 4.9% por vender al mayoreo, 3.2% por ‘fomento al narcotráfico’, 3.0 % por suministro, 1.8% por consumo y 1.8% por plantar o cultivar drogas”.
Señala que a pesar de ponerse en marcha la Ley del Narcomenudeo, que pretendía “descargar” en los sistemas penales estatales “una parte importante de los casos que saturaban al sistema federal”, las cosas no han sido así, pues las autoridades federales siguen procesando casos que competen al “orden local”.
De 71 páginas, El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México alude igualmente a los “tratamientos forzosos” a los cuales son sometidos muchos consumidores de drogas.
Aporta las siguientes cifras: “Entre 2009 y 2012 se iniciaron 7,797 tratamientos forzosos a ‘farmacodependientes’ (el término usado en la ley para referir a los consumidores que se consideran problemáticos); de ellos, 82% ha concluido el tratamiento”.
Menciona a Baja California, Nayarit y Morelos como los estados donde más abunda este tipo de atropello contra los derechos humanos de los consumidores. Sólo la primara entidad acapara 68% de los tratamientos forzosos del país.
Señala que la mariguana es la “droga ilegal” de “mayor consumo” en México –con una “prevalencia anual” de 1.2%–, seguida por la cocaína –con una prevalencia de 0.5%–. Pero ambas drogas están muy por abajo del consumo del alcohol y el tabaco, con prevalencias de 51.4% y 21.7%, respectivamente.
También están muy por abajo como causas de muerte. Por ejemplo, la mariguana fue detectada en 2.1% de las muertes por “accidente”; el alcohol, en 90.2 %. En “homicidios”, la mariguana se detectó en 5.8% de los casos, y el alcohol en 81.8%; en los “suicidios”, la mariguana en 2.6% y el alcohol en 87%, según datos de 2012 de la Secretaría de Salud.
Por otro lado, la investigación indica que aunque hay “varias ramas del derecho” que regulan el uso de sustancias ilícitas en México, es sin embargo la rama penal la que principalmente se le aplica a los consumidores de droga.
Agrega: “Para muchos de los usuarios de sustancias ilícitas el consumo ha implicado caer bajo la actuación directa de las instituciones penales, con todos los costos que ello implica. Para otros, ha significado el riesgo de participar en mercados ilícitos y de consumir sustancias de procedencia y calidad desconocida”.
Y concluye: “Aunque existe cierto consenso, tanto a nivel nacional como internacional, respecto a que el consumo no debe ser un asunto de índole penal, sino uno de salud, la respuesta del Estado mexicano ante el consumo de sustancias ilícitas ha sido principalmente la de perseguir penalmente y marginar socialmente a los usuarios”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420362
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