La actuaria federal –reinstalada por el CJF hace dos semanas en su cargo, pese a los señalamientos– aparece como una de las defensoras de este polémico empresario de casinos y de establecimientos de table dance en la capital de Nuevo León.
El nombre de Puente Martínez aparece en los documentos relacionados con el juicio por el cual se disputó legalmente en el 2014 la posesión del Casino Revolución de Monterrey, propiedad de la familia del polémico Garza Cantú.
Este centro de apuestas –que protagonizó sucesos violentos como atentados– fue cerrado hace tres años por las autoridades municipales de Monterrey por carecer permisos.
La funcionaria federal, de acuerdo a los documentos que tiene en su poder Reporte Indigo, se desempeñó como uno de los abogados de Víctor Manuel Garza Cantú, albacea de la sucesión a bienes del codemandado Rogelio Garza Cantú.
En el juicio de arrendamiento aparece la firma de Puente Martínez –así como su credencial de elector– junto con la de los abogados Augusto Salinas Muzquiz y Blanca Saavedra Hernández.
La demanda de arrendamiento fue interpuesta por María Luisa Muzquiz Ramírez y Fernando Javier Muzquiz Ramírez, en contra del Grupo Restaurantero Revolución, que era presidido por Rogelio Garza Cantú, conocido como “El Diablo”.
Tras la muerte de Garza Cantú, tanto los table dances como el casino Revolución pasaron al control de la familia del casinero.
La demanda de arrendameinto bajo el número 20/2014 –en la que aparece el nombre de Puente Martínez- se desahogó en el Juzgado Segundo Civil Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León.
La denuncia del exalcalde
Hace dos años, Puente Martínez fue denunciada junto con otros funcionarios del Poder Judicial de la Federación por el entonces alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz.
La denuncia promovida por el exedil panista fue presentada el 14 de enero del 2014 ante el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que controla y vigila la actuación de jueces y magistrados federales.
El escrito de denuncia señalaba al secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León, Édgar Fernando Martínez Galván, además de la actuaria Puente Martínez.
De acuerdo al Municipio de San Pedro, tanto Martínez Galván como Puente Martínez se coludieron para retrasar el trámite de recursos de revisión que interpuso el Ayuntamiento sampetrino en contra de amparos otorgados en su momento por el juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís.
Barbosa Alanis es uno de los jueces que el Consejo de la Judicatura Federal ha suspendido para investigarlo por sus presuntos nexos con casineros.
Tras la denuncia en su contra, Puente Martínez fue suspendida por el Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo hace dos semanas fue reinstalada en su cargo como lo publicó Reporte Indigo.
La funcionaria se reincorporó a cargo sin que hasta el momento el Consejo de la Judicatura Federal haya informado sobre si hubo deslinde de responsabilidades en su contra o si fue exonerada o simplemente el CJF, que preside el ministro Luis María Aguilar, no actuó en contra de ella.
La revelación de su regreso al Primer Tribunal Colegiado provocó que Ruiz presentara hace una semana escrito de inconformidad en el CJF por su decisión de nombrarla otra vez actuaria.
“Las conductas imputadas a la denunciada Diana Francia Puente Martínez, son de tal gravedad que ameritan la puntual información de su restitución e incorporación a las funciones en el Tribunal Colegiado de Circuito”, reclamó Ruiz en su escrito.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
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