Durante una jornada de protesta por las agresiones que sufrieron dos integrantes de esa red en un barrio de Comitán, los líderes del movimiento denunciaron que en la entidad no sólo existe una homofobia social y gubernamental, sino también una homofobia estructural que limita el libre derecho de la preferencia sexual, y las instituciones responsables no hacen nada para garantizarlo.
Rosemberg López Samayoa, de Tapachula; César Alejandro Román Trujillo, de Comitán, y José Eliezer Esponda Cáceres, de Tuxtla, salieron a las calles de esta ciudad, junto con otros 50 jóvenes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexuales, Trasvestis, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI), para manifestar su rechazo a la violencia contra ese grupo.
La protesta –en la entrada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)– derivó del incidente ocurrido la semana pasada en el barrio Jerusalén de Comitán, donde Qeudín García Pérez y Byron Aguilar Pérez fueron detenidos y amarrados durante 18 horas, además de que los pobladores los amenazaron con rociarlos de gasolina y quemarlos vivos, luego de acusarlos de un presunto robo.
De acuerdo con los integrantes de la marcha, se comprobó la inocencia de ambos jóvenes, pero una turba los juzgó “por el simple hecho de ser transexuales”.
Rosemberg López Samayoa denunció que la homofobia estructural existente en el estado incluye una homofobia social e institucional, ya que por tratarse de la comunidad gay, las instancias de procuración e impartición de justicia no investigan no sancionan las agresiones contra ese sector de la población.
Detalló que de 2014 a 2015 han sido asesinados 24 jóvenes homosexuales en Chiapas, y tienen el registró de que ninguno de los casos se ha investigado ni los responsables han sido detenidos.
En un documento entregado a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, los miembros de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas demandaron al gobernador Manuel Velasco Coello que haga valer los preceptos constitucionales, leyes y reglamentos que protegen los derechos humanos de los chiapanecos.
Y al titular del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas, le pidieron que en el ámbito de su competencia instale una mesa de trabajo para que le expongan los casos de impunidad que prevalecen en el sistema judicial del estado.
En tanto, exigieron a los 41 diputados locales que impulsen leyes que protejan y den seguridad jurídica de la población LGBTTTI, y modifiquen aquellas que menoscaben y violenten los derechos humanos.
De igual manera, demandaron a la Secretaría de la Función Pública que investigue y sancione a los servidores públicos que incumplen con su labor en el ejercicio público, y a la CEDH que sea más activa en la promoción y defensa de los derechos humanos y salga de la pasividad en la que se encuentra inmersa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421853
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