Ese día, cinco meses después de anunciar una investigación sobre la contabilidad y los informes al mercado bursátil de la empresa, la CNBV informó que detectó anomalías en las cláusulas de “rentabilidad garantizada” del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) –la obra carretera más importante y de la que depende más del 40% de los ingresos de OHL–, así como de Viaducto Bicentenario y la Autopista Urbana Norte, esta última en el Distrito Federal.
En un comunicado que envió desde Madrid al mercado bursátil, OHL negó que haya incurrido en esas irregularidades, las cuales pueden derivar en sanciones contra la firma y sus directivos, especialmente el director de la filial mexicana, Sergio Hidalgo, y contra los directores económico, Raúl Revuelta Musalem, y jurídico, Gerardo Fernández Reyes.
La notificación de la CNBV prácticamente le da la razón a la mayoría de los argumentos y demandas que ha ventilado públicamente la empresa Infraiber, cuyo abogado y principal vocero, Paulo Díez Gargari, fue detenido el 7 de septiembre último para ser presentado en calidad de “testigo” por el presunto delito de interferencia ilegal de comunicaciones, en un claro intento de responsabilizarlo por más de seis audios que circularon en YouTube donde se presume una complicidad entre directivos de OHL y funcionarios mexiquenses y federales.
La detención de Díez Gargari derivó en otro escándalo mediático porque los agentes de la PGR le sembraron un arma y luego lo acusaron de posesión ilegal de esa misma arma. Un video confirmó esta acción, al tiempo que las instalaciones de Infraiber fueron cateadas el viernes 10 de septiembre como parte de un operativo para localizar “equipo de espionaje”.
La PGR actuó a la vez que OHL anunciaba a la Bolsa Mexicana de Valores que había interpuesto una denuncia penal en contra de Infraiber y “terceras personas físicas” por “la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas mediante las cuales se pretende extorsionar a la compañía”.
El ataque a Infraiber, firma especializada en la medición del aforo vehicular de las carreteras concesionadas del Estado de México, ocurrió un año después de que esa compañía documentó que OHL ha recaudado de manera irregular, desde enero de 2013, 50 centavos por cada automóvil que transita en el Circuito Exterior Mexiquense.
Ifraiber denunció también que las ampliaciones al título de concesión a OHL han sido igualmente irregulares, pues le han permitido cobrar 50 centavos extra a cada automovilista, y calculó que desde enero de 2013 hasta agosto de 2015 OHL había recaudado de esa forma más de 113 millones de pesos.
El reporte de la CNBV provocó que las acciones de OHL cayeran drásticamente al inicio de la semana pasada, pero se recuperaron con inyección del fondo de recompra del mismo consorcio.
Según el documento de la Bolsa Mexicana de Valores, fechado el 26 de octubre, desde el 12 de junio pasado OHL México ha recomprado 19 millones 201 mil acciones propias y ha utilizado 457.6 millones de pesos de su fondo de recompra. Sólo le quedan 92.3 millones de pesos. A este ritmo, podría quedarse sin recursos ante la repercusión de la investigación de la CNBV en el mercado bursátil.
En su citado reporte, la CNBV considera incorrecto que los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal deban pagar lo que OHL alega como cumplimiento por un aforo vehicular mínimo que le permita recuperar su inversión y obtener una ganancia neta libre anual de entre 10 y 7%.
La comisión entiende “que en dichas concesiones no existe una obligación incondicional de pago en el sentido que la define el Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRIC 12, por sus siglas en inglés)”.
OHL tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para responder a las observaciones de la CNBV antes de que procedan las sanciones.
Para Díez Gargari, el engaño de OHL radica en hacer creer que tiene una “cuenta por cobrar” en contra del erario mexiquense por el monto de la “rentabilidad garantizada”, que tan sólo en el caso del CEM asciende a 29 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2014; “algo así como 75% de la deuda pública del estado”.
Díez Gargari envió el 29 de octubre una carta a Ávila en la que expone: “¿Va a litigar el gobierno del Estado de México del lado de OHL, en contra de la CNBV, de los mexiquenses y de los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense?… Si el gobierno del Estado hubiera asumido una obligación incondicional de pago de dinero a favor de OHL sin contar con la autorización previa de la Legislatura estatal, el gobernador del Estado de México, como autoridad en materia de deuda pública, habría incurrido en violaciones graves a la Constitución”.
Además, le recuerda al gobernador que el monto reclamado por OHL (29 mil millones de pesos) es muy superior a los 12 mil millones de pesos de rentabilidad garantizada que reconoció y aprobó el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) en los registros semestrales de inversión firmados por el propio SAASCAEM y OHL”.
Videgaray y Banobras
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) emitió el 31 de marzo de 2015 una garantía a favor de OHL hasta por 773.9 millones de Udis, equivalentes a 4 mil 99 millones de pesos. Fueron colocados como certificados de Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI).
La operación fue denunciada por Díez Gargari en este semanario (Proceso 2029). En una carta de réplica, el gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Banobras, Jorge Andrés Gómez Pineda, negó que tal crédito constituyera deuda pública “por tratarse de operaciones bancarias activas”, y afirmó que en su autorización no intervinieron ni el Consejo Directivo de Banobras ni el secretario de Hacienda (Proceso 2030).
En respuesta a esta réplica y en una carta enviada el 26 de octubre al titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, Díez Gargari le recordó que la garantía Banobras “es una operación constitutiva de deuda pública” en los términos de ley, ya que Banobras “asume una obligación incondicional de pago de dinero, es decir, un pasivo”.
El abogado de Infraiber le advierte a Videgaray que los recursos derivados de los certificados OPI fueron destinados a pagar anticipadamente “cierto crédito otorgado por Goldman Sachs a favor de OPI hasta por 300 millones de dólares. Con parte de estos recursos, OPI otorgó a su vez un crédito a Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (OHL) como parte del refinanciamiento llevado a cabo por OHL en diciembre de 2013, con cargo al Circuito Exterior Mexiquense”.
Díez también subraya que en caso de que “Banobras se vea obligado a realizar cualquier pago al amparo de la Garantía Banobras, su única fuente de reembolso está constituida por esos mismos supuestos (pero altamente improbables) derechos residuales de OPI”, los mismos que la CNBV considera irregulares.
Dicha garantía “debió ser autorizada por el Consejo Directivo de Banobras (que usted preside) en términos de lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Deuda” y “también debió ser autorizada por la secretaría, de conformidad con lo establecido en las fracciones III y IV del artículo 19 de la Ley de Deuda”.
“Inexplicablemente, ni el Consejo Directivo de Banobras ni la Secretaría autorizaron la Garantía Banobras, por lo que esta última está afectada de nulidad absoluta”, afirma Díez Gargari en su carta, de la que Proceso tiene copia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
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