“Desde hace un tiempo un grupo de organizaciones y académicos hemos expresado constantemente nuestra preocupación en torno a la politización de estos procesos particularmente tomando en consideración el proceso inmediato anterior de designaciones”, dijo esta mañana Mario Patrón, directo del Centro Prodh.
El 13 de noviembre el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado las ternas de aspirantes; sin embargo las organizaciones detallaron que no hubo una justificación de los candidatos y por tanto el proceso carece de garantías, transparencia y participación ciudadana.
La primera de las ternas presentadas por el Presidente Enrique Peña Nieto está integrada por: Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle. La segunda terna está conformada por: el Magistrado Álvaro Castro Estada, el Fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek.
El próximo 30 de noviembre, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero culminarán su cargo como ministros del máximo tribunal de justicia del país, el cual asumieran en 1995. De acuerdo con lo contenido en la Suprema Corte, el Senado debe votar para confirmar las nominaciones hechas por el Presidente.
Samuel Kenny, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que se pidió a Presidencia de la República elementos que comprueben que se garantizará la independencia judicial de la Suprema Corte, una garantía de participación y transparencia del proceso de elecciones y cómo se fundamentara la elección de estos candidatos.
“A estas preguntas la respuesta fue: no existen los documentos. O sea Presidencia no tiene ningún elemento para conformar la terna de candidatos”, dijo Kenny.
En su intervención, Ivan García, investigador de Borde Jurídico, manifestó la preocupación de diversas organizaciones de que se pudiera dar en el Senado de la República una designación fast track de los dos ministros y de que se ignore el proceso de comparecencia ante el comité de justicia.
“Puede ser que el día de mañana muchos de los senadores y senadoras ya tengan una opinión respecto al voto como debe de ir en la designación de ministros de la Corte, aunque no se haya llevado a cabo una comparencia ante la Comisión de Justicia que determine que cumple con los requisitos tanto de Constitucionalidad como de fondo”.
“Si no se logra que los mejores y más independientes abogados lleguen a la corte, se pierde la esencia de la democracia: la independencia judicial”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la justicia y Estado Democrático de Derecho.
Ana Aguilar, del Instituto de Justicia Procesal Penal, comentó que hasta el momento nadie sabe quiénes son los candidatos que comparecerán mañana en el Senado, pues tienen hasta las 23 horas de este lunes para enviar sus documentos.
Aguilar expresó sentirse preocupada porque los senadores tendrán menos de 24 horas para analizar los perfiles y por tanto podrían tomar una decisión errónea.
Los representantes se las organizaciones detallaron que actualmente no existe un procedimiento formal sobre la elección de ministros que obligue a elegir a los mejores perfiles y pusieron de ejemplo la designación del hoy Ministro Eduardo Medina Mora, quien fue criticado de ser más político que jurista.
“Se necesita una reforma porque la Presidencia no tiene criterios formales para el designio. Necesitamos garantías de imparcialidad, porque es un proceso deficiente”, opinó Layda Negrete de México Evalúa.
La Mesa Directiva aprobó un acuerdo para la designación de ministros que se modificó tan sólo un día después, adelantando con ello la comparecencia de diciembre, como estaba originalmente previsto para la sustitución de dos magistrados el próximo 30 de noviembre.
Y como la elección está en sus manos puede que concrete mañana mismo, pero los inconformes denunciaron que de realizarse sería por acuerdos políticos y no por el perfil de los aspirantes, y con ello se debilitarían las instituciones y se limitarían los contrapesos y las atribuciones de la SCJN.
“Cualquier acuerdo de la Mesa Directiva para restringir la amplitud y profundidad de estas comparecencias es un límite a nuestro derecho a contar con jueces imparciales”, comentó el académico Iván García Gárate.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/23-11-2015/1560269
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