Lo anterior abre la posibilidad de que para hacer efectivo el derecho de acceso a información pública se deba esperar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que se judicialice el derecho, advierte el Colectivo por la Transparencia.
Que haya contradicciones entre la Ley Federal y la Ley General de Transparencia permite que una autoridad aplique una u otro sin priorizar el derecho de acceso a la información del ciudadano.
“La autoridad del nivel federal aplicará la Ley Federal. Sin embargo, una autoridad con base en la Constitución tendría que aplicar el artículo que le beneficie más al ciudadano. Y si está en la Ley General y aunque se contradiga con la Ley Federal debería aplicar el primero. Pero en la práctica esto no sucede. No podemos tener una ley que sea incongruente con la otra”, explica Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19.
Esto llevará a que el ciudadano tenga la opción de acudir a un juicio para solicitar que se aplique el artículo que más expanda su derecho y aunque eventualmente la Suprema Corte de Justicia tendría que declarar inconstitucional que se obstaculice el derecho a la información, el hecho de que un ciudadano pase por un juicio para tener los datos que solicitó atenta contra el principio de acceso rápido y expedito a información pública que marca la Constitución.
Una Ley General establece principios, bases generales y procedimientos para garantizar determinado derecho desde los tres órdenes de gobierno. La Ley Federal se enfoca en los sujetos obligados sólo de la administración pública federal.
Según Ana Cristina Ruelas, esta es la primera vez que se intenta tener una ley General y otra Federal para legislar sobre la misma materia; normalmente la primera atañe también a la administración pública federal.
El problema de “este experimento”, dice Ruelas, es que la Ley Federal contradice la Ley General que se promulgó en mayo pasado.
Por ejemplo, en la Ley General de Transparencia se prevé que los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tendrán acceso a la información que se clasifique como reservada para determinar si es de interés público o si están justificados los motivos de su clasificación.
En la Ley Federal que aprobó el Senado en comisiones se establece lo contrario. El INAI no tiene acceso a la información que se busque mantener en secreto; y por lo tanto, no puede actuar en consecuencia.
“Es imposible que el INAI pueda determinar que una información es clasificada si no la tiene a la vista para evaluar el daño que genera su publicidad. Como lo planea la Ley Federal, en contradicción con la Ley General, es una violación directa a la Constitución porque para que te restrinjan un derecho humano (en este caso, el acceso a la información) tiene que haber una motivación que de lugar a la clasificación del derecho de acceso. Si no tiene a la vista el documento pues no es posible que restrinjan el derecho”, explicó Ruelas.
Pero hay otros focos rojos en esta Ley.
Por ser la legislación federal, debería dejar en claro qué proceso seguirá el recurso de revisión en materia de seguridad nacional que está en manos del Consejero Jurídico de Presidencia.
La Ley General de Transparencia indica que el Consejero Jurídico podrá interponer un recurso si considera que la información atenta contra la seguridad nacional, aún cuando exista una resolución del INAI para publicitarla.
El primer caso ocurrió recientemente, cuando los comisionados ordenaron publicar las bitácoras de viaje del Estado Mayor Presidencial sobre las aeronaves presidenciales. El Consejero interpuso un recurso y es posible que éste se resuelva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De nuevo, se judicializa el derecho a la información y se atenta contra el principio que marca la Constitución de que debe ser rápido y expedito; pues el ciudadano deberá esperar a que la Corte lo resuelva.
Este proceso con el Consejero Jurídico de Presidencia, en cuanto a tiempos para culminarse y formas, debería estar detallado en la Ley Federal de Transparencia, pero lo omite.
“La Constitución dice que el derecho al acceso a la información tiene que ser expedito y de alguna manera la Ley General de Transparencia en los primeros 20 artículos se habla de ese principio. Sin embargo, la falta de claridad en el proceso en esta Ley Federal da lugar a que la revisión se de en los tiempos que la Corte estime necesarios para resolver, podemos hablar de años”, dijo Ruelas.
En esta Ley Federal se incluyeron 272 obligaciones más de transparencia. 79 para el poder Ejecutivo; 23 para el legislativo; 8 para el Judicial; y 85 a órganos autónomos.
Entre éstos, se obliga a Hacienda a exhibir los nombres de los beneficiarios de condonación de créditos fiscales; también se deberán publicar procesos para designar jueces y magistrados; y procesos de control de confianza por estado e institución; así como publicitar la incidencia delictiva a nivel federal por tipo de delito, género y edad.
El documento aprobado por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda pasará al Pleno y todavía hace falta su aprobación en la Cámara de Diputados. Es el cuarto dictamen de Ley Federal de Transparencia que discute el Senado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/en-el-senado-avanza-la-ley-federal-de-transparencia-pero-contradice-a-la-ley-general/
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