Un estudio de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró que la primera autopsia realizada al cuerpo del joven tuvo inconsistencias y contradicciones, por lo cual recomendó exhumarlo para hacer un nuevo estudio.
Mondragón fue uno de los seis asesinados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en Guerrero, aunque esas muertes quedaron en el olvido ante la magnitud de las 43 desapariciones forzosas de los estudiantes, cuyo destino todavía se desconoce.
El joven tenía 22 años cuando falleció, estaba casado y tenía una niña de dos meses en ese momento.
La autopsia original, realizada por la fiscalía estatal, señaló que el desollamiento se realizó con arma blanca pero en otra parte del mismo estudio lo atribuye a la fauna del lugar. La familia del joven consideró esta última posibilidad una “burla”.
En un reciente comunicado, los Mondragón denunciaron también que de las 13 fotografías a color del cadáver que hizo el perito de turno, sólo siete se integraron en el expediente y en blanco y negro.
La familia ha acusado a autoridades de los tres niveles de gobierno de “obstaculizar la investigación” y pidieron que en la exhumación estuvieran presentes los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha participado en el análisis de las pruebas encontradas tras la desaparición de los 43 estudiantes.
“Lo único que pedimos es la verdad”, dijo Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César, quien reconoció que tomar la decisión de exhumar el cadáver fue difícil porque implicaba volver a enfrentarse cara a cara con el horror que el joven vivió aquella noche.
El reporte de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el cuerpo de Mondragón tenía “visibles muestras de tortura”, sin embargo ese delito no se menciona en la investigación estatal.
La abogada de la familia, Sayuri Herrera, confió en que la nueva autopsia deje constancia clara de que Julio César fue torturado.
Además, la familia y su abogada esperan que si se confirma la tortura, la Procuraduría General de la República atraerá el caso, como los expertos han recomendado por meses, ya que ese es un delito federal que debe investigarse de oficio.
De acuerdo con los expertos independientes, la noche del 26 de septiembre de 2014 policías locales vinculados con el crimen organizado lanzaron un ataque desproporcionado y coordinado contra alumnos de Ayotzinapa que habían llegado a esa ciudad, 200 kilómetros al sur de la capital, a tomar varios autobuses para ir a una manifestación.
Su informe dijo que todo ocurrió bajo la atenta mirada de las fuerzas federales y del ejército que no hicieron nada por ayudar a las víctimas. Además, el documento tumbó la versión oficial de que los 43 fueron calcinados en un basurero y constató obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas y serias negligencias por parte de algunas autoridades.
El cadáver de Mondragón fue localizado por militares la mañana del 27 de septiembre tirado en una calle de Iguala. Las fotografías del cuerpo con el rostro arrancado fueron subidas a internet.
Las familias de las víctimas de Ayotzinapa sospechan que el ejército pudo estar involucrado por acción u omisión en los ataques contra los estudiantes, aunque hasta ahora lo único que se ha determinado es que fueron testigos de los hechos y no hicieron nada para evitarlo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
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