A través de la agrupación denominada Compas DH, cinco de los 11 ciudadanos detenidos, así como los defensores de derechos Humanos Layda Negrete y Juan Martín Pérez, víctimas de la agresión, presentaron denuncias por abuso de autoridad, detención ilegal, tortura, uso ilegítimo de la fuerza y falsedad de declaraciones.
Los cinco activistas que fueron detenidos y procesados por tentativa de homicidio, asociación delictuosa y motín son: Atzin Andrade, Hugo Bautista, Isaac Domínguez, Luis Carlos Pichardo y Tania Damián.
Con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de académicos e intelectuales como Denisse Dresser, Lorenzo Meyer, Luis González Placencia y Lydia Cacho, los denunciantes demandaron el esclarecimiento de los hechos en los que participaron efectivos de la Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal y, según algunos testimonios, del Ejército mexicano.
También exigieron determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en el diseño del operativo, así como la reparación de daño.
Margarita Griesbach, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos Humanos de la Infancia (ODI), recordó que en el proceso penal que se siguió a los 11 inculpados –remitidos por la Procuraduría General de la República (PGR) a los penales de máxima seguridad de Perote y Nayarit –, “cinco policías federales declararon que los detenidos se llamaban entre sí ‘compas’ y que eso los hacía cómplices, que habían sido detenidos frente al Palacio Nacional, que formaban parte de un grupo de 40 personas y que estaban tratando de asesinar a un policía”.
No obstante, dijo, las acusaciones cayeron cuando se demostró que las detenciones ocurrieron en distintos sitios al señalado.
“Es una estrategia que va más allá de cinco policías que decidieron detener arbitrariamente y fabricar delitos. Un punto fundamental es establecer responsabilidades más allá de estos servidores públicos”.
De acuerdo con Griesbach, se trata de una estrategia que también se aplicó en manifestaciones “que se ubican entre 2012 y 2014 en contra de acciones de esta administración: del 2 de octubre, 1 de diciembre y las relacionadas con Ayotzinapa”.
Y precisó que si hay voluntad del Estado, el asunto se va a esclarecer sin ningún problema.
“En la denuncia se piden garantías en términos de satisfacción, que muchas veces se considera un monumento, una disculpa pública, nosotros lo entendemos. Como el derecho a la verdad, tiene que ver con un esclarecimiento de cómo sucedieron los hechos, el reconocimiento de que no fueron acciones de unos servidores públicos actuando por la libre, necesitamos saber cómo se organizó, cómo se planeó, y esa verdad constituye una pieza indispensable para garantías de no repetición”, añadió.
Las denuncias fueron presentadas el pasado viernes 20 en la PGR, pero también ante la Secretaría de Gobernación (por reparación administrativa), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Comisión Nacional de Seguridad, y a nivel local ante la SSP capitalina, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaria General de Gobierno.
En las querellas se reproduce el contexto en que se han desarrollado las manifestaciones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y la respuesta violenta de los cuerpos policiacos federales y del DF, así como el testimonio de cinco de los detenidos esa noche, y el de Juan Martín Pérez y Layda Negrete.
Como pruebas de la política represiva en la ciudad a partir de 2012, se incluyó la recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y actas circunstanciadas de la quejas presentadas ante ese organismo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos el 20 de noviembre de 2014.
Destacan también los protocolos de operación de las corporaciones policiacas que participaron en la represión, la inspección de las videograbaciones captadas por las cámaras de la SSP del DF, así como los certificados del estado de salud de los detenidos, elaboradas por los visitadores de la CNDH y la CDHDF.
Y además de las resoluciones judiciales, los denunciantes ofrecen como pruebas videos grabados por particulares referentes a las detenciones ocurridas en aquella ocasión, así como notas periodistas.
Luis Carlos Pichardo, uno de los manifestantes que fue detenido y posteriormente liberado el 29 de noviembre del año pasado, habló del miedo que sufrió cuando él y sus compañeros fueron “incomunicados, golpeados, amedrentados y humillados”.
Dijo que aún recuerda las patadas que le propinaron “elementos del Ejército y de la Policía Federal, que al golpear decían: ‘tienes miedo, tienes miedo’”.
Luego de señalar que fueron vulnerados sus derechos, incluso “nuestras necesidades fisiológicas”, además de que “fuimos señalados como delincuentes”, Pichardo relató que decidió apoyar la iniciativa de Compas DH porque “lo que se está necesitando en este país es justicia y para que eso que sufrimos no vuelva a suceder”.
Por su parte, Juan Martín Pérez García sostuvo que la represión del 20 de noviembre del año pasado “pretendía trastocar la solidaridad a la que fuimos convocados por los hechos de Ayotzinapa, que no cabe duda pasarán décadas y seguirá siendo una herida para México”.
A un año de los hechos, cuando en las redes sociales y medios de comunicación se publicó una imagen de Pérez García tratando de proteger a su familia de los golpes de granaderos, éste manifestó que con las querellas presentadas se busca “que no quede en el olvido lo ocurrido esa noche, que no nos conformemos con lamernos las heridas para estar listos para la siguiente agresión del Estado. Lo que se requiere es que se investigue, aunque sea a través de la máquina podrida del Estado mexicano”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
FECHA: 26 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421777
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