“El horror que se vive en el país parece interminable y no nos resignamos a ello, se deben investigar a fondo y a la brevedad las irregularidades respecto a esas fosas clandestinas e ilegales y presentar públicamente las conclusiones correspondientes”, demandaron en una carta dirigida al presidente, el gobernador morelense y otras autoridades federales y estatales.
Además de las violaciones a la ley que implican fosas clandestinas abiertas por una fiscalía, presumen que este hecho “puede configurarse como un crimen de lesa humanidad”.
Los inconformes exigieron el involucramiento de todos los niveles de gobierno para responder a esta inquietud social que resulta una “afrenta y preocupa a la sociedad morelense y a todos los mexicanos de buena voluntad”.
En la carta firmada entre otros por Raúl Vera López, Javier Sicilia, Alejandro Solalinde, Jesús Robles Maloof, Daniel Jiménez Cacho, Jacobo Dayán, Miguel Concha Malo y Michael W. Chamberlin, cuestionaron: “¿Por qué dadas las condiciones de desaparición en el país no se hicieron las pruebas correspondientes, entre otras, las de ADN?” a los cuerpos encontrados en las fosas.
Cuestionaron también si poner las carpetas de investigación a disposición del público incluye la posibilidad de que los familiares de personas desaparecidas puedan realizar estudios para verificar que sean o no las víctimas, y si el gobierno del estado tiene suficiente capacidad para evitar la proliferación de fosas clandestinas o en lugares que no cumplen con las especificaciones jurídicas y de salud.
Las organizaciones exigieron a las autoridades “responder públicamente” a la sociedad civil mexicana estas y otras preguntas a “investigar a fondo” las irregularidades y violaciones a la ley que representan las “fosas clandestinas e ilegales”, así como hacer públicas las conclusiones de dichas investigaciones, “a la brevedad”.
Los firmantes de la carta consideraron que las actuaciones de la Fiscalía del Estado fueron revictimizantes al realizar las pruebas necesarias para comprobar si los cuerpos corresponden o no a sus familiares desaparecidos.
Además estimaron que el hecho puede configurarse en un crimen de lesa humanidad y en una violación a la Ley General de Víctimas y al derecho de las familias de 83 desaparecidos documentados en Morelos en los últimos dos años y las de más de 26 mil desparecidos en todo el país.
Por ello exigieron, “más allá de la apertura de las carpetas de investigación, reabrir las fosas y establecer el número de cuerpos que contienen, además de que un grupo de peritos independientes coordinados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realicen las pruebas necesarias para determinar su procedencia”.
Asimismo, pidieron al gobierno del estado “establecer un diálogo activo y público con los familiares de las víctimas de desaparición y de los demás delitos, así como con organizaciones y colectivos que las acompañan, para crear estrategias y acciones concretas de respuesta a sus demandas”.
A los ayuntamientos les pidieron identificar “las fosas que dentro de su territorio se encuentren fuera de la Ley, pues está claro que no existe tal identificación”.
Finalmente, demandaron la promoción de una iniciativa de reforma en el Congreso del estado para dotar de la autonomía necesaria a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos, “para que pueda realizar su trabajo de reparación del daño y de acompañamiento psicosocial”.
La carta está firmada por colectivos de víctimas de Baja California, Distrito Federal, Veracruz, Guerrero, estado de México, Michoacán, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca, además de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, Colectivo Las Alamedas, El Grito Más Fuerte, Instituto para la Seguridad y la Democracia, Jóvenes Ante la Emergencia Nacional, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros.
UAEM, lista para los exámenes genéticos
Esta mañana, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, hizo suyo el contenido de la carta dirigida al presidente Peña Nieto y a Graco Ramírez, e instruyó al director del Instituto de Ciencias Aplicadas de esa casa de estudios, Iván Dunker, a crear el grupo de trabajo que pueda brindar el servicio a la comunidad para realizas las pruebas genéticas a los cuerpos en las fosas clandestinas.
En el marco de la inauguración del coloquio internacional Tejiendo Voces por la Casa Común, dijo que la UAEM pondrá a disposición toda su capacidad para apoyar a las familias de las víctimas con la parte técnica pero también con el acompañamiento legal e institucional.
Las fosas, resguardadas
Las fosas ya fueron “resguardadas” con cinta de seguridad por la propia Fiscalía del estado y solicitó a la policía del Mando Único establecer vigilancia las 24 horas, según confirmó un elemento de la corporación en turno.
Esta medida, confirmaron fuentes de la Fiscalía, se instrumentó a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicitó tomar medidas precautorias en tanto no se concluyan las investigaciones al respecto.
El pasado 5 de noviembre Apro dio a conocer la existencia de las fosas clandestinas de la Fiscalía tras una denuncia realizada por la familia Rodríguez Hernández.
La familia dio con esas fosas durante la búsqueda de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández, quien fue secuestrado y luego asesinado en 2013, y cuyo cadáver forma parte del grupo de los 150 cadáveres hallados en las fosas clandestinas de la Fiscalía.
Su cuerpo fue colocado “por error u omisión” en una de estas fosas clandestinas, por personal de la Fiscalía, a pesar de estar plenamente identificado por la familia a pesar de que existía una prueba de ADN que confirmaba plenamente la identidad del cadáver.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
FECHA: 12 NOVIEMBRE 2015
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420588
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