La CVO fue creada hace dos años para investigar el conflicto que protagonizaron la CNTE y la APPO hace nueve años en Oaxaca que provocó 25 muertes, alrededor de 500 detenidos, 380 torturados y cinco desaparecidos.
Como se dio a conocer el domingo pasado entre los citados a comparecer se encuentran los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa y el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, pero también se encuentran otros exfuncionarios de alto nivel.
Entre ellos: el exsecretario de la Defensa Nacional Gerardo Clemente Ricardo Vega García, el exsecretario de Marina Marco Antonio Peyrot González, el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Eduardo Medina Mora y el comisionado del Instituto Nacional de Migración Ardelio Vargas Fosado.
También están Jaime Domingo López Buitrón, del centro de investigación y seguridad nacional; Clemente Ricardo Vega, exsecretario de la Defensa Nacional; Augusto Moisés García Ochoa, exsecretario particular de la Sedena y a Juan Alfredo Oropeza Garnica general de la 28ª zona militar.
En el mismo tenor solicitó la comparecencia de Medina Mora, exsecretario de Seguridad Pública Federal; Marco Antonio Peyrot González, exsecretario de Marina; Francisco Arellano Noblecia, ex coordinador de las fuerzas federales de apoyo de la PFP; Ardelio Vargas Fosado, exjefe del Estado Mayor de la PFP, y Juan Manuel Herrera Marín, excomisionado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Otros exfuncionarios federales llamados a comparecer son: Daniel Francisco Cabeza de Vaca, exprocurador General de la República; Javier Arévalo Molina y Jordán de Jesús Alegría Orantes, exdelegados de la PGR; Gustavo Carlos Romero Kuhliger, auxiliar de la PGR; Francisco Garduño Juárez, exjefe regional de la Agencia Federal de Investigaciones y Celina Oseguera Parra, exdirectora del Centro Federal de Readaptación Social número 3, de Matamoros, Tamaulipas, quien se encuentra actualmente presa por su presunta responsabilidad en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.
Independientemente de que todos los exfuncionarios están siendo notificados formalmente en sus domicilios o centros de trabajo de la solicitud, la CVO que preside el padre Alejandro Solalinde les hizo un llamado público para que comparezcan del 25 de noviembre al 15 de diciembre próximos.
Dicha comisión considera que por acción u omisión participaron en los hechos que presuntamente violentaron derechos humanos o incurrieron en delitos contra la población civil participante, o no, en el movimiento social de 2006 y 2007.
Autoridades estatales
La lista dada a conocer el domingo pasado por la CVO incluye a varios exfuncionarios estatales.
Junto a Ulises Ruiz Ortiz encabezan la lista Evencio Nicolás Martínez Ramírez, exsecretario general de gobierno; Héctor Pablo Ramírez Puga, exsecretario técnico; Lizbeth Caña Cadeza exprocuradora general de justicia y Bulmaro Rito Salinas, expresidente de la Cámara de Diputados.
Además están en la lista los actuales aspirantes a la gubernatura del estado Héctor Pablo Ramírez Puga, actual director general de Liconsa, y el senador Eviel Pérez Magaña, quien en el sexenio de Ulises fue secretario de obras públicas.
Le siguen el exdiputado Genaro Vázquez Colmenares, Miguel Ángel Ortega Habib, exsecretario de finanzas y su secretaria particular Magnolia López Morales; Teófilo Manuel García Corpus, exsecretario general de gobierno; Jorge Toledo Luis, ex secretario general de gobierno; Heliodoro Díaz Escárraga, expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en 2006; José Manuel Vera Salinas, exdirector general de seguridad pública estatal y Manuel Moreno Rivas, exdirector de la policía ministerial estatal.
A la lista se suman Mercedes Rojas Saldaña, exdirectora de canal 9 Cortv; Pedro Ismael Díaz Laredo, exdirector de seguridad pública; Alma López Vázquez y Sergio Segreste Ríos, exsecretarios de protección ciudadana; Joaquín Darío Berges, exjefe de la policía auxiliar, bancaria, industrial y comercial; Jorge Alberto Quezada Jiménez, excomisionado de la policía estatal; Gustavo Eduardo Castellanos Castellanos, excomandante de la secretaria de seguridad pública; Margarito Martínez Flores, policía “a” de la segunda compañía del quinto batallón y Tranquilino Alvarado Martínez.
Además deben comparecer Martín Vázquez Villanueva, exsecretario de salud; Leticia Mendoza Toro, exrectora de la UABJO; Daniel Camarena Flores, exdirector de policía ministerial; Juan José Ramírez López, exsupervisor general de la policía ministerial.
Gustavo Francisco García Bautista, exdirector de averiguaciones previas y consignaciones de la procuraduría; Netolín Chávez Gallegos, exsubprocurador general de averiguaciones previas; Jorge Pérez, exdirector del instituto pericial; Héctor Anuar Mafud, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, y Hermilo Aquino Díaz, ex director de prevención y readaptación social.
Así como Juan Carreño Morales, exdirector del reclusorio regional de Miahuatlán; Enrique Noé Morales Ramírez, exdirector del reclusorio de “Tanivet”; Jesús Martínez Álvarez, exdirector del reclusorio de Ixcotel; Juan Manuel Herrera Marín, ex comisionado de la secretaría de seguridad pública federal; Jaime Mario Pérez Jiménez y Heriberto Antonio García, expresidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Elpidio Concha Arellano, actual delegado de Sedatu, y José Yuri Arias Cruz exdirector de los Servicios de Salud.
Las municipales
Respecto de las autoridades municipales involucradas en los hechos fueron citadas a comparecer: Jesús Ángel Díaz Ortega, expresidente municipal de Oaxaca de Juárez; Delfino Cruz Hernández, exdirector de Seguridad Pública Municipal; Alberto Sibaja Ramírez, exdirector operativo de seguridad pública municipal; Jorge Pablo Méndez, expresidente municipal de Santa María Coyotepec; Meinardo López Sánchez, expresidente municipal de San Antonino Castillo Velasco; Abel Santiago Zárate, exregidor de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino y Orlando Manuel Aguilar Coello,ex suboficial de la policía municipal.
La comisión también citó a Beatriz Quintanar, exdelegada de la Cruz Roja en Oaxaca; Enrique de Gaspe Domville, exdirector del hospital regional del ISSSTE; Felipe Gama Casas, exdirector del hospital civil “Aurelio Valdivieso” y a Rosalino Vásquez Cruz, director del hospital del IMSS.
En un comunicado la CVO indicó que realiza una investigación “basada en estándares internacionales de derechos humanos y justicia transicional” con base en la ley que dio origen a la comisión.
Señaló que de acuerdo con sus investigaciones y los testimonios de 300 personas víctimas, testigos presenciales o actores sociales de los hechos “existen evidencias sobre la responsabilidad de servidores públicos, por acción u omisión, en los hechos que presuntamente violentaron derechos humanos o incurrieron en delitos en contra de la población civil participante, o no participante, en el movimiento social de los años 2006 y 2007”.
Con las comparecencias, abundó espera “recibir testimonios y establecer los mecanismos para que las víctimas, ciudadanos y personas en general aporten información o pruebas sobre hechos que pudieran constituir violaciones de derechos humanos o presuntos delitos, así como investigar las condiciones políticas, administrativas y jurisdiccionales de las distintas instituciones del Estado”.
Gabino Cue conformó la CVO cuatro años después de iniciado su gobierno y los resultados del informe final serán dados a conocer el 15 de marzo de 2016, unos meses antes de que concluya su gestión.
La CVO se creó mediante el decreto 2056 aprobado por el Congreso de Oaxaca. La presiden el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde Guerra, la investigadora y maestra en antropología social Marina Patricia Jiménez Ramírez y el periodista y escritor Diego Enrique Osorno.
Justicia incompleta
A la fecha las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estimó que “sí hubo violación grave generalizada y particularizada de garantías individuales y derechos fundamentales”, ni la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han sido fueron suficientes para castigar a los responsables.
Con el paso del tiempo incluso han sido silenciados algunos de los involucrados como el excoordinador de Seguridad Pública Municipal de Oaxaca, Aristeo López Martínez, ejecutado en enero de 2009.
Antes el 30 de enero de 2008 fue asesinado el director de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz.
Barrita y López Martínez fueron vinculados con secuestros, torturas y asesinatos cometidos en el marco del conflicto sociopolítico de 2006 y 2007. En particular por los “levantones” que realizó la llamada “caravana de la muerte” que utilizaba vehículos sin placas y ocupantes sin identificación oficial.
A esas muertes se suma la del comandante Ricardo Rodríguez Silva, la desaparición del comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro y las ejecuciones de Rubén Maldonado Marmolejo “El Dragón” y José María González Porras “El Chema” o “El Güero” quienes fueron identificados como integrantes de las caravanas de la muerte en 2006.
El exsecretario de Protección Ciudadana Lino Celaya Luría a quien le atribuyen la conformación de las “caravanas de la muerte” murió a consecuencia de una enfermedad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421400
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