Chicontepec, Ver: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente concedió el amparo solicitado por comunidades mayas de Yucatán y Campeche respecto del uso de suelo de sus tierras. Éste puede sentar jurisprudencia y evitar actividades tales como el fracking, la explotación de minas, y los cultivos genéticamente modificados.
Sin embargo, en entrevista con La Jornada Veracruz, al terminar la ceremonia de entrega de certificados a proyectos productivos, la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, aseguró: “en el caso del fracking son compromisos contraídos previamente; actualmente la CDI lo que está trabajando es en el protocolo avalado por la ONU con el que se protegerán los territorios de las etnias: todo proyecto realizado por el gobierno federal que cruce por territorio indígena deberá ser sometido a consulta de los pobladores para ser autorizado.
”Nosotros estamos trabajando de 2013 para acá con los compromisos previamente adquiridos, lo que estamos haciendo es tratar de regularizarlos, pero esa responsabilidad no es nuestra”.
La CDI considera que el derecho a la consulta previa, debe tener un desarrollo progresivo, por lo que, cuando se trata de megaproyectos o proyectos a gran escala que impactan de manera profunda a pueblos y comunidades indígenas, el Estado tiene la obligación de buscar el consentimiento libre, previo e informado, como el estándar de nivel de protección más alto.
Finalmente, el organismo constitucional reitera su indeclinable compromiso con la protección, la defensa y garantía de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas del país. De conformidad con el artículo 3 fracciones III y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los correos electrónicos, su contenido y sus archivos adjuntos se consideran documentos e información, por lo que pueden ser objeto de solicitudes de información.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
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