En entrevista, Rochín admitió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI) “ha hablado de 700, habría que ver si esas familias pueden presentarse para que podamos incluirlas”.
En la entrega de un reconocimiento de parte de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, Rochín también aclaró que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos han rechazado el apoyo, pero adelantó que serán apoyadas al menos 50 personas que resultaron afectadas por los hechos de Iguala del año pasado.
También dijo que forman parte de cuatro familias, entre heridos y fallecidos, que recibirán la reparación integral, “dos de ellas seguramente este año y el resto en el primer semestre de 2016”.
Luego resaltó que el caso Iguala es “una de las violaciones más graves a derechos humanos que se han cometido en los últimos años en el país, y el Estado mexicano, a través de la CEAV, está dispuesto a asumir su responsabilidad en este tema”.
Incluso dijo que siguen apareciendo personas que resultaron heridas por esos hechos, pero que por miedo no se habían hecho presentes.
Rochín sostuvo que para este tema se requiere hacer un diagnóstico integral del daño.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos ha pedido que se haga todo un diagnóstico comunitario y asumiremos esa responsabilidad”, ofreció.
En el caso Tlatlaya, en el Estado de México, puntualizó que se contabilizan cinco reparaciones concluidas de por lo menos 14, y sobre los hechos violentos en Apatzingán, Michoacán, “apenas estamos haciendo el censo de víctimas”.
FUENTE. PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421901
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