Desde mayo pasado se han difundido conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México y autoridades del gobierno del Estado de México y del Federal. En las pláticas ha estado involucrado directamente el Secretario de Comunicaciones y Transportes federal, Gerardo Ruiz Esparza. También han sido mencionados el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza. En las grabaciones se han evidenciado presuntos acuerdos y favores entre funcionarios y miembros de la constructora.
La petición de información por parte del Ministerio Público de España está dirigida a aclarar si ha habido soborno de funcionarios por parte de la compañía para hacerse con contratos y mejoras posteriores de sus concesiones, refiere El Confidencial. Un portavoz oficial dijo al medio que la Fiscalía Anticorrupción ”prefiere no pronunciarse aún sobre este asunto”.
El diario recuerda que en la comparecencia de Arely Gómez González en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, del pasado 27 de octubre, le fue cuestionado el avance de las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso y sobre su cooperación con las autoridades españolas. Gómez González dijo que en relación a las asistencias jurídicas se ha “tomado tiempo en poder sacarlas, pero estamos trabajando en esos temas [...] y se hará lo que se tenga que hacer”.
Servicios jurídicos de OHL dijo a El Confidencial “no tener constancia de la supuesta comisión rogatoria enviada a México en relación con el Viaducto Bicentenario por la fiscalía española en nuestra empresa, ni en Madrid ni en México D.F”, lo que refleja, dice el medio, la máxima discreción con que se está tratando de llevar esta investigación.
El reporte indica que la petición de una comisión rogatoria por parte de España a México va dirigida a aclarar el escándalo. Las fuentes de la lucha anticorrupción que cita el medio español dijeron que el gobierno de España se encuentra actualmente en el foco de los organismos internacionales por su falta de mano dura a la hora de castigar a sus compañías por presuntas compras de empleados públicos en el extranjero “y necesita urgentemente un golpe de efecto”.
Hace siete meses se filtró el primero de los 11 audios que han sido difundidos en la plataforma de YouTube. En la primera grabación se involucró a Apolinar Mena, entonces Secretario de Comunicaciones del gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México, solicitando vacaciones para él y para su familia como parte de un acuerdo para dar sobreprecio al Viaucto Bicentenario.
En consecuencia Mena fue separado del gobierno mexiquense por unos meses sólo para asumir después como Secretario Técnico del Gabinete de Ávila Villegas y ser evidenciado de nuevo en otro audio: presuntamente pidió a una persona no identificada que inventara una cifra “nada más para que le dieran dinero”, reveló una filtración.
OHL, a su vez, separó a Pablo Wallentin, representante de la empresa. En otras grabaciones se involucró a magistrados de esa entidad y a Luz María Zarza, Consejera Jurídica del Estado de México.
Aunque los auidos no se han centrado en el Estado de México. Las escuchas ilegales han evidenciado a integrantes del Gabinete de Enrique Peña Nieto como es el caso de Gerardo Ruiz Esparza quien, de acuerdo con los audios, habría estado involucrado en la presunta entrega de información privilegiada y en plantear la estrategia que la empresa de capital español debe seguir en su disputa con Infraiber respecto a los contratos para contabilizar el aforo en las autopistas del Estado de México.
También se ha mencionado a Emilio Lozoya Austin, titular de Pemex, y Enrique Ochoa Reza, de la CFE. La más reciente de las filtraciones sugirió que Lozoya, ex consejero de OHL, habría intervenido para favorecer a OHL en la CFE, ambas compañías manifestaron su rechazo y negaron las acusaciones.
En respuesta a las grabaciones, OHL México, que encabeza José Andrés de Oteyza, otro involucrado en las escuchas, ha denunciado mediante comunicados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) “una campaña de hostigamiento, una vez más, a través de comunicados y grabaciones ilegales y manipuladas que intentan desprestigiar el actuar de la compañía ante participantes del mercado, autoridades y público en general”.
Además interpuso una denuncia ante la PGR contra Infraiber, a quien se responsabiliza por las filtraciones, y una serie de terceras personas físicas “por la difusión de documentación ilícita con la pretensión de extorsionar; y seguirá empleando todos los recursos legales para defender a la compañía, su reputación y su patrimonio ante esta o cualquier difamación”.
En días recientes, la compañía que preside Juan Miguel de Villar Mir ha asegurado que Deloitte, PwC, EY y KPMG, así como tres “de las primeras” firmas de abogados (Jones Day, Mijares Angoitia y Garrigues) han ratificado la forma en que el grupo contabiliza las concesiones que tiene en México a través de su filial cotizada OHL México.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició el pasado 26 de octubre un proceso sancionador contra la compañía y algunos directivos por cuestiones como la manera de contabilizar algunas concesiones. En repuesta la empresa dijo la semana pasada que tras haber aportado “en tiempo y forma” sus alegaciones confía en que la resolución le sea favorable “a la vista de los argumentos y dictámenes aportados”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-11-2015/1566732
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