Además, el circuito de 4.3 kilómetros seguía sin recibir la homologación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y, de hecho, el comité organizador ya se excedió de la fecha límite señalada (20 de octubre) por el organismo de la especialidad. Los organizadores habían prometido que el escenario estaría listo y en condiciones en agosto pasado.
Así, la entrega de la licencia Grado Uno de la FIA se mantenía en suspenso:
El problema es que la FIA no termina de convencerse de varios detalles que detectó en la remodelación del circuito. Por lo anterior, en su última visita al autódromo capitalino, el martes 20, el director de Carrera y de Seguridad de la F1, Charlie Whiting, dejó un cuaderno de pendientes y recomendaciones que, advirtió, deberán cumplirse el jueves 29, es decir, apenas un día antes del inicio de las pruebas libres del GP de México.
En el caso del circuito restaban detalles, como pintar las líneas de ingreso y salida de pits, el semáforo de pits, así como dovelas a la salida de los boxes, entre otras recomendaciones de Whiting.
No obstante que el responsable organizador, la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), incumplió con el tiempo de entrega a la FIA, la realización de la carrera está fuera de peligro gracias a que Whiting aprobó su realización.
Ahora bien, desde el martes 13 el director de pista de la FIA, el ingeniero mexicano Julián Abed, sentenció que el circuito debería estar totalmente en condiciones a partir del 20 de octubre, o se correría el riesgo de recibir una sanción del organismo “dependiendo de lo que no se cumpla. Esperamos y confiamos que no sea el caso”, declaró Abed a medios locales.
Abed, quien esperaba que ese día la FIA entregara el certificado de homologación de la pista, abundó que, de detectarse alguna falla, aún “hay tiempo para corregirlo. Son 10 días antes del evento, y si hubiera algún detallito lo tendríamos que llevar a cabo”.
No es la primera vez que un comité organizador incumple los plazos y términos establecidos. También pasó con los autódromos de Yeongam, en Corea del Sur, y de Buda, en India. Ninguna de estas carreras fue cancelada, pero ambos escenarios ya están fuera del calendario de la Fórmula Uno.
La competencia de automovilismo más importante se realizará en la CDMM del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. Pero antes de que tres pilotos asciendan al podio, el GP de México ya tiene a sus grandes ganadores: CIE, su subsidiaria OCESA y su socio Televisa, el consorcio que por primera ocasión anuncia una transmisión en vivo de la F1 –con los millonarios ingresos que representan los patrocinadores– desde que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez corre en el llamado gran circo (2010).
En pleno año de recorte presupuestal y en tiempo de crisis, el gobierno de Peña Nieto pactó la presencia de la F1 en el país para los próximos cinco años y se obligó a pagar al dueño de los derechos de comercialización del serial, Bernie Ecclestone (presidente de la Fórmula Uno), un total de 213 millones de dólares, lo que significa que anualmente saldrán del erario 42.6 millones de dólares.
Al hacerse oficial el regreso de la F1, el 23 de julio de 2014, así lo expusieron el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera; el presidente de grupo CIE, Alejandro Soberón, y la entonces secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.
Pese a que el gobierno federal y capitalino afirmaron que el regreso de la Fórmula Uno será una buena inversión pública, lo cierto es que la CIE y su subsidiaria OCESA son las primeras favorecidas, pues se quedarán con la totalidad del ingreso por boletaje y con todas las ganancias derivadas de la venta de alimentos, souvenirs y parte de los derechos de transmisión durante los tres días del encuentro. Para operar durante la carrera, dicha empresa entregará 20 millones de dólares al emporio de Ecclestone.
Adicionalmente, CIE invirtió 50 millones de dólares en la remodelación y adecuación del inmueble, con un aforo para 110 mil espectadores.
Los precios de los boletos van desde mil 500 y hasta 18 mil 750 pesos en la zona Grandstands (tribuna principal-recta principal). Si se toma como referencia la cifra más baja, el lleno del inmueble representará ingresos de al menos 200 millones de pesos.
Compromisos violados
En agosto de 2014, Horacio de la Vega, vocero de la F1 designado por el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, reveló que la administración capitalina invertiría en la remodelación restante de las instalaciones de la CDMM (Proceso 1970). “Pretendemos transformarla en algo totalmente rehabilitado, con espacios nuevos, que comulgue perfectamente con el proyecto de la Fórmula Uno”.
Nada más distinto a la realidad. Hoy la CDMM presenta dos rostros opuestos: un autódromo que contrasta con un entorno desolado por el paso de tráileres, maquinaria pesada y trabajadores.
De la Vega no sólo ha fallado con la llamada remodelación de la Ciudad Deportiva. Más aún: dentro del inmueble, una parte que los aficionados en general no suelen conocer quedó convertida en un muladar: se acumulan toneladas de basura y los troncos de los árboles talados –al menos 2 mil 500– para cumplir con las necesidades de los organizadores del GP, de acuerdo con el presidente de la asociación Ecoactivistas de la Ciudad Deportiva, Elías García. Aunado a ello, algunas canchas de futbol fueron afectadas por el incesante recorrido de la maquinaria pesada.
Los reclamos se incrementan en torno al uso y excesos de OCESA, que tiene la zona bajo su absoluto control desde el domingo 18, y por ello prohibió el acceso a usuarios, vecinos y futbolistas de las diferentes ligas de futbol, no obstante que pagaron sus respectivas cuotas.
Otro abuso: el 15 de agosto de 2014, Miguel Ángel Mancera reinauguró, “para uso y disfrute de los deportistas capitalinos”, el estadio de futbol y de atletismo Jesús Martínez Palillo, en la Ciudad Deportiva, con una inversión de 25 millones de pesos. Sin embargo, desde la primera semana de octubre, ese escenario está totalmente ocupado por enormes carpas bajo las cuales el CIE proyecta instalar parte de la zona de comedores y venta de souvenirs, con el riesgo de dañar la cancha y la pista sintética de atletismo.
El retorno del GP de México implicó, además, la mudanza del equipo de beisbol profesional Diablos Rojos, cuyo propietario –Alfredo Harp Helú– tiene la promesa de Mancera de que varias canchas de futbol de la CDMM se destinarán a cumplir el sueño más acariciado del empresario: la edificación de la nueva sede de su novena, que disputaba sus partidos de local en el Foro Sol, también concesionado por CIE a través de OCESA.
La ira creciente
Aun cuando la construcción del estadio de beisbol sigue en duda, la manera en que el jefe de gobierno capitalino ha privilegiado a los empresarios ya desembocó en una alianza de usuarios, vecinos, presidentes de ligas de futbol, vendedores locales e incluso de la Comisión Deportiva del Movimiento Antorchista –los grandes perdedores–, que se muestra decidida a impedir el desarrollo de dicho proyecto de beisbol en las 150 hectáreas de la CDMM.
Desde hace meses, este grupo se manifiesta con marchas y plantones en la Ciudad Deportiva, frente a los edificios del Gobierno del Distrito Federal y del Indeporte. En su pliego petitorio, la alianza demanda frenar la privatización del complejo, reducir el costo por usar las instalaciones, reconectar la red de agua tratada, cuya suspensión alcanza los 10 meses, no destruir más canchas y frenar la tala.
Para rematar, el grupo opositor exige a Mancera destituir al titular del Indeporte, Horacio de la Vega, por considerar “que no ha querido resolver las peticiones de los deportistas. Por tal motivo, ejerceremos nuestro derecho a protestar con mítines y una marcha a la Ciudad Deportiva”, advierte Víctor Roldán, responsable de la Comisión Deportiva del Movimiento Antorchista y representante de los usuarios y vecinos del complejo.
“No es posible que por organizar un encuentro que sólo beneficia a la clase adinerada castiguen a los deportistas quitándoles los espacios creados para la práctica del deporte popular”, asienta Roldán.
Además, Roldán explica que se había planeado un boicot contra el GP de México a partir del viernes 23. Sin embargo, se aplazó esa decisión a raíz de una invitación del gobierno central.
“Aparentemente hay una respuesta del gobierno capitalino para quedarnos quietos. Si nos dan una respuesta positiva, estaremos tranquilos hasta firmar el convenio. De lo contrario, vendrá una larga lucha. Esto no termina, porque tampoco queremos otro estadio de beisbol en Ciudad Deportiva. Por ahora llevamos más de 10 mil firmas de usuarios y vecinos de la Ciudad Deportiva, y vamos por más.”
El jueves 15, el grupo fue convocado a una reunión de negociaciones con autoridades del gobierno capitalino. El encuentro duró apenas 20 minutos, ya que Julio Escamilla, director de Asuntos Políticos dependiente del gobierno del DF, se mostró soberbio e intransigente, según asistentes. El funcionario sentenció que no habría arreglos y que los usuarios, a quienes amenazó con no permitirles el uso de las instalaciones, deberán atenerse a las consecuencias.
A la par, desde el 20 de mayo, la asociación Ecoactivistas, A.C., que encabeza Elías García, exige al gobierno de Mancera que los 27 millones de pesos que entregó OCESA por la afectación ambiental a la Ciudad Deportiva se reinviertan en mejoras de las áreas verdes y canchas deportivas. Al mismo tiempo solicitan crear una Comisión de Seguimiento para la correcta ejecución del proyecto, así como la plantación de al menos 2 mil árboles.
Elías García teme que con el cierre temporal de la Ciudad Deportiva, ordenado por CIE, el consorcio continúe con el derribe de árboles. “Si lo hicieron en presencia de los usuarios, ahora que no estaremos presentes es posible que continúen”.
Asesorado por la administración del complejo deportivo, José Enrique García, quien durante 56 años ha trabajado en su local de alimentos dentro del recinto, decidió ampararse ante los frecuentes amagues del administrador de la CDMM, Pedro Martínez, de retirarlo del espacio que ha conservado desde que el inmueble abrió sus puertas.
Este complejo fue construido en 1959 como parque público para la práctica y desarrollo del deporte popular, pero nada queda de aquella esencia, ya que el recinto, propiedad del Gobierno del Distrito Federal, es operado bajo la concesión de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V., a través de OCESA, una de sus subsidiarias.
Es CIE, la empresa socia de Televisa, y no el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la que dicta las reglas y dispone del inmueble las veces que se lo propone, para uso y disfrute de particulares.
En agosto de 2014, De la Vega reveló que para el GP de México se utilizarán 90% de las 150 hectáreas que conforman la CDMM. Por ello, admitió, el gobierno capitalino amplío a OCESA la concesión de gran parte de la Ciudad Deportiva. El nuevo convenio estará vigente de 2015 a 2019.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OCHOA.
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