El argumento es que la PGJDF se negó a informarles por escrito los avances de la investigación del crimen ocurrido el pasado 31 de julio en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón, donde fueron asesinadas Milena Virginia Martín, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril.
No sólo eso: la Procuraduría puso pretextos para no realizar o aplazar –sin fecha definida–, la realización de por lo menos 50 peritajes y diligencias específicas, así como la reconstrucción de hechos que la coadyuvancia le pidió por escrito dos veces –el 5 de agosto y el 10 de septiembre– para complementar la indagatoria y aclarar el crimen.
La solicitud de los demandantes incluía acciones que apuntan a Veracruz, de donde salieron el fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera, exiliados por las amenazas y acoso que, a decir de ellos públicamente, provenían del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El pasado 12 de octubre, la PGJDF respondió a los abogados con la negativa de cumplir dichas peticiones, pues consideró que no era “necesario ni obligatorio” darles un informe por escrito. Entre sus argumentos expuso que los interesados han tenido “múltiples” reuniones informativas con las autoridades encargadas de la investigación, entre ellos Edmundo Garrido, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales; Marco Reyes, fiscal de Homicidios; y Raúl Peralta, director de la Policía de Investigación de la dependencia.
También alegó que los interesados han podido revisar el expediente del caso en días y horarios hábiles. Sin embargo, la PGJDF no aclaró que éste es un derecho legal de la coadyuvancia, no un favor de la dependencia.
Sobre los peritajes y diligencias solicitadas, la PGJDF respondió que las realizará sólo si el Ministerio Público las considera “dables y oportunas” y si ello ocurre, se harían “en su momento procesal oportuno”.
De acuerdo con la demanda de amparo interpuesta por los abogados, con su respuesta la Procuraduría no dio “cumplimiento a su obligación constitucional y legal de informar a las víctimas sobre el desarrollo del proceso y no solventó las dudas que se plantearon”. Por si fuera poco, dejó a los familiares de las víctimas “en un estado de indefensión” pues no les dio ninguna certidumbre sobre el móvil del asesinato de sus familiares aquella tarde del 31 de julio.
Inconsistencias impiden cierre
Un resumen ejecutivo sobre el avance en la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, elaborado por los abogados Karla Micheele Salas y David Peña –defensa de las familias de Nadia Vera y Mile Virginia Martín–, asegura que, pese a las inconsistencias en el expediente señaladas por los abogados coadyuvantes, la PGJDF les ha informado que en las próximas semanas el caso va a ser “cerrado y archivado”.
Entre las principales observaciones que alegan los también integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) está el doble discurso de la PGJDF. Y es que, dicen, por un lado el procurador Ríos Garza, ha presentado públicamente a tres personas –Daniel Pacheco Gutiérrez, José Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas– como las que “estuvieron presentes en el departamento el día de los hechos” y aparecen en los videos captados por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SP-DF) cuando entraron al edificio de la calle Luz Saviñón.
Sin embargo, el funcionario ha sido “muy cuidadoso” en no señalarlos públicamente como los responsables de los asesinatos. De esta manera, aclaran, evita “que los medios de comunicación le inquieran sobe la mecánica de los hechos, el móvil o la organización previa para el crimen”.
No obstante, los tres detenidos han recibido el auto de formal prisión por los delitos de homicidio y cuatro feminicidios, además del robo calificado. De hecho, Pacheco, Torres y Martínez se encuentran presos en el reclusorio Preventivo Oriente, en una zona conocida como “Diamante”. Se trata de un módulo de alta seguridad, con extrema vigilancia y salidas al patio, visitas y uso de dinero restringidos. Ahí están recluidos secuestradores, multihomicidas y líderes del crimen organizado… aquellos considerados como peligro para la sociedad. Por ejemplo, ahí están presos los acusados por el caso Heaven.
Una segunda inconsistencia, añaden, es que a más de tres meses de investigación, la PGJDF no ha podido establecer ni probar el móvil del multihomicidio. “No sabe cuál fue la motivación de este atroz crimen, por qué cuatro de las cinco víctimas fueron torturadas, ni por qué ni para qué actuaron de la forma en que lo hicieron las personas responsables de los hechos”.
Para colmo, agregan, las autoridades de justicia les han dicho que “no es obligación de la PGJDF el probar el móvil, eso en este caso es una exquisitez”. Así les respondieron en la reunión realizada el jueves 27 de agosto.
Como tercer punto, la coadyuvancia observa que tanto Pacheco Gutiérrez como Torres Tranquilino han admitido la participación de más personas y más vehículos antes y después de cometido el crimen. En su edición 2038, Proceso informó de la existencia de una videograbación captada por cámaras particulares a las 19:07 horas de aquel 31 de julio en calles de la delegación Coyoacán. Las imágenes mostraron el intercambio de un paquete negro y un sobre amarillo que Abraham y Omar tuvieron con al menos otra persona más.
El mismo Abraham lo reconoció en la ampliación de su declaración: “En el fotograma señalado con la hora 19:08:26 se ve a Omar después caminando hacia un sujeto con una playera color café clara como beige, sin saber quién es, porque es la gente de Omar…”.
En otra parte de su testimonio, el expolicía capitalino mencionó la presencia de dos personas a quienes reconoció como “gente de Omar”, quienes los ayudaron cuando el Mustang –propiedad de Mile y que robaron después del crimen– empezó a fallar y lo metieron al estacionamiento de un hotel ubicado en la calzada de Tlalpan: “Entonces llegan los del carro y me introducen al vehículo, pero a mí me ponen en la parte posterior atrás del copiloto, pero me piden que agache la cabeza, pues no quería Omar que viera a los otros dos tipos y le dijeron ellos que a mí me hubiera mandado Omar en Metro…”.
Otra inconsistencia marcada por los abogados y que la PGJDF no ha aclarado es el hallazgo en el departamento del ADN de una cuarta persona que participó en el multihomicidio. El material genético se obtuvo cuando — a petición de la coadyuvancia– se procesaron pericial y químicamente algunos objetos localizados en la zona del crimen, entre ellos, la liga para hacer ejercicio con la que fue asfixiada Nadia Vera. En ese artículo deportivo se encontró “una muestra de ADN con 14 marcadores definidos y sólo un marcador mezclado” que corresponden a los de una persona de sexo masculino, que no es ninguno de los tres detenidos ni de Rubén Espinosa. Eso, dicen, “nos obliga a pensar la participación de cuando menos una persona más en estos hechos”. Pero la PGJDF no ha mencionado nada al respecto.
Es el mismo caso en cuanto a las huellas dactilares que se encontraron en el departamento y en el Mustang y que no corresponden ni a las víctimas ni a los tres detenidos. Por ello, dicen los abogados, la Procuraduría “no ha podido tampoco descartar la presencia de otros sujetos en el departamento al momento de crimen”.
En el resumen ejecutivo del caso, los autores destacan que la PGJDF realizó un cruce de llamadas telefónicas entre los tres detenidos con el cual construyó una “red” de comunicaciones con la que pretendió acreditar que se “organizaron” para cometer el crimen.
No obstante, dicen que la autoridad ha omitido investigar el cúmulo de llamadas que los tres tuvieron antes, durante y después de ir al departamento de la colonia Narvarte. Y son enfáticos: “existen llamadas y enlaces telefónicos sin investigar, números telefónicos sin procesar e incluso enlaces de comunicación de Puebla, Chihuahua y del Estado de México que siguen sin ser investigados”.
Peor aún, no se ha hecho un seguimiento de los teléfonos celulares de Nadia y Rubén, pese a que lo solicitaron desde septiembre pasado. “A 100 días de los hechos no se tiene información cierta sobre la localización, uso y llamadas o mensajes que pudieron haberse enviado y recibido de ambos teléfonos después del crimen”.
Sobre la camioneta Suburban azul, presuntamente propiedad de Daniel Pacheco, en la que los homicidas llegaron al departamento (Proceso 2027), señalan que luego de ser localizada el 1 de octubre en un estacionamiento de una unidad habitacional en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, los peritos no hallaron rastros de droga, armas ni otro indicio “que permita robustecer ninguna de las hipótesis que ha mantenido la PGJDF”.
Respecto a la pistola utilizada para ultimar a las víctimas, la coadyuvancia informa que el rastreo y el análisis comparativo, tanto en la base de datos de armas del Distrito Federal como de la Procuraduría General de la República (PGR) no se encontró ningún antecedente delincuencial. Ello indica que el arma nunca había sido utilizada en otros hechos delictivos o que era nueva, “lo que permite concluir que se trató de una arma especialmente adquirida para el multihomicidio”.
Sobre este mismo aspecto, señalan que aunque la PGJDF ha reiterado su negativa de que los homicidas usaron un silenciador para accionar el arma, “los testimonios de más de siete vecinos señalan que en ningún momento escucharon las detonaciones con las que fueron asesinados Rubén, Nadia, Mile, Yesenia y Alejandra”.
Una de las acciones más cuestionadas a la dependencia que encabeza Rodolfo Ríos desde que ocurrió el multihomicidio fue la filtración de información que salió de la misma procuraduría y de manera parcial para encaminar el caso a un asunto de prostitución, robo y narcomenudeo. No obstante, tampoco ha encontrado la droga que supuestamente le quitaron a Mile en el departamento.
En el resumen ejecutivo de las inconsistencias de la investigación, la coadyuvancia señala la “violencia institucional en contra de las víctimas desde las primeras horas de cometido el crimen hasta la fecha”. La acusa de “dirigir a la opinión pública y crear una verdad paralela sobre lo que en realidad consta en la investigación”.
Destaca su preocupación por el manejo sobre la información relativa a Mile Virginia, la víctima de origen colombiano. Dice: “A partir de estereotipos derivados de la apariencia de la víctima y de su nacionalidad, la PGJDF construyó un perfil de la víctima, le impuso un apodo o sobrenombre y ha filtrado información a los medios de comunicación sobre supuestas actividades previas al crimen así como su involucramiento en los hechos”.
No obstante, agrega, a 100 días de los hechos, la Procuraduría “no puede establecer con pruebas objetivas la supuesta relación que tenía Mile Virginia con los responsables, ni si ellos se conocían previamente”.
Pero eso no es todo. Como representantes legales de la familia de la joven en México, los litigantes acusan que el “uso malicioso” en la prensa que ha hecho la PGJDF sobre su imagen, así como el “maltrato” al propio cuerpo de la víctima, pues fue enviado a Colombia en un avanzado estado de descomposición y “muchas” semanas después, bajo el argumento de que “el cuerpo estaba en investigación”. Eso, añaden, “se tradujo en un maltrato físico al propio cuerpo y una afectación emocional para sus familiares”.
Lamentable, el papel de la CDHDF
En la lista de inconsistencias señaladas por la coadyuvancia, destaca la crítica al “lamentable papel” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), presidida por Perla Gómez Gallardo, pues critica que “con su silencio se ha convertido en parte de la impunidad que prevalece en el caso”.
Y señala sus errores: En un primer comunicado de prensa sólo hizo referencia al fotoperiodista Rubén Espinosa y pidió a las autoridades capitalinas medidas cautelares hacia su familia, “dejando de lado” a las cuatro víctimas mujeres. Tampoco verificó que los restos de Mile Virginia se preservaran y que su traslado a Colombia se diera respetando los derechos de la familia.
Más: Aún cuando acreditó que Daniel Pacheco Gutiérrez fue víctima de tratos crueles durante su detención, la Comisión se pronunció diciendo que “no fue víctima de tortura”. Con ello, restó “importancia a la coacción de la cual fue objeto el detenido para declarar”.
Karla Micheele Salas y David Peña también observan que la PGJDF ha incumplido las medidas cautelares emitidas por la CDHDF para evitar las filtraciones de información, que se respeten los derechos de las víctimas y se garantice el derecho a la coadyuvancia.
“A pesar de los claros incumplimientos, dicha instancia no se ha pronunciado ni ha hecho valer los medios legales que tiene a su disposición para que se investigue y sancione el incumplimiento de sus peticiones”. Tampoco se ha pronunciado contra las omisiones que la Procuraduría ha hecho en la indagatoria, aún cuando la misma Comisión las ha acreditado y “pese a la importancia que conllevaría que esa instancia se pronunciara sobre un caso que se encuentra aún abierto y que puede corregirse”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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