Se trata de Óscar Manuel Gómez Núñez y Andrés Granados Flores, parte del equipo de siete litigantes que desde el 22 de febrero de 2014 –cuando el capo fue detenido por segunda vez– presentaron recursos jurídicos para que no lo cambiaran de celda ni de penal, además de que la autoridad no le confiscara sus bienes ni lo extraditara a Estados Unidos.
El 11 de julio pasado, el líder del Cártel de Sinaloa se fugó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez. Tres meses después, el 21 de octubre de 2015, el coordinador de sus defensores, Gómez Núñez, fue detenido como presunto organizador de la evasión.
Ante ello, Granados Flores decidió protegerse. El 22 de octubre tramitó el “amparo indirecto” 1649/2015 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. Alegó violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución.
El Consejo de la Judicatura Federal refirió que Granados Flores pidió protección para evitar la “orden de búsqueda y localización”. El 27 de octubre se le pidió que ratificara la solicitud pero no acudió, por lo que el jueves 12 el juez determinó “no tener por presentada la demanda”. El miércoles 17, el Consejo de la Judicatura decidió subir a la red el documento correspondiente.
Granados Flores fue detenido la semana siguiente a la fuga del Chapo, pero salió de prisión al mismo tiempo que un grupo de custodios y encargados de monitorear la celda vulnerada.
De acuerdo con el gobierno federal, Granados Flores contribuyó a la fuga “buscando los planos del penal de Almoloya a la vez que servía de mensajero con otros miembros del Cártel de Sinaloa”.
Con este abogado también fue aprehendido y liberado su hermano Javier Granados Flores, quien trabaja al menos desde hacía 10 años en la Policía Federal, aunque se desconoce si estaba asignado al penal de alta seguridad El Altiplano.
Javier Granados fue sancionado de manera “pública” el 9 de diciembre de 2005 por “negligencia administrativa”, como lo indica el expediente ER-342/2005 del Reporte de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública.
Operadores
Granados Flores y Gómez Núñez fueron designados defensores en el juicio de apelación en contra del auto de formal prisión del 5 de marzo de 2014 dictado a Guzmán Loera, según el expediente 182/2014 radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal Federal, con sede en Toluca.
El 21 de octubre, Gómez Núñez fue detenido al salir de un juzgado federal y recluido en el mismo penal que su cliente bajo el cargo de orquestar la fuga de su defendido.
De acuerdo con las “fichas de información sobre los avances de la investigación” que las autoridades federales entregaron a senadores, Gómez Núñez coordinó la fuga y pagó a los cómplices, para lo cual mantuvo comunicación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
La reportera Leticia Robles de la Rosa, de Excélsior, reveló el contenido de tales fichas, en las que se hace el señalamiento contra el coordinador de la defensa del Chapo: “El evadido mantuvo comunicación con él (Gómez Núñez) y con operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación, con la finalidad de informar la situación jurídica de los arraigados por la participación en la fuga de Guzmán y para gestionar el pago de honorarios para todo el equipo legal”.
Más adelante se refieren al litigante como el “operador y organizador de la evasión de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera” y quien “además de fungir como enlace con operadores del Cártel del Pacífico, representaba al mismo tiempo la defensa” del capo.
Se informa también que Gómez Núñez egresó como licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1991. Su cédula profesional es la 1611378.
La ficha afirma que “su capacidad de operación le permitió proveer de documentación apócrifa, como credenciales y actas de nacimiento, a las personas que El Chapo pedía que ingresaran a visitarlo al penal, entre las que se identifica a la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López”.
En otra se sostiene que “la participación de Gómez Núñez en la fuga fue tal que gestionó la compra del terreno en donde se construyó el túnel por el que se evadió El Chapo Guzmán, realizó el pago de gastos que originó la construcción de una casa y la bodega que cubrían el túnel, con un costo de $400,000.00, pagándole a los albañiles los días sábados. Él mismo ordenó la entrega del predio una vez terminada la construcción”.
A decir de Juan Pablo Badillo Soto, integrante del equipo jurídico de Guzmán Loera y encargado de evitar su extradición en caso de que sea reaprehendido, los siete defensores se comunicaban entre sí pero “ninguno intervenía en la causa del otro”.
Explica: “El compromiso era no intervenir unos con otros. Estábamos en contacto entre nosotros pero en especial con uno de ellos: Gómez Núñez, quien agendaba los encuentros con el señor, aunque a mí se me estaban negando las visitas. Incluso no me agendó y antes de la evasión llevaba cuatro meses sin verlo”.
Como parte de la defensa del Chapo, Badillo Soto ha promovido los juicios 1233/2014, 733/2015, 118/2015, 712/2015, 732/2015 y 967/2015 en diversos juzgados, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, y todos en curso.
Pero recientemente promovió uno más, en favor de quien encabezó el equipo de abogados del Chapo: Óscar Manuel Gómez Núñez.
Al tramitar el amparo 1160/2015, Badillo Soto pidió la “suspensión de plano” en favor de Gómez Núñez, “la cual se me concedió al momento y el objetivo era que fuera presentado en total estado de salud ante un juez. La demanda fue ante la inminencia del riesgo de ser torturado, desaparecido o privado de la vida o incomunicado, y apelé al artículo 22 de la Constitución, que en su primer párrafo prohíbe el tormento de cualquier especie (tortura)”.
Badillo Soto consiguió dicha suspensión de plano el 23 de octubre, por lo que Gómez Núñez fue presentado ante un juez.
En entrevista, Badillo Soto aclara que no fue gente allegada a Guzmán Loera quien le pidió defender al excoordinador de su defensa, “sino la familia (de Gómez Núñez), que temía que algo le pasara”. Pero comenta que una vez atendida la petición, dejará el caso.
Al igual que el abogado Granados Flores, Badillo Soto tiene un familiar en el gobierno federal. Cuestionado sobre su hijo, que trabaja en una de las direcciones generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, afirma que eso nada tiene que ver con su determinación de defender a Guzmán Loera.
Agrega que sus familiares “incluso me han pedido que deje el caso, pero yo tengo el compromiso ético de llegar al final”. Dice que es el único caso que lleva por el momento.
Pero no es la primera vez que Badillo Soto trabaja para El Chapo. En 1993 lo defendió durante seis años. “Eran otros tiempos, otras reglas, porque en aquellos años lo veía el tiempo que requería, hasta dos veces por semana. Ahora fue más difícil, pues dejé de tener contacto con él cuatro meses antes de su evasión, y quien se encargaba del acceso o agendarlo a uno era justamente Gómez Núñez, y a mí ya no me dejaba entrar a ver al señor”.
Asegura que, a diferencia de otros defensores, él no se amparará porque no cometió ningún delito.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421509
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