En noviembre de 2014, luego de reunirse con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, el presidente Peña Nieto prometió la creación de una Ley General sobre Desaparición Forzada. Pero hasta la fecha esa ley no existe. Lo que sí hay es una fiscalía especializada en la búsqueda de desaparecidos, pero a ésta se le asigna cada vez menos dinero. Para el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos esto no es más que el reflejo del nulo interés del gobierno por atender una crisis que tiene a México bajo los reflectores internacionales.
MÉXICO, DF: El incumplimiento de la palabra de Enrique Peña Nieto, cuando ante el reclamo de familiares de desaparecidos lanzó su decálogo para combatir la corrupción y la inseguridad, confirma una vez más que los derechos humanos no forman parte de la agenda del gobierno.
Quien afirma lo anterior es Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), organización que acompaña a los familiares y víctimas de la tragedia de Iguala.
Agrega: no sólo se trata del incumplimiento del decálogo presentado por Peña Nieto el 27 de noviembre de 2014 –luego de más de cinco horas de escuchar los reclamos de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa–, que para organizaciones de derechos humanos ya era “insuficiente”, sino de que el presupuesto presentado por su gobierno y avalado por la Cámara de Diputados no responde al tamaño de la crisis que ya puso a México bajo el escrutinio internacional.
“Los eventos que vimos en el segundo semestre del año pasado pusieron en evidencia la crisis de derechos humanos y de corrupción que hay en México, y suponíamos que eran un punto de inflexión para acelerar reformas profundas en materia de justicia”, reflexiona Aguirre.
Puntualiza: “Esa crisis, diagnosticada y señalada por organismos internacionales, ya existía antes de Tlatlaya, Ayotzinapa o la Casa Blanca; no es que el caso de Iguala sea más importante, sino que hablamos de una acumulación de sucesos que debieron de generar ese cambio; vemos que no se dio, ni siquiera en el cumplimiento del decálogo, el cual para muchas organizaciones era insuficiente y transfería la responsabilidad al Poder Legislativo”.
Testigo de la reunión que Peña Nieto se vio forzado a encabezar en Los Pinos con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Aguirre resalta que se llega a un año de esa promesa de compromisos “sin una agenda de cambios que refleje una concepción cabal de lo sucedido el año pasado; el Ejecutivo no ha impulsado los cambios y ningún partido abandera esta agenda ciudadana”.
De los puntos enlistados por Peña Nieto, resalta Aguirre, el de interés para las organizaciones y familiares de víctimas de desaparecidos se resumía en “presentar una iniciativa de reforma para facultar al Congreso a expedir leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; además, fortalecer protocolos para evitar que funcionarios cometan estos crímenes, crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y publicar el reglamento de la Ley General de Víctimas”.
Ante la descomunal cifra oficial –más de 23 mil desaparecidos–, Aguirre considera que una “Ley General sobre Desaparición Forzada por sí misma no va a resolver el enorme problema de desaparecidos, pero sí va a dotar de nuevas herramientas a los familiares para exigir rendición de cuentas a los encargados de la investigación”…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2038 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
AUTOR: GLORIA LETICA DÍAZ.
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