La misma fuente confirmó que la petición de postergar la presentación de informe que cuestiona la versión oficial de que los 43 normalistas desaparecidos fueron calcinados en el basurero de Cocula partió del grupo del Partido Popular Europeo y fue apoyada por los socialistas.
El argumento fue que sería mejor esperar que se lleve a cabo la visita de una delegación de eurodiputados del Subcomité de Derechos Humanos a México en febrero del año entrante.
Dicha decisión fue rechazada al menos por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea y los Verdes Nórdicos, así como por el Grupo Verde Europeo. Sin embargo como las bancadas socialista y popular tienen la mayoría en el Parlamento Europeo –en conjunto 406 escaños de los 751 totales– fue aprobada la solicitud de posponer la presentación del 1 de diciembre, de la que se encargaría el español Carlos Beristáin, del GIEI.
A finales de septiembre pasado la eurodiputada alemana Franziska Keller y la exeurodiputada finlandesa Satu Hassi declararon a la prensa mexicana durante un viaje a Oaxaca que el Subcomité de Derechos Humanos había autorizado la invitación al GIEI en una reunión de coordinadores de partidos el pasado 22 de septiembre.
En ese momento una fuente del grupo socialista negó que eso hubiera sucedido así y explicó que los verdes sólo habían planteado la idea en dicha reunión pero no fue discutida ni aceptada por los otros partidos del Parlamento Europeo. Acusó a las diputadas verdes de haber dado por hecho la visita del GIEI con el propósito de presionar mediáticamente a la institución.
La presentación del informe fue autorizada finalmente pero enfrentó internamente varios retrasos mismos que los verdes adjudican a reticencias de populares y socialistas.
Ambos grupos políticos emitieron el 23 de octubre de 2014 una resolución en la que condenaron “firmemente” la “desaparición forzada” de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque limitaron la responsabilidad de los hechos a las autoridades municipales de Iguala.
Tanto los verdes como el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea se deslindaron del documento y publicaron otro en el que critican a las autoridades federales mexicanas y solicitan un embargo de armas europeas al país, la intervención de la Corte Penal Internacional de La Haya y la suspensión del proceso de modernización del tratado bilateral de libre comercio mientras no se estableciera el Estado de derecho en México.
Por su parte el 12 de octubre de 2014 la delegación de la Unión Europea (UE) en México y las embajadas europeas emitieron una declaración condenando los hechos de Ayotzinapa y expresaron su apoyo al gobierno de Enrique Peña Nieto en las investigaciones.
Sin embargo hasta ahora la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini no se ha manifestado públicamente sobre Ayotzinapa.
Sólo una ocasión se refirió por escrito a los normalistas desaparecidos, así como a la necesidad de una “investigación rápida” en una respuesta enviada en mayo pasado a una pregunta planteada siete meses antes por la eurodiputada española Lola Sánchez.
El 21 de octubre pasado en un evento en el Parlamento Europeo Ana Almeida la funcionaria de la Unidad para México del Servicio Europeo de Acción Exterior, aseguró a defensores de derechos humanos de México y Europa que la UE no activaría la cláusula democrática del acuerdo global sólo porque había sectores que no estaban de acuerdo con la situación del país.
Para justificarse afirmó que “todavía no se ha probado la responsabilidad del Estado mexicano” en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421232
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